El coronel retirado del Ejército Publio Hernán Mejía ha sido condenado a 20 años de cárcel por la justicia transicional colombiana por su participación en los asesinatos de 72 personas que fueron presentadas falsamente como muertas en combate. La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) acaba así de imponer la máxima sanción posible, después de que el oficial no reconociera su responsabilidad en esos crímenes y terminara yendo a un juicio en el que ha quedado probada su culpabilidad. Según la sentencia, a la que ha tenido acceso EL PAÍS, el coronel retirado creó un aparato criminal de poder que anidó en la cúpula del Batallón de Artillería No. 2 La Popa de Valledupar, mientras lo comandó entre 2002 y 2003. Mejía, que llegó a ser uno de los oficiales más reputados y condecorados del Ejército colombiano, se convierte en el primer militar que enfrenta una pena de cárcel definida por la justicia transicional creada en el Acuerdo de Paz entre el Estado y las FARC en 2016.
El aparato ideado y puesto en marcha por Mejía incluyó una estrecha alianza con el frente paramilitar Mártires del Cesar, de las Autodefensas Unidas de Colombia. Producto de esa estructura, que la fiscalía de esa justicia bautizó “el tren del horror”, fueron asesinadas 72 personas indefensas, para luego ser presentadas como guerrilleros o paramilitares caídos en combate. Una estrategia que en Colombia se conoce como “falsos positivos”, utilizada para mostrarle al país que se estaba ganando la guerra contra las guerrillas y que representa uno de los mayores horrores de décadas de conflicto interno y uno de los grandes motivos de pérdida de legitimidad de las fuerzas estatales.
La sentencia de la sección de primera instancia para casos de ausencia de reconocimiento desbarata la versión que trató de sostener la defensa de Mejía, según la cual él fue “un militar que salvó de los grupos armados al departamento del Cesar”, en el norte del país. El oficial representaba en ese entonces una figura impecable, a tal punto de que, durante el juicio, uno de sus subalternos dijo sobre él: “era un norte a seguir, era un ejemplo, era la persona en la cual todos queríamos convertirnos algún día”. Durante su comandancia del Batallón La Popa, esa estructura militar pasó a estar entre las más reconocidas del país por los mandos por sus supuestos resultados operacionales. Es un mito que ha quedado destruido con la demostración de las tres modalidades en las que se cometieron los asesinatos.
34 personas asesinadas en alianza con los paramilitares
En 34 de los asesinatos, los hombres del frente paramilitar Mártires del Cesar entregaron personas o cadáveres a miembros del batallón a cargo de Mejía. Estos simulaban combates, para luego presentar a esas víctimas como bajas causadas por una operación militar. Ese fue el caso, por ejemplo, de Jesús Emilio Márquez Gutiérrez, que se dedicaba a transportar mercancía y al que una comerciante le encomendó la tarea de hablar con los paramilitares para reclamar una mercancía que le habían robado. Estos optaron por asesinarlo y después avisar a miembros del batallón La Popa dónde habían dejado su cuerpo, para que los militares lo recuperaran y lo presentaran como muerto en combate. En otro caso, Anuar de Armas Rincones fue señalado ante las AUC por su madrastra —con quien se disputaba una herencia— de ser guerrillero. Los paramilitares lo asesinaron y lo entregaron al Ejército. El muchacho quería el dinero para estudiar aviación y graduarse de piloto.
En otros casos, los hombres de las AUC entregaron con vida a las personas a los militares, quienes se encargaron de asesinarlos. Y en algunos más, los paramilitares señalaban a personas de pertenecer o auxiliar a la guerrilla, guiaban a los militares hasta ellos, y estos últimos los asesinaban.
La alianza entre los militares y los paramilitares era tal que hombres del frente Mártires del Cesar entraban sin problemas a las instalaciones del batallón e incluso participaban en la planeación de operaciones. Uno de los miembros de ese batallón declaró que Mejía se refería a los paramilitares como “sus fuerzas especiales”.
