La Superintendencia Nacional de Salud ha comunicado este miércoles que prorroga por un año la intervención de la EPS Sanitas, cuyas funciones asumió de manera forzosa el 2 de abril de 2024. Según la entidad, encargada de vigilar y fiscalizar el correcto funcionamiento del sistema sanitario de Colombia, las causas que llevaron a que el Estado asumiera el control de la empresa siguen vigentes. En un escueto comunicado, la Supersalud dice: “Se toma la decisión de prórroga porque en el momento actual persisten los incumplimientos normativos respecto a las condiciones financieras y de prestación de servicios a sus usuarios”.

La intervención de Sanitas por el Ejecutivo causó enorme impacto mediático hace un año, al ser la segunda entidad promotora de salud (EPS) más grande del país, con 5,7 millones de afiliados. Ocurrió, además, en un momento en que estaba muy candente el debate sobre la reforma a la salud impulsada por el Gobierno del presidente Gustavo Petro, rechazada por el Congreso apenas un día después de la intervención. En aquel momento, el jefe del Estado justificó la intervención a la entidad de capital español: “El actual sistema, como desde hace años se venía denunciando desde diferentes instancias de control administrativo, judicial y político, extrajo recursos públicos por decenas de billones de pesos que no se invirtieron de acuerdo a la ley y se perdieron, y debemos de actuar de acuerdo a la ley y la constitución y con decisión”.

La intervención no ha buscado liquidar a Sanitas, sino administrarla. Eso implicó remover de sus funciones a su gerente y su junta directiva, designados pro sus propietarios, y nombrar a un interventor elegido por la Superintendencia. El por entonces superintendente, el médico y político Luis Carlos Leal, explicó que el objetivo era proteger la salud de la ciudadanía. Garantizó que el funcionamiento de la EPS seguiría como de costumbre: “Las funciones de las EPS van a continuar. Los afiliados no deben incurrir en ningún trámite administrativo. Se va a garantizar la continuidad en la prestación de servicios. La medida se toma con el ánimo de proteger la salud de la población”.

El presidente Petro se ha convertido en un gran crítico del sistema de salud que desde hace tres décadas funciona en Colombia, hasta el punto de convertir su reforma estructural en una de los mayores apuestas políticas. Considera que las EPS se enriquecen con dinero público, sin aportar valor, y que esos recursos podrían destinarse a la atención de los pacientes. Los defensores del sistema, por otro lado, reconocen que adolece de muchos defectos, pero argumentan que ha sido funcional, que fue capaz de soportar una crisis sanitaria como la del covid y que brinda mejor atención que los de otros países de América Latina. Los defectos que Petro ve en el sistema explican su insistencia en una reforma sanitaria y su postura de intervenir a varias EPS para corregir su funcionamiento, mientras todo el sistema vive una evidente crisis financiera y en sus atenciones a los ciudadanos.

Pese a la intervención, un estudio de marzo pasado de la Asociación Colombiana de Hospitales y Clínicas (ACHC), que agrupa instituciones públicas y privadas, señala que Sanitas es la segunda EPS que más dinero les adeuda. Su mora suma más de 523.000 millones de pesos (algo así como 120 millones de dólares), y en toda les adeudaba 1,3 billones de pesos (unos 330 millones de dólares). Solo la supera la Nueva EPS ―la entidad más grande del país con más de 11 millones de afiliados, de capital público y privado e intervenida por el Gobierno el 3 de abril de 2024―, con una mora de casi tres billones de pesos (unos 730 millones de dólares), de una deuda total de algo más de cinco billones (más o menos 1.200 millones de dólares). Los usuarios de Sanitas han terminado afectados por la falta de medicamentos.

La prórroga de la intervención a cuando, pese a que ha pasado un año, la reforma a la salud vuelve a estar en el centro de la agenda política del país. Tras aquel fracaso de abril de 2024, en el siguiente mes de septiembre el Gobierno presentó un nuevo proyecto de reforma, muy similar al negado por el legislativo. Estuvo estancado hasta comienzos del pasado mes de marzo, cuando la Cámara de Representantes la aprobó. Para que se vuelva realidad, aún debe pasar por la Comisión Séptima del Senado, la misma que archivó el proyecto hace un año y que hace dos semanas hundió la reforma laboral, otra de las grandes insignias del presidente Petro.

En enero pasado, las empresas Centauro Capital y Natanor XXI ―propietarias de Keralty, el grupo español dueño de Sanitas― presentaron una reclamación ante un tribunal de Washington por las afectaciones que, según ellas, hubo tras la intervención de la EPS. Según argumentaban, la toma pública de la empresa significó una “expropiación indirecta” que viola la protección mutua de negocios que firmaron Colombia y España en 2005. El objetivo de la solicitud de arbitraje, presentada ante el Centro de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi) ―un organismo dependiente del Banco Mundial―, es una indemnización de 1.200 millones de dólares. Keralty mantiene operaciones en Colombia con clínicas propias y su sistema de seguro privado o medicina prepagada.