Un año de espera y cuatro agentes interventores caídos en batalla. La cuenta atrás para conocer la decisión final sobre el futuro de la energética Air-e, la mayor comercializadora del Caribe colombiano, continúa. El proceso se ha convertido en una suerte de lenta agonía que padecen 1,3 millones de usuarios en los departamentos del Atlántico, Magdalena y La Guajira, desilusionados tras décadas de mal servicio. ¿Se liquidará la empresa o se impulsará un plan de salvamento? La auditoría adelantada por el Gobierno desde septiembre de 2024 se ha prolongado más de lo esperado. Ahora se suman investigaciones de la Fiscalía y la Procuraduría en contra del Ministro de Minas, Edwin Palma, por presuntos sobrecostos por casi 4.000 millones de pesos en la compra de transformadores durante su gestión previa como agente revisor.
De cara al exterior, el Ejecutivo había guardado recato. Hoy se sabe que a finales del año pasado la decisión estaba tomada: se debía liquidar la compañía. Pero con el paso de los días, el Gobierno dio un giro de timón y decidió apostar todos sus recursos para evitar que la energética, propiedad del poderoso empresario Alberto Ríos, tuviera que bajar el telón. Se trataba, en últimas, de un activo privado que presta un servicio básico esencial en una zona del país con altas temperaturas, una infraestructura en mal estado y problemas de piratería o cultura de pago. Disolver la sociedad solo empeoraría las cosas.
Con todo, la hoja de ruta aún sigue siendo un enigma. O una tarea inconclusa. De hecho, son pocos los observadores que se animan a plantear un futuro viable. “Los cálculos aproximados señalan que la deuda de Air-e está en casi 2 billones de pesos. Ha pasado un año desde la intervención de la empresa con resultados no satisfactorios. ¿Por qué? Porque hoy no tenemos una solución a la vista” aseguró en tono lapidario el congresista opositor y atlanticense José David Name, el pasado miércoles ante la comisión quinta del Senado. Luego, en su cuenta de X, elevó la cifra a más de 3,6 billones en un agujero cuyos grandes perjudicados por los impagos, entre otros, son las centrales térmicas de Cartagena de Indias y Barranquilla.
Así es como Air-e resiste contra las cuerdas. Uno de los gremios del sector energético ya alertó de que el riesgo de un apagón masivo planea como una sombra sobre el 35% de la región Caribe. Por si fuera poco, a la deriva financiera de la compañía se une el rezago del sistema y sus instalaciones: “Para rematar, porque esta es la cereza del pastel, el problema estructural que tenemos en la costa es profundo. XM, que opera el sistema de transmisión nacional, emitió en septiembre del 2023 un comunicado donde evidenció que las redes que transportan la energía del interior del país a la región norte, están agotadas. Y que, además, no tienen la capacidad de llevar el suministro para cubrir la demanda de esta zona”, detalla el exministro de Minas y Energía Amylkar Acosta, experto en estos asuntos y natural de La Guajira.
La responsabilidad de Air-e en este caso es menor. Se trata de proyectos de infraestructura atrasados por décadas. Transelca, la compañía a cargo del sistema de transmisión, aseguró hace un par de meses que el 80% de la demanda en el Caribe estaría desatendida. Quizás por ello los analistas mostraron poca sorpresa tras el apagón nocturno del pasado 17 de junio en Barranquilla. Si la situación no se ha cronificado, añade Acosta, es debido al colchón del 40% del consumo que cubren las dos grandes plantas térmicas mencionadas (el 60% restante, más costoso, se transporta desde el centro del país).
“Air-e, según una auditoría encargada por el ministro Palma, ha implementado una serie de racionamientos enmascarados para amortiguar la crisis”, prosigue el exministro. Se refiere a la posible suspensión fortuita del servicio de luz en las capitales departamentales Barranquilla, Santa Marta y Riohacha: “A primera hora de la mañana, los noticieros informaban en qué horarios y en qué barrios iba a haber cortes, dizque para hacerle supuesto mantenimiento al sistema. La auditoría corroboró que no había cuadrillas de operarios arreglando nada”, denuncia Acosta.