18 personas asesinadas escogidas selectivamente por ser pobres y vulnerables
En 18 asesinatos, la lógica fue otra. “Esta modalidad implicó la movilización de civiles que se encontraban fuera del área de operación del Batallón, cuyas circunstancias personales los situaban en una condición de vulnerabilidad que facilitaba su engaño, traslado y presentación como integrantes de grupos subversivos”, se lee en la sentencia. De esa forma fueron asesinados Manuel Regino Romero Negrete, quien manejaba un tractor, y su sobrino Avelino Vega Gutiérrez, un menor de edad que estudiaba en el colegio y en el mercado de Valledupar pelaba cebollín y lavaba papa. En marzo de 2003, según la familia de ambos, estos salieron juntos a trabajar. Integrantes del batallón que atendían un presunto hurto de ganado los señalaron como los responsables del robo, los detuvieron, los asesinaron y después los presentaron como bajas en un combate.
Así también fueron asesinados los jornaleros Alfredo Antonio Hernández, Willington Baena Ortiz y Nelson Enrique Romo, que un día de mayo de 2003 salieron juntos a cazar conejos. Los tres fueron retenidos por militares del Batallón La Popa, quienes idearon un plan para armar un combate ficticio. “Íbamos a simular un combate, al simularlo, los civiles salían a correr, cuando salieron a correr, yo di la orden de disparar”, declaró uno de los soldados involucrados. Las víctimas fueron presentadas como guerrilleros del ELN muertos en combate.
20 combatientes de grupos ilegales asesinados después de que ya se habían rendido
El caso que dejó más víctimas mortales ocurrió en octubre de 2002 y tuvo origen en una llamada del propio presidente de la República de ese entonces, Álvaro Uribe Vélez, al coronel Mejía. Según el relato del oficial, ese día, el presidente lo llamó directamente para increparlo por un presunto secuestro en una finca y un robo de ganado. “Me acaba de llamar el dueño de la hacienda del Socorro, coronel, hay secuestrados, se van a robar un ganado, hay peligro de que asesinen un poco de personas, usted me responde, coronel”, dijo el político, según el testimonio de Mejía.
En respuesta a la llamada del entonces muy popular mandatario, el comandante montó una operación para llegar a la finca en la que estaban los armados, en la vía que conduce de Valledupar a Bosconia. Allí se registró un combate entre los paramilitares que estaban robando el ganado y los militares. Según estableció la JEP, una vez terminado el choque, los soldados asesinaron a 18 paramilitares heridos e indefensos. Uno de los militares declaró que, con el fin de asegurarse de que estaban muertos, procedieron a “darle más tiros en la cabeza y volver la cabeza mierda y en el cuerpo”. Después, las víctimas fueron reportadas como miembros del ELN dados de baja en combate. Los cuerpos aparecieron con brazaletes de esa guerrilla, aunque debajo tenían camisetas de las AUC.
Obstrucción a la justicia
La maquinaria puesta en marcha por Mejía contó con una estrategia de encubrimiento, que incluía documentos falsos para dar una fachada de legalidad a los asesinatos a sangre fría. Por eso, la JEP ha compulsado copias de la sentencia ante la Fiscalía para que se investigue la eventual responsabilidad de seis jueces penales militares que habrían contribuido a mantener la impunidad. Según los magistrados, se inhibieron continuamente de iniciar las investigaciones o las archivaron sistemáticamente. También pide investigar a un fiscal de la región donde sucedieron los crímenes.
La Sala también ha compulsado copias de la decisión ante otra unidad de esa justicia para que considere llamar a declarar a quien dirigía el comando operativo 07 y era el superior jerárquico de Mejía, el general en retiro Juan Pablo Rodríguez Barragán. Este luego fue comandante del Ejército y llegó a ser comandante general de las Fuerzas Militares en el Gobierno de Juan Manuel Santos. Los magistrados también piden considerar el llamado a quien fungía como comandante de la segunda brigada del Ejército, general en retiro Gabriel Ramón Díaz Ortiz, y al entonces comandante de la primera división, general retirdo Leonel Gómez Estrada.
Mejía, que puede apelar la decisión, había sido condenado en la justicia ordinaria por sus alianzas con los paramilitares, y por eso había pasado 10 años en la cárcel. Sin embargo, no había sido condenado por los “falsos positivos”. En 2017, el coronel se acogió a la recién creada justicia transicional, y en virtud de ello salió de prisión. Ha permanecido en libertad hasta hoy. La JEP ha ordenado retirar las numerosas condecoraciones que ostenta.
