En la fila de los procesos de extradición que cada año recibe la Fiscalía colombiana de distintos países, recientemente los expedientes se mueven con una lentitud inusual. El presidente Gustavo Petro, quien debe dar el último aval para que una persona sea trasladada hacia otro país a cumplir una pena o enfrentar un juicio, mantiene en su despacho decenas de casos que ya han superado todo el trámite previo, incluyendo el visto bueno de la Corte Suprema de Justicia. Aunque Colombia mantiene un ritmo elevado de entregas, sus tiempos de decisión se han vuelto más irregulares en uno de los instrumentos más tradicionales y notorios de su cooperación con Estados Unidos en la lucha contra el narcotráfico, una que Petro ha cuestionado en el pasado y que se ha convertido en el eje de su fuerte choque con el presidente Donald Trump, quien incluso le ha quitado el visado, lo ha llamado “líder del narcotráfico” y lo ha incluido en la lista de personas sancionadas por supuestos vínculos con el narco.
A primera vista, la cooperación se mantiene. En el primer semestre del año, Colombia ha ejecutado 154 extradiciones, 84 de ellas por delitos asociados al narcotráfico y 94 con rumbo a Estados Unidos, mientras en todo 2024 fueron 198. Sin embargo, detrás de la cifra global está un aumento en las peticiones y el estancamiento de los casos de algunos grandes capos, que se tramitaron como es usual por la alta corte, están congelados en el Ejecutivo.
A inicios del Gobierno Petro, con Néstor Osuna como ministro de Justicia, el Ejecutivo impulsó la cooperación judicial. En 2023 el Gobierno reportó 264 extradiciones, la cifra anual más alta desde 2015, y en 2024 ejecutó 198 entregas. En ese periodo, el tiempo promedio entre el aval de la Corte Suprema y la firma presidencial oscilaba entre una y dos semanas. Su sucesora, Ángela María Buitrago, también mantuvo un flujo constante de extradiciones durante el año que permaneció en el cargo. Ese plazo marca un gran contraste con los tiempos actuales, que ha llamado la atención de fiscales y abogados que participan en los procesos.
Uno de los casos más icónicos que muestran el cambio es el de Larry Amaury Álvarez Núñez, o Larry Changa, el segundo al mando del grupo transnacional Tren de Aragua. El venezolano permanece recluido en la cárcel La Picota de Bogotá desde junio de 2024, la Corte avaló su extradición un año más tarde tras un proceso complejo, y la firma presidencial, que usualmente tardaba máximo una semana, sigue pendiente tras cinco meses.
Una fuente de la Fiscalía colombiana que conoce el proceso, explica que inicialmente hubo demoras administrativas porque dos países, Chile y Venezuela, pedían a Changa para juzgarlo por crímenes cometidos en sus territorios. Como en cualquier trámite de este tipo, inicialmente llegaron las peticiones a la Cancillería, quien las remite a la Fiscalía General. El órgano investigativo hace una primera revisión judicial, como comprobar su identidad. Luego lo envía a la Corte Suprema, quien hace un análisis de fondo, y revisa, por ejemplo, que el delito por el que es requerida la persona también sea tipificado como un crimen en Colombia. En el caso de Larry Changa, ese análisis tomó tiempo por la existencia de dos peticiones simultáneas. Aunque la Corte Suprema finalmente avaló el traslado a Chile, el hombre sigue en la cárcel bogotana. Solo falta la firma final del presidente, quien es libre de negar una extradición. El cuello de botella ya no está en la revisión judicial, sino en la fase final en la Casa de Nariño.
Otro de los hombres cuyo futuro judicial pende de la firma de Petro es Giovanny Andrés Rojas, alias Araña. Es el jefe de los llamados Comandos de la Frontera, una estructura de las disidencias de las FARC que opera en el departamento amazónico del Putumayo. Fue capturado en Bogotá en febrero pasado, mientras participaba de una reunión como gestor de paz con delegados del Gobierno. En ese momento, la Fiscalía argumentó que, aunque las órdenes de captura nacionales contra él estaban suspendidas por ese papel en los diálogos, no lo estaban las que tuvieran como fines una extradición, y el Gobierno estadounidense había solicitado una.
Lo que vino fue un congelamiento público de la extradición. Otros delegados del grupo armado condicionaron la continuidad de la mesa a que Araña siguiera en Colombia y Petro comunicó, a través del Ministerio de Justicia, que ese traslado quedaba suspendido. “Si el presidente llega a firmar la extradición, el grupo se va a levantar de la mesa inmediatamente”, confirma un abogado asesor de ese proceso. En el Gobierno reconocen que cualquier movimiento en torno al expediente podría “reventar la confianza” que se ha intentado construir con ese grupo, uno de los pocos que tiene un proceso con avances en la política de paz total.
Un tercer caso notorio es de Willington Henao, alias Mocho Olmedo, líder del grupo de las disidencias de las extintas FARC conocido como Frente 33, toro grupo que está en negociaciones con el Ejecutivo. La Corte Suprema avaló su extradición a Estados Unidos en mayo de este año, pero la orden fue suspendida por el Gobierno en julio y no ha sido retomada. El caso más reciente que depende de la firma del Ejecutivo es el de Andrés Felipe Marín, alias Pipe Tuluá, jefe de la banda criminal de La Inmaculada, cuya extradición fue avalada por la alta corte el 12 de noviembre y que es un objetivo importante para la justicia estadounidense. Con la creciente tensión entre Petro y Trump, y con la apuesta del colombiano de que su paz total muestra resultados en los nueve meses que le quedan en el cargo, es improbable que se reactive.
