El ministro de Defensa de Colombia, Pedro Sánchez, viajará este viernes al municipio de La Plata, Huila. El motivo no es esperanzador, ni propio de la semana santa: en la noche del jueves estalló, en pleno centro del pueblo, una moto cargada con explosivos. Dos personas, los hermanos Luisa Fernanda (20 años) y Sergio Trujillo Peña (17 años) murieron, y por lo menos 24 más quedaron heridos. Ninguno de los distintos grupos armados ilegales que operan en Colombia han reivindicado el ataque terrorista que la Defensoría del Pueblo ha indicado que fue claramente violatorio del Derecho Internacional Humanitario.
La bomba, instalada frente a un hotel y cerca de la estación de policía, afectó a decenas de viviendas y comercios. La Plata, que con más de 80.000 habitantes es uno de los municipios más poblados del departamento del suroccidente colombiano, está ubicada en la vía que conecta al Huila con el vecino Cauca, que atraviesa la cordillera central de Los Andes y conecta a los valles de los ríos Magdalena y Cauca. El grupo armado con más presencia es la llamada columna Dagoberto Ramos, que se ha ido extendiendo desde el departamento vecino hacia el sur del Huila. Forma parte de las disidencias de las extintas FARC conocidas como Estado Mayor Central (EMC), que lidera alias Iván Mordisco.
Aunque hasta ahora las autoridades no han señalado a los responsables, el presidente Gustavo Petro sí ha responsabilizado de forma indirecta a Mordisco. En la mañana de este viernes ha criticado en X una noticia del diario EL Colombiano. “Confundir a la opinión pública como si estuviera pactando con los autores de la bomba en la Plata (…) Los que pusieron las bombas no dialogan con nosotros (…) Quienes se han apartado de la línea de los frentes de “Iván Mordisco y los frentes del Cauca y buscan un proceso de paz, se mantienen en la mesa de negociación. Los otros seguirán recibiendo el ataque directo, constante y profundo de nuestra fuerza pública”, ha escrito. Al marcar la diferencia entre el EMC de una fracción que se ha separado del liderazgo de Mordisco y se hace llamar Estado Mayor de los Bloques (EMB), indica que los primeros serían los responsables del atentado. Por su parte, el ministro de Defensa dijo desde Neiva, la capital del Huila, que las disidencias al mando de Mordisco, serían las responsables, y ha ofrecido “hasta $300 millones de recompensa por información que nos lleve a identificar y capturar a los responsables.”
El Huila fue una de las regiones de Colombia que más sufrió la violencia de las extintas FARC a fines del siglo XX e inicios del actual, y una de las que más se benefició de las victorias del Estado durante los dos gobiernos de Álvaro Uribe y de la firma de la PAZ con esa guerrilla en el mandato de Juan Manuel Santos. El incremento de los conflictos con distintos grupos, que inició bajo Iván Duque y se ha agudizado con Petro, ha llegado a la zona con recientes denuncias de extorsiones e inclusos con combates abiertos, como el que mantuvo el Ejército este miércoles con miembros de otra disidencia en el municipio de Suaza, en la zona suroriental del departamento. Justamente allí, en inmediaciones con el departamento amazónico del Caquetá, el Ejército mató en combate a cinco miembros de la llamada estructura Rodrigo Cadete, incluyendo a su jefe de finanzas. Más al norte, en la zona rural de Neiva llamada Chapinero, lanzó otro operativo contra un grupo disidente a inicios de mes, y mató a cinco de sus integrantes.
Además de esos choques entre el Estado y distintos grupos ilegales, es uno de los departamentos en los que se vive una guerra entre el EMC y el EMB, que compiten por el manejo de diferentes economías ilegales como la extorsión o el narcotráfico, y por el control territorial en zonas estratégicas para esas actividades.
