Fiscales federales presentaron este jueves ante un tribunal de Nueva York nuevos cargos contra el expresidente de Venezuela Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores, por la presunta tortura de ciudadanos estadounidenses y de otras nacionalidades que estuvieron en cárceles venezolanas en los últimos años.
Los fiscales alegan que, tras asumir la presidencia en 2013, Maduro «autorizó el uso de la tortura contra personas específicas y supervisó un sistema diseñado para emplear la tortura, la detención arbitraria y la violencia como medios de represión contra la oposición política».
Las presuntas torturas las habrían sufrido más de una decena de ciudadanos estadounidenses que estuvieron presos en Venezuela mientras Maduro estaba en el poder.
Los nuevos cargos se suman a los de conspiración para el tráfico de drogas y armas que Maduro enfrenta desde principios de año y que este jueves también se le imputaron a Flores.
El juicio contra la pareja está programado para junio de 2027.
Ambos se encuentran recluidos en un centro de detención de Brooklyn y se prevé que permanezcan allí, después de que un juez denegara el jueves la solicitud de Flores de pasar a arresto domiciliario.
«Daños significativos»
«Acaba de hacerse pública una acusación formal modificada en la que se imputa a Nicolás Maduro y a su esposa, Cilia Flores, de conspiración para cometer tortura, incluyendo la presunta tortura de ciudadanos estadounidenses durante más de dos décadas, además de los delitos de tráfico de narcóticos y de armas ya imputados», dijo el fiscal general de EE.UU., Todd Blanche, en X.
Por su parte, el fiscal federal Jamie McDonald dijo en una breve declaración afuera del tribunal luego de presentarse la acusación: «Hacemos esfuerzos excepcionales para investigar y perseguir abusos de derechos humanos, narcoterrorismo y tráfico de drogas alrededor del mundo».
«Estas conductas han causado daños significativos a los estadounidenses y varias generaciones de venezolanos. Esta es una epidemia de corrupción para venezolanos y estadounidenses como resultado de esta presunta conspiración», añadió.
El abogado que representa a Maduro, Barry J. Pollack, dijo que su cliente niega los cargos de la nueva acusación y espera que llegue su día ante el tribunal.
Fuerzas militares de EE.UU. capturaron a Maduro y a Flores en su residencia de Caracas en una incursión nocturna el 3 de enero pasado.
La pareja fue trasladada de inmediato a Nueva York, donde han estado detenidos mientras se lleva a cabo el proceso judicial en el que se declararon inocentes.
Inmunidad para Delcy Rodríguez
Tras la destitución de Maduro en enero, su vicepresidenta, Delcy Rodríguez, prestó juramento como líder interina de Venezuela con el respaldo de la administración de Donald Trump.
En agosto pasado, un tribunal de Florida dictaminó que Maduro y otros miembros de su gobierno debían pagar más de US$312 millones a tres estadounidenses que presentaron una demanda civil en la que denunciaban haber sido secuestrados y torturados en Venezuela, con el objetivo de ser usados como fichas de intercambio.
Aunque el fallo no afectaba a Delcy Rodríguez, el gobierno de Trump solicitó en julio al Departamento de Justicia que garantizara en este caso la inmunidad de la presidenta interina de Venezuela debido a «las significativas implicaciones de política exterior» que podría tener un proceso contra ella.
«El Departamento de Estado reconoce y concede la inmunidad de la presidenta Rodríguez, en su condición de jefa de Estado en ejercicio de un Estado extranjero, frente a la jurisdicción del Tribunal de Distrito de los Estados Unidos en este litigio», escribió Reed Rubinstein, asesor legal del Departamento de Estado, en una carta dirigida a la Fiscalía General el pasado 11 de julio.
Las nuevas acusaciones
La acusación presentada ante el tribunal del Distrito Sur de Nueva York este jueves se refiere a la presunta tortura de personas, varias de ellas estadounidenses, que estuvieron encarceladas en Venezuela mientras Maduro ostentaba el poder (2013-2026).
La pareja es señalada por «afianzarse en el poder» al presidir «un sistema de represión que se basaba en la violencia contra la oposición política, la detención arbitraria y la tortura de detenidos, incluidos ciudadanos de Estados Unidos».
Según la acusación, la tortura incluyó «descargas eléctricas, asfixia, violación, desnudez forzada, aislamiento prolongado, privación de alimentos, celdas de castigo y tortura psicológica».
La fiscalía acusa en particular a Flores de haber desempeñado un papel clave en el desarrollo del sistema represivo, ordenando que se torturara a personas e incluso recibiendo informes sobre la tortura de presos específicos.
El documento dice que lo hizo con el fin de proteger a miembros de su familia que estaban involucrados en actividades ilegales.
Las acusaciones se hacen eco de muchas de las denuncias formuladas desde hace años por presos que estuvieron en cárceles de Venezuela.
El Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Volker Türk, ha advertido que su oficina ha estado recibiendo denuncias que indican que los detenidos han seguido siendo torturados incluso después de la detención de Maduro.
El entonces ministro de Asuntos Exteriores de Venezuela acusó a Türk de repetir como un loro la agenda de los «extremistas» al citar dichas acusaciones.
Javier Tarazona, líder de una organización de derechos humanos venezolana, relató a BBC Mundo a principios de este año cómo él y su hermano permanecieron recluidos durante 46 días en una diminuta celda de castigo tras haber sido detenidos arbitrariamente.
Otro exrecluso, Ángel Godoy, le contó a BBC Mundo que estuvo incomunicado durante meses y que no se le permitió contactar a su esposa, a quien, a su vez, se le ocultó su paradero.
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Maduro ordenó «detenciones y torturas»
En la acusación, los fiscales describen que Maduro encabezó un «sistema de represión y tortura» a través de fuerzas policiales y militares.
«Ordenó que determinadas personas fueran detenidas ilegalmente y torturadas, y recibió informes actualizados sobre la tortura de presos específicos», añade.
Su esposa, dice la acusación, «ayudó a desarrollar este sistema de represión y ordenó que se torturara a personas para proteger las actividades ilegales de los miembros de su familia».
También se acusa a otros funcionarios venezolanos, sin nombrarlos, de participar en las torturas.
Uno «de alto nivel» estuvo involucrado en «los asesinatos de ciertas personas que se oponían a Maduro Moros o a su régimen, supervisó torturas llevadas a cabo por funcionarios bajo su mando y amenazó personalmente con matar al hijo de un preso como forma de tortura psicológica».
Otro es señalado por haber desarrollado «métodos de tortura que presentó a Maduro Moros para su aprobación, dirigió una agencia responsable de torturar a decenas de víctimas, y personalmente autorizó el arresto ilegal y la tortura de personas específicas».
Un tercer funcionario en la cadena de poder «ordenó personalmente y participó en la tortura de civiles y miembros militares, incluidos ciudadanos de Estados Unidos, que se creía que representaban una amenaza para el gobierno de Maduro Moros».
«Un ciudadano estadounidense en particular fue detenido en Venezuela y sometido, entre otras cosas, a privación de alimentos y agua, simulacros de ahogamiento, golpizas repetidas, descargas eléctricas en los testículos e inyecciones forzadas», señala la acusación.
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