«Costa Rica necesitaba una cárcel donde gobierne la autoridad pública, no los criminales».
La presidenta de Costa Rica, Laura Fernández, inauguró este miércoles una prisión de máxima seguridad inspirada en la megacárcel de El Salvador, símbolo de la guerra antipandillas del mandatario Nayib Bukele y muy cuestionada por organizaciones defensoras de los derechos humanos.
En el pasillo de uno de los módulos, entre hileras de celdas, Fernández presentó el centro de detención como muestra de su «mano dura» contra los criminales, sobre todo con los relacionados con el narcotráfico.
A esa actividad delictiva atribuyen las autoridades costarricenses que se haya disparado la violencia en este país que fue por décadas uno de los más seguros de América Latina.
Costa Rica cerró el 2025 con 873 homicidios, lo que lo convirtió en el tercer año más violento de su historia, según cifras del Organismo de Investigación Judicial (OIJ).
«Estamos marcando un antes y un después en Costa Rica en la seguridad penitenciaria y en la seguridad nacional (…) Vamos a ejercer mano dura porque ‘el que la hace la paga'», subrayó la mandataria, una entusiasta de la política de seguridad de Bukele.
El Centro de Alta Contención Contra el Crimen Organizado (CACCO), a donde serán trasladados los primeros reos a fin de mes, está ubicado dentro del complejo penitenciario La Reforma, en San Rafael de Alajuela, unos 20 km al noroeste de la capital San José.
El CACCO, que cuenta con cinco módulos con 17 celdas de 90 m² cada una, recluirá a 5.100 presos. Según las autoridades, cada celda tiene capacidad para 60 reos.
Tal como adelantaron, estos accederán tan solo a una hora de sol al día, no podrán poseer objetos personales, llevarán uniformes naranja y tendrán un régimen muy restringido de visitas.
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El complejo ocupa una superficie de aproximadamente 91.000 metros cuadrados y tuvo un costo de ₡16.774 millones (unos US$35 millones), según Casa Presidencial.
El Salvador como ejemplo de «mano dura»
El país centroamericano no es el primero en volver la vista a la política de seguridad de El Salvador, cuya piedra angular es un polémico régimen de excepción que limita derechos constitucionales y lleva en vigor más de cuatro años.
También lo hizo Ecuador, los nuevos presidentes de Perú y Colombia, y cada vez más gobiernos latinoamericanos, desde Honduras hasta el Cono Sur, se están sumando a la estrategia de mano dura avalada también por Estados Unidos.
Bukele ya había estado en la nación vecina antes, en noviembre de 2024, cuando visitó la principal cárcel del país, alertando de «síntomas» de criminalidad similares a los que enfrentó El Salvador con las pandillas.
Y su entonces homólogo y actual ministro de la Presidencia y de Hacienda, Rodrigo Chaves, visitó el Cecot en diciembre.
Apenas un mes después, colocaban juntos la primera piedra del CACCO.
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Por su parte, Fernández, quien sucedió a Chaves en la jefatura del gobierno en mayo, visitará este viernes el Cecot.
«Quiero aprender todo lo que se pueda del modelo penitenciario que devolvió la paz a un pueblo azotado durante décadas por la violencia criminal», dijo la presidenta durante la inauguración del CACCO, actividad a la que asistieron los ministros salvadoreños de Seguridad y Defensa, Gustavo Villatoro y René Merino.
Un 96% de los costarricenses consideran que las leyes contra el crimen organizado deben endurecerse, según la última encuesta de la firma OPol Consultores, publicada en agosto.
Mientras, opositores y activistas critican que Costa Rica, con fama internacional de respeto a derechos humanos, imite el modelo de seguridad salvadoreño que según un grupo de expertos de la ONU ha derivado en crímenes de lesa humanidad.
En 2015, cuatro años antes del inicio del primer gobierno de Bukele, el país contabilizaba 103 homicidios por cada 100 mil habitantes, la tasa más alta del mundo ese año y el peor indicador jamás registrado en el país.
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Según la organización humanitaria salvadoreña Socorro Jurídico, una tercera parte son inocentes y más de 500 han fallecido bajo custodia estatal.
Este martes, durante una rueda de prensa para anunciar inversión extranjera en el país, Bukele dijo que una comisión estaría valorando la «libertad condicional» para parte de los detenidos bajo el régimen de excepción, que podría beneficiar «hasta al 50% de los presos».
Ante los cuestionamientos, Fernández aseguró que respetará los derechos humanos y, en un abierto enfrentamiento con el poder judicial, arremetió contra jueces y fiscales que, según ella, son «blandos» con los delincuentes.
«Vamos a ser duros, sí, porque quien comete el delito tiene que pagarlo. Pero, al mismo tiempo, vamos a honrar la tradición costarricense de respetar los derechos humanos fundamentales».
