Juliana Guerrero ha tenido un ascenso vertiginoso y difícil de explicar en las altas esferas del poder en Colombia. En pocos meses, pasó de ser una militante de 23 años del movimiento estudiantil de la Universidad Popular del Cesar, a controlar recursos públicos y puestos claves en distintas entidades del Ejecutivo. Su cercanía con el presidente Gustavo Petro la ha llevado a ocupar cargos en la Secretaría de Transparencia, ser enlace territorial del Ministerio del Interior y finalmente jefe de gabinete de la misma cartera sin haberse graduado de la universidad y sin tener ninguna experiencia relacionada. El semestre pasado, acompañó al ministro Armando Benedetti a varias de las plenarias más importantes en el Congreso de la República, en las que se definió el futuro de la consulta popular y la reforma laboral. Allí quedó claro para muchos parlamentarios que la joven tenía línea directa con el presidente. Fungía como los ojos y los oídos de Petro en los debates. En eso radicaba su creciente poder.
Guerrero salió del Ministerio luego de que la revista Cambio revelara que viajó entre Bogotá y Valledupar, con su hermana Verónica, en aviones y helicópteros de la Policía Nacional. El Gobierno aseguró en su momento que había usado las aeronaves por una misión secreta y de seguridad nacional, pero la Procuraduría investiga si los motivos fueron personales. En paralelo, el presidente le ofreció ser viceministra de Juventudes del ministerio de la Igualdad. En un Consejo de Ministros televisado, el mandatario la defendió ante todo el país. “Voy a poner a Juliana 1por retar. ¿Por qué se quieren tirar una muchacha porque es pobre? No, que no estudió en Los Andes [reconocida universidad privada], pero estudió. E hizo el esfuerzo, porque estudiar no es fácil. Me imagino las dificultades en el Cesar y en medio de una situación difícil de amenazas y de cosas en la universidad pública”, dijo el presidente, que gastó varios minutos en hacer explícito ese respaldo. “Yo quiero que esté en este tiempo que queda el Gobierno y vemos si es capaz (…) Hay que hacer el equipo para empezar a enriquecer todas las políticas públicas hacia juventudes”. Ese mismo día, 15 de agosto, se publicó oficialmente la hoja de vida de Guerrero como reemplazo del viceministro Pablo Mateo Zabala Vargas, quien tuvo una relación sentimental con Verónica Guerrero, según varias personas consultadas por EL PAÍS. El principal objetivo de la nueva viceministra, de acuerdo con el presidente, era sacar adelante el emblemático y hasta ahora fracasado programa Jóvenes en Paz.
El problema es que la hoja de vida de la elegida no cumplía con los requisitos mínimos para el cargo. De acuerdo con el documento oficial presentado en ese momento, Juliana tenía un grado técnico y otro tecnológico en Gestión Contable y Tributaria, pero no era profesional, como exigía el manual de funciones. Las hermanas Guerrero presionaron para que se modificaran los requisitos, la persona encargada se negó y renunció al Ministerio. Dos semanas después, este 29 de agosto, se publicó una renovada hoja de vida en la que Guerrero aparece con un título profesional en contaduría pública emitido por la Fundación Universitaria San José, una institución que promete títulos exprés “en 10, 15 o 20 meses, con clases continuas”, según su página web.
La abrupta mejora en los estudios generó suspicacias. La representante a la Cámara opositora y de izquierda, Jennifer Pedraza, fue la primera en denunciar la aparente irregularidad. Guerrero se defendió este martes en una entrevista en la emisora Blu Radio. Aseguró que se había graduado de contadora el pasado 19 de julio y que la confusión venía de “un error humano” al publicar su hoja de vida. Sin embargo, Guerrero no hizo el examen oficial Saber Pro, un requisito indispensable para poderse graduar de cualquier carrera profesional. El rector de la universidad y excongresista Francisco Pareja confirmó que Guerrero no presentó el examen antes de graduarse y anunció investigaciones internas para esclarecer lo ocurrido. En diálogo con El Espectador, afirmó que estudió durante un año y medio. “Se inscribió en diciembre de 2023, y estuvo con nosotros 18 meses, hasta junio de 2025″.
Varias personas consultadas que conocen y han trabajado con Guerrero en este tiempo aseguraron que nunca mencionó que estaba estudiando, ni que tenía que ir a clase o hacer actividades relacionadas. Es un asunto contradictorio, porque la Universidad afirma que el requisito para un grado exprés es el estudio presencial e intensivo. Por ello, la representante Pedraza anunció una denuncia penal. “El título de Juliana Guerrero es inválido. Lo que hizo es un delito”, dijo. En los registros del estatal ICFES aparece que Guerrero se inscribió para el examen el 26 de julio, una semana después de la ceremonia de graduación, y que la fecha de presentación es en noviembre. Al parecer, ni siquiera tiene un código Snies, una especie de cédula educativa, relacionada con sus estudios en la Fundación Universitaria San José.
La Asociación Nacional de Contadores Públicos emitió un comunicado en el que expresa su “preocupación” porque Guerrero “habría obtenido el título profesional en un tiempo sustancialmente inferior al establecido por la mayoría de programas acreditados en el país, sin que exista evidencia verificable del cumplimiento de requisitos fundamentales”. La asociación le pidió al Ministerio de Educación que verifique el proceso de titulación y a los órganos de control que investiguen presuntos delitos.
En medio de todo el revuelo, el Ministerio de la Igualdad ha preparado un borrador de decreto que busca cambiar los requisitos para ser viceministro. El propósito es otorgar “características especiales” a este cargo y eximir a los candidatos de tener “título profesional”y “experiencia profesional”.
Al terminar la semana, las oficinas, los baños y los pasillos del Ministerio se llenaron de panfletos anónimos con críticas a la eventual posesión de la joven política. En una de las hojas, junto al dibujo del rostro de Juliana, se lee: “Las señoritas Juliana y Verónica Guerrero (no funcionarias del Ministerio ni representantes de nada para el pueblo) quieren usar estos recursos (170.000 millones del Programa Jóvenes en Paz) para que los ejecute la Universidad Popular del Cesar y financiar la campaña política del señor Ape Cuello [congresista conservador], fortalecer al Clan Gnecco [poderosa familia política con congresistas del Partido de La U] y al rector Rober Romero Ramírez”.
Las críticas contra el eventual nombramiento han surgido de todas las orillas políticas, incluso desde el corazón de la izquierda. La concejal de Bogotá Heidy Sánchez resumió bien el descontento que hay en las bases: “No hay nada personal contra Juliana, pero decirlo con claridad también es un acto de responsabilidad: hay una generación de jóvenes profesionales que ha sido pilar de este proceso y que merece estar en los espacios donde se toman decisiones. Jóvenes que representan no solo un relevo generacional, sino un salto en calidad política, en compromiso, y en visión de futuro”.