El Gobierno presentó el pasado miércoles, junto a la Superintendencia de Servicios, un plan para blindar el suministro en el Caribe. Entre las medidas anunciadas, destaca que Air-e comenzará a comprar energía de primera mano a las generadoras, evitando a intermediarios como la bolsa, donde la volatilidad afecta los precios. También se mencionó la apertura de una subasta pública para ejecutar proyectos de mejora en la infraestructura y la red. Más de uno asegura, sin embargo, que la batería de acciones parece un nuevo saludo a la bandera. Sobre todo cuando la compañía en cuestión está en cuidados intensivos.
“Air-e no regresará a los antiguos dueños, y mucho menos serán los colombianos quienes paguen las deudas que ellos dejaron. Con decisión política y responsabilidad social, estamos construyendo una salida real y justa para millones de usuarios”, expresó en W Radio el ministro de Minas y Energía, Edwin Palma. Este anuncio marca un giro importante en la crisis energética de la región. Se deduce de sus palabras que el futuro será una nueva sociedad de manejo público. Y se da por terminada la participación del acaudalado Ríos Velilla, hombre de negocios allegado a facciones del derechista Cambio Radical, en la electrificadora del Caribe.
El verano se acerca
Conviene recordar que Air-e empezó a funcionar en 2020 en reemplazo de la polémica y arruinada Electricaribe. En aquel entonces, Ríos Velilla tomó el control de la empresa luego de cerrar una transacción por 285.000 millones de pesos, un valor que algunos consideraron muy favorable para una empresa que cubre un 15% del mercado colombiano. Pero ese solo fue un primer paso. Ríos se comprometió a hacer granes inversiones, y a la vuelta de la esquina irrumpió la peor crisis sanitaria en un siglo. Con ella llegaron los atrasos millonarios en el pago de las facturas de la energía. Las deudas se acumularon a lo largo de toda la cadena productiva y la política de alivio tarifario del presidente Iván Duque, decretada en plena pandemia y que beneficiaba a los consumidores, no hizo otra cosa que profundizar el balance negativo para las empresas. El apagón financiero parecía inminente.
Como en otros sectores, la pandemia desnudó la fragilidad del sistema energético regional y las dificultades para mantener un servicio estable y sostenible. A partir de ahí, llegó el presidente Petro y sus broncas con la esfera privada recrudecieron el panorama de un negocio deficitario. Su Gobierno ha tardado en pagar, por momentos, los subsidios. También techó la meteórica tarifa a la energía en la Costa. Y el proceso de saneamiento de algunas compañías, que incluye el trabajo de Palma como interventor de Air-e antes de llegar al Gabinete, ha sido lento.
Por su parte, la gestión de cartera de Air-e, con un ciberataque contra su información contable de por medio, ha sido muy discutida. Por eso, cuando Carlos Alberto Diago recibió el encargo de fungir como primer agente interventor, hace justo un año, sentenció haber hallado un “carro destartalado”. Las pérdidas operacionales superaban los 200.000 millones de pesos mensuales, unos 50 millones de dólares de desangre.
No cabe duda de que el ambiente era tenso y de fin de ciclo. Hoy el proyecto del Ejecutivo de agarrar las riendas de Air-e carece de fuerza, en opinión de muchos. A juicio de Diago, el único mecanismo para revivir la compañía es una mezcla acelerada de inyección de capital y un plan eficaz de gestión de riesgos en asuntos como el robo de electricidad. “Estamos a tres meses de que empiece el verano. La energía se va a encarecer. Y los generadores no van a poder seguir sosteniendo la prestación del servicio a Air-e. Estamos al borde del precipicio y la solución está en manos del Estado”, concluye Diago.
