Colombia es un país de víctimas. Unos 10 millones ha dejado el conflicto armado de más de medio siglo, según los registros oficiales. Pero la entidad encargada de aterrizar la política pública para atenderlas se siente a la deriva. La Unidad para las Víctimas no tiene un director en propiedad desde hace meses, y el candidato del presidente Gustavo Petro para asumir el cargo no tiene ni el perfil ni la experiencia adecuadas, lo que ha despertado un vendaval de críticas, tanto internas como externas. Todo en medio de una crisis humanitaria de enormes dimensiones en la convulsa región del Catatumbo, que ha dejado más de 60.000 desplazados desde comienzos de este año.
Luego de la salida de Lilia Solano, en febrero, la dirección ha sido encargada a Gloria Cuartas, la cabeza de la Unidad de implementación del acuerdo de paz. Hace ya dos semanas, el 9 de mayo, el Gobierno sorprendió al publicar en la página de aspirantes de la Presidencia de la República, el paso previo a un nombramiento oficial, la hoja de vida de Adith Rafael Romero Polanco como nuevo director de la Unidad Administrativa para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas, el nombre formal.
El perfil de Romero es cuando menos llamativo para el cargo. Es ingeniero de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia (Unad), con especialización en salud ocupacional y maestría en administración de organizaciones. Su currículo muestra que fue secretario del Interior de la Alcaldía de Barrancabermeja, una ciudad de 200.000 habitantes, pero el grueso de su experiencia ha sido como escolta de una compañía de seguridad, lo que provocó un alud de reclamos. El Ejecutivo de momento no ha explicado o defendido su designación, ni ha confirmado cuando se posesionaría.
En plena crisis humanitaria, con gravísimos problemas para atender a la población desplazada, sin presupuesto para hacerlo y con nuevas alertas de desplazamiento forzado, el Gobierno se propone nombrar a una persona sin competencias suficientes, se lamenta Laura Bonilla, la subdirectora de la fundación Paz y Reconciliación (Pares). Colombia inició en 2011 un largo y difícil proceso para reparar a las víctimas del conflicto armado, y además registra nuevas víctimas todos los años, recuerda esta analista. “La Unidad de Víctimas es la que recoge la mayoría de los datos que hoy, por ejemplo, tenemos serias dificultades de recolectar, como reclutamiento forzado, sobre todo de niños y niñas, desplazamiento… es una entidad importantísima, con muchísimos funcionarios y un presupuesto importante”, subraya. “Este Gobierno tiene una responsabilidad moral, política y ética con las víctimas; y la va a incumplir”.
La Unidad fue creada para asumir las labores necesarias para aterrizar la emblemática Ley de Víctimas y Restitución de Tierras, que aprobó el Congreso en 2011, en el primero de los dos periodos de Juan Manuel Santos (2010-2018), y que creó un andamiaje para que el Estado apoyara y reparara a las víctimas de décadas de conflicto armado. Es una de las entidades más importantes del Estado colombiano, destaca Paula Gaviria, quien fue su primera directora. “Es la constatación de la responsabilidad del Estado de cara a su propia historia, a su tragedia, es una entidad que reconoce el pasado y mira hacia adelante”, apunta. Tiene además la función de liderar y coordinar el sistema de atención y reparación, que contiene a más de 40 entidades del nivel nacional y a todas las entidades territoriales, detalla Gaviria desde la República Democrática del Congo. Allí se encuentra como parte de su trabajo como relatora especial de Naciones Unidas sobre los derechos humanos de los desplazados internos.
La Unidad, explica Gaviria, tiene tareas de orientación, de pedagogía, de acercamiento a las víctimas; de asistencia, de ayuda y de ejecución, pues lidera la reparación. Es una entidad compleja, que ha desarrollado una serie de políticas y programas donde las víctimas están en el centro de la respuesta del Estado. También un enfoque que las ve como protagonistas de la transformación de sus territorios, de la construcción de paz, que trabaja las dimensiones étnicas de las afectaciones del conflicto armado, y que al hacerlo avanza hacia la reconciliación. “Es una entidad de paz, que reconoce que Colombia es un país de víctimas”, apunta en un intento de síntesis. “El liderazgo de la Unidad para las Víctimas en el conjunto del Estado es fundamental, no es una entidad más”, remarca su primera directora.
A partir de 2016, para la recta final del Gobierno Santos, a Gaviria la relevó Alan Jara, un exgobernador del Meta que pasó largos años secuestrado por las extintas FARC; después vino la exsenadora Yolanda Pinto, la viuda de Guillermo Gaviria Correa, el gobernador de Antioquia que murió en 2003 en medio de su secuestro por esa misma guerrilla. En el cuatrienio de Iván Duque (2018-2022), un crítico permanente de la reconciliación que se proponía el acuerdo de paz que Santos selló con las FARC, la Unidad perdió visibilidad bajo Ramón Rodríguez.
Cuando Petro llegó al poder, en agosto de 2022, la discusión sobre la paz volvió a instalarse en el debate público, con grandes expectativas. El presidente también aumentó la participación indígena en el Gobierno, y encomendó la entidad a Patricia Tobón Yagarí, una abogada constitucionalista de la comunidad embera chamí –uno de tantos pueblos golpeados por la guerra que Colombia busca extinguir–, que venía de ser uno de los 11 miembros de la Comisión de la Verdad. Cuando asumió el cargo Tobón se encontró con lo que calificaba como un “rezago monumental” en el cumplimiento a las víctimas. Después de dos años, el mandatario le pidió la renuncia.
Colombia es uno de los países con mayor número de víctimas registradas en el mundo. Más del 90% de ellas sufrieron el desplazamiento forzado. La mayoría también se encuentra en situación de pobreza. El desafío es enorme, y quien dirija la Unidad para las Víctimas recibe una carga especialmente simbólica.
