Tanto el presidente Gustavo Petro como la oposición de derechas han apostado todas sus fichas ante la elección de un nuevo magistrado de la Corte Constitucional de Colombia. El Senado tiene este miércoles “una de las mayores responsabilidades a que se haya enfrentado en su historia”, ha llegado a afirmar el ex vicepresidente Germán Vargas Lleras, un feroz crítico del actual Gobierno. La votación “definirá todo el cuadro de alianzas en el Congreso de la República”, ripostó el propio Petro, al que le queda menos de un año en el poder. “No podemos ceder a quienes han apoyado el fascismo”, apuntilló el mandatario de izquierdas sin mencionar nombres propios.
El ruido en torno a la elección del relevo de José Fernando Reyes ha adquirido por momentos un volumen ensordecedor. La Corte Suprema de Justicia, que evitó incluir a alguien afín al Gobierno en la terna que le correspondió presentar, postuló a Carlos Camargo, María Patricia Balanta y Jaime Humberto Tobar. El elegido, que ocupará su cargo durante ocho años, podría inclinar las mayorías en el poderoso Constitucional, que tiene pendiente el estudio de varios asuntos clave, entre ellos el futuro de las grandes reformas sociales del Gobierno, como la pensional. Todo apunta a un voto finish entre Camargo, que renunció a su cargo como defensor del Pueblo antes de cumplir su periodo, y Balanta, una mujer afrodescendiente con una larga trayectoria en la rama judicial.
Los partidos más radicalmente opositores, como Cambio Radical, liderado por Vargas Lleras; el Centro Democrático, del expresidente Álvaro Uribe; o el Conservador, han cerrado filas en apoyo a Camargo, que tiene origen político en esta tradicional colectividad. Es también cercano a Iván Duque, el antecesor de Petro, quien lo postuló en su momento como defensor. Hasta hace poco se antojaba como la crónica de una elección anunciada, una terna de uno, como se suele decir cuando la suerte de estas elecciones está decidida de antemano. Pero Balanta ha tomado impulso gracias al inesperado respaldo de la coalición de Gobierno, algunas voces independientes y el Partido de La U, de la gobernadora del Valle Dilian Francisca Toro y el exregistrador Alexander Vega.
La actual defensora del Pueblo, Iris Marín, ha terciado sobre la votación. “La elección en un órgano político no elimina la responsabilidad del Senado de dar una discusión que se enmarque en el principio central de actuación de la Rama Judicial: su independencia, autonomía e imparcialidad, inclusive frente a sectores políticos”, escribió. “Sin embargo, en los últimos días se han escuchado voces que centran el debate en el carácter progobierno o antigobierno de quienes ocupan la magistratura en la Corte Constitucional y de quienes integran la terna”, señaló Marín, quien ya había lamentado las campañas de desprestigio contra determinadas aspirantes en el proceso que culminó con la elección de Lina Escobar como magistrada el pasado junio.
Vargas Lleras alertaba en su columna del fin de semana en el periódico El Tiempo sobre “las gravísimas consecuencias que pudieran derivarse de entregar el control de esta corporación a Petro y sus aliados”. Según sus cuentas, la elección de Balanta le aseguraría al presidente una firme mayoría en la Corte. “Me resisto a creer que una vez más Petro se saldrá con la suya. De ser así, créanme, todo quedará en riesgo: nuestra Constitución, nuestra democracia y el país que conocemos”, afirmaba en un tono maximalista.
Varios precandidatos presidenciales de derecha se hicieron eco de inmediato de esas afirmaciones. “La mayoría de estos líderes políticos que alertan sobre el inminente peligro para la democracia, usando un argumento que no se sostiene en las verdaderas mayorías en la Corte, se han hecho la vista gorda frente al abierto clientelismo de su rival Carlos Camargo y sus renuncias prematuras a cargos públicos”, advertía un análisis de La Silla Vacía, el portal político de referencia.
La aspiración de Camargo ha sido problemática desde el principio, como advirtieron varios observadores en su día. El constitucionalista Rodrigo Uprimny, opinador de referencia en estos asuntos, llegó a considerarla una “lamentable” terna de uno por el favoritismo que arrastraba el político conservador. “Camargo fue un pésimo Defensor del Pueblo”, opina Uprimny. “No sólo fue clientelista (26 de los 38 directivos que nombró fueron cuotas políticas de los partidos que lo eligieron), sino que, además, su desempeño en el ‘estallido social’, que era cuando más se necesitaba un buen defensor del Pueblo, fue desastroso”, argumenta. A sus críticas añade que la Suprema ignoró olímpicamente la equidad de género, pues varias voces le pedían elaborar una terna de mujeres ante el actual desequilibrio de la Corte (solo tres de nueve magistrados). Además, señala los conflictos de interés que arrastra quien también fue miembro del Consejo Nacional Electoral, pues nombró en la Defensoría, en ejercicio de su facultad discrecional, a familiares de varios magistrados de la Corte Suprema que lo nominó.
“La elección de la nueva magistrada o magistrado debe garantizar la idoneidad del futuro juez constitucional, evitar retrocesos en la paridad de género y asegurar la ausencia de cuestionamientos éticos sobre los aspirantes. No se trata de exigir que los candidatos adopten una postura política contra el Gobierno, pues ello comprometería la independencia judicial, sino de valorar trayectorias académicas y profesionales sólidas, así como su autonomía”, señala Esteban Hoyos Ceballos, decano de la Escuela de Derecho de la Universidad Eafit, en Medellín. “El paso de Camargo por la Defensoría no fue destacado y, además, nombró allí sin concurso de mérito a familiares de varios magistrados de la Corte Suprema que lo incluyeron en esta terna; ese hecho, por sí solo, debería excluirlo de consideración”, opina. Si el Senado tiene dudas sobre los demás candidatos, plantea, lo procedente sería devolver la terna para que la Corte Suprema garantice idoneidad, paridad y los demás principios constitucionales.
La discusión sobre las tendencias ideológicas y la conformación de mayorías o bloques dentro de la Corte es recurrente, aunque pocas veces con tantos decibeles. La Constitución determina que el Senado escoge a cada miembro a partir de ternas de distintos orígenes. Tres le corresponden al presidente, tres a la Corte Suprema y las tres restantes al Consejo de Estado. “Esa fórmula garantiza la pluralidad ideológica y jurídica de la Corte, lo que es esencial en los tribunales constitucionales. Es un proceso complejo en el que intervienen todas las ramas del poder público y ello protege la independencia y la autonomía del tribunal”, explicaba en una entrevista con este periódico el exmagistrado Antonio José Lizarazo.
La Suprema postuló a los aspirantes que se presentarán este miércoles, mientras que Petro –que mantiene una tensa relación con las cortes– ya presentó las dos ternas que le correspondieron, de las que salieron escogidos Vladimir Fernández, quien era su secretario jurídico, y Héctor Carvajal, su abogado personal. Postular dos abogados tan cercanos para un Constitucional de solo nueve miembros despertó todo tipo de críticas con respecto al compromiso del presidente con la independencia judicial. De ahí a atribuirle unas claras mayorías en una Corte diversa hay un trecho largo, señalan los expertos. Nada de eso impedirá que ambas orillas enmarquen la votación de este miércoles como la madre de todas las batallas.
