Hace poco más de una semana, Colombia se enteró de que la ex alta consejera para las Regiones, Sandra Ortiz, no iba a recibir beneficio alguno de parte de la Fiscalía, pues el ente investigador consideraba que las pruebas que aportaba en su negociación no eran contundentes. Este fin de semana Colombia conoció los chats de la funcionaria detenida con el entonces presidente del Senado, Iván Name, y el entonces secretario Jurídico de la Presidencia, Vladimir Fernández, hoy magistrado de la Corte Constitucional. Las conversaciones serían prueba de un presunto pago hecho a Name para que citara lo más pronto posible la sesión para elegir nuevo magistrado de la Corte Constitucional. El ganador de dicha elección, no hay que ser mago: Vladimir Fernández.
Claro está que la Fiscalía en su infinita sabiduría sabrá si unos chats, sumados al relato de uno de los intervinientes en dichos chats, son o no elemento suficiente para que se investigue al magistrado. Sin embargo, teniendo en cuenta lo delicado del asunto, y más allá del beneficio que se le pueda otorgar o no a Ortiz, uno se pregunta: ¿y la Fiscalía ya alertó a la Comisión de Acusaciones de la Cámara sobre este asunto? ¿O sencillamente van a dejar que una denuncia de ese talante, hecha por una persona que busca recuperar su libertad echando al agua a un encumbrado magistrado, se ahogue en el océano del silencio?
Hace casi un año escribí en estas páginas un texto en el que hablaba de los dos Pipes. Allí puse en paralelo a un delincuente apodado Pipe que quería dizque negociar la paz con el Gobierno Petro. Hoy ese personaje sigue amenazando, asesinando y coadministrando el Norte del Valle desde una cárcel. Y en la otra orilla puse al ex contralor Pipe Córdoba, a quien le hice reproches varios relacionados con su gestión y sus amistades. Hoy está tomando la temperatura de la arena política para definir si se presenta o no como candidato a la presidencia. Delincuente irredimible el primero. Político y demócrata el segundo.
Quiero volver a ese escrito porque el episodio de una Fiscalía que no quiere investigar hechos gravísimos de corrupción me recuerda, para bien, a Felipe Córdoba, el ex contralor.
Hace ya varios años, cuando en W Radio hacíamos denuncias sobre asuntos que implicaban detrimento patrimonial, notaba con sorpresa que el contralor Córdoba en la mayoría de las ocasiones se encargaba de hacer que nuestros reportajes no fuesen en vano. Se abrían indagaciones, se hacían auditorías, avanzaban las investigaciones. Incluso, en algunos casos, se llegó a fallos de responsabilidad fiscal. Córdoba, más allá de ser político y amigo de políticos, hizo lo mínimo para que algo de justicia cayera sobre los responsables de robarse nuestra plata. Ese es el deber ser de un órgano de control, al menos abrir las investigaciones. Por eso lo de la Fiscalía y el magistrado Fernández es algo asombroso y lamentable.
¿No es grave que una mujer claramente implicada en un escándalo de corrupción nacional sea silenciada o menospreciada por aquellos encargados de garantizar la justicia en Colombia cuando denuncia a un amigo del actual Gobierno? ¿Existe algún tipo de compromiso de la actual fiscal general de la Nación con el magistrado Fernández y por eso ella ha pedido se ahogue cualquier caso que pueda surgir contra él? Queda uno sin palabras ante el sinsabor. Ojalá la Fiscal tome ejemplo del ex contralor Córdoba: al menos abra la investigación. Es cuestión de decencia.
