La línea se escucha entrecortada. Pero la voz de Mehrab Abdollahzadeh es clara y, dadas las circunstancias, sorprendentemente firme.
Está en el corredor de la muerte en el oeste de Irán. Habla rápido, como si el tiempo se le agotara. Y su mensaje es desesperado.
«Están escuchando mi voz desde la prisión central de Oromiyeh, y esta puede ser la última vez que la escuchen», dice en una nota de voz obtenida por la Red de Derechos Humanos del Kurdistán.
«Desde el primer día de mi arresto, me obligaron a confesar mediante tortura y amenazas, confesiones completamente falsas. Ninguno de los cargos en mi contra es cierto. Ellos lo saben, y Dios lo sabe. Soy inocente».
Mehrab fue arrestado en 2022, durante las protestas nacionales que siguieron a la muerte bajo custodia policial de una joven, Mahsa Amini, quien había sido detenida por no llevar correctamente el velo. Fue acusado de participar en el asesinato de un miembro de la milicia Basij de Irán.
Tras 42 meses de miedo y noches de insomnio fue ejecutado a principios de este mes, en el marco de un aumento vertiginoso de ejecuciones de personas acusadas de delitos políticos y de seguridad.
Desde el ataque de Estados Unidos e Israel contra Irán el 28 de febrero, la ONU afirma haber verificado la ejecución de al menos 32 presos políticos.
Esto representa un marcado incremento interanual, con 45 ejecuciones por cargos de motivación política a lo largo de 2025, según Amnistía Internacional.
Ejecuciones para silenciar
La Oficina de Derechos Humanos de la ONU ha advertido que la pena de muerte se utiliza cada vez más para silenciar la disidencia política.
Varias de las personas ejecutadas este año fueron acusadas de espiar para Israel o la CIA, mientras que otras fueron acusadas de pertenecer a un grupo de oposición en el exilio. Catorce de ellas fueron arrestadas en relación con el levantamiento de enero de este año, que fue reprimido con fuerza letal causando miles de muertes.
«En Irán, las autoridades ejecutan a los condenados a muerte por ahorcamiento. Los ejecutan al amanecer», afirma Nassim Papayianni, de Amnistía Internacional. «La población iraní se despierta casi a diario con anuncios de ejecuciones».
«Utilizan la pena de muerte como arma de represión política, para infundir miedo en la población y, en esencia, aplastar y sofocar cualquier disidencia».
Aunque algunas ejecuciones se anuncian públicamente, un portavoz de la Oficina de Derechos Humanos de la ONU le dijo a la BBC que les preocupa que otras se estén llevando a cabo en secreto.
El año pasado, Irán llevó a cabo 2.159 ejecuciones, según Amnistía Internacional, la cifra más alta desde 1989. La organización afirma que la gran mayoría fueron por delitos relacionados con las drogas o asesinato.
La ONU teme que la cifra de este año sea aún mayor.
Con el aumento del uso de la pena de muerte, el régimen intenta recuperar su autoridad tras el daño sufrido por el levantamiento de enero y la guerra, según Kaveh Kermanshahi, de la Red de Derechos Humanos del Kurdistán.
«En un momento en que se enfrenta a múltiples crisis internas y externas, intenta, mediante una represión intensificada y un aumento de las ejecuciones, hacer una demostración de poder y proyectar el mensaje: ‘Sigo aquí y sigo controlando la situación'», afirma.
A finales del mes pasado, la televisión estatal emitió un reportaje sobre la ejecución de Sasan Azadvar, un campeón de kárate de 21 años de la ciudad central de Isfahán.
Había sido condenado por «moharabeh» o «declarar la guerra a Dios» y «colaboración efectiva con el enemigo» por atacar a las fuerzas policiales durante las protestas de enero. Se le ve confesando haber usado un palo para romper la ventanilla de un coche patrulla y haber pedido gasolina para prenderle fuego.
Sin embargo, no fue acusado de ningún delito de sangre, que, según el derecho internacional, constituye el umbral legal para la aplicación de la pena de muerte.
Patrones inquietantes
Cada uno de los condenados tiene su propia historia. Pero los activistas de derechos humanos hablan de patrones inquietantes. La pena de muerte se aplica de forma desproporcionada contra miembros de las minorías del país.
Erfan Shakourzadeh, un estudiante de maestría en ingeniería aeroespacial de 29 años, fue ahorcado el 11 de mayo. El poder judicial iraní declaró que había sido condenado por compartir información clasificada con los servicios de inteligencia israelíes y estadounidenses.
Pero la organización de derechos humanos Hengaw, con sede en Noruega, publicó una nota que, según afirman, escribió antes de su muerte.
«Fui arrestado bajo cargos de espionaje fabricados y, tras ocho meses y medio de tortura y aislamiento, me obligaron a confesar falsamente. No permitan que otra vida inocente sea arrebatada en silencio».
«La República Islámica continúa su represión sistemática de la población acusando arbitrariamente a disidentes y críticos de ser ‘espías israelíes’ sin presentar pruebas creíbles ni garantizar un juicio justo», le dijo a la BBC Aywar Shekhi, de la organización Hengaw, añadiendo que «muchas vidas están en peligro».
En su mensaje de voz desde prisión antes de su ejecución, Mehrab Abdollahzadeh describió el tormento de estar en el corredor de la muerte.
«Una persona condenada a muerte piensa día y noche que en cualquier momento podría ser llamada y llevada a la ejecución. Solo encuentra un breve respiro después de la una de la madrugada, quizás dejando a un lado sus pensamientos acelerados para dormir dos o tres horas», afirmó.
El comerciante kurdo de 29 años fue ejecutado —según la Red de Derechos Humanos del Kurdistán— sin previo aviso a sus familiares ni abogados, y su cuerpo aún no ha sido entregado a su familia.
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