La captura de Giovanny Andrés Rojas o Araña, el máximo líder del grupo ilegal Comandos de la Frontera, en medio de una reunión de la negociación de paz con el Gobierno, ha despertado temores entre los delegados de otros grupos armados en otras mesas de diálogo. El cabecilla de la facción armada que delinque en las fronteras con Ecuador y Perú completa un día en poder de la Fiscalía General de la Nación, que lo detuvo en ejecución de una circular roja de Interpol. Aunque las órdenes de captura contra Rojas están suspendidas para que pudiera negociar, desde abril de 2024, la Fiscalía ha explicado que sí puede aplicar las órdenes internacionales como la que emitió el pasado 11 de febrero el Gobierno de Estados Unidos, tras la decisión de una corte del Distrito Sur de California en un proceso por narcotráfico.
Las reacciones no han tardado. Los primeros en apartarse de la negociación, que se desarrollaba en un hotel de Bogotá, fue la delegación de la Coordinadora Guerrillera del Pacífico, que adelantaba el tercer ciclo de diálogos. Horas después de la noticia retornaron hacia Putumayo y Nariño. Otra de las reacciones más visibles fue la del comisionado Otty Patiño, quien llegó al hotel en el que estaba siendo detenido Araña. Allí, en caliente, acusó a la Fiscalía de atentar contra la política de paz total del Gobierno. “Esto puede constituir un nuevo elemento de trampa hecho por ustedes… contra el proceso de paz que estamos desarrollando”, advirtió allí a los agentes. Un “entrampamiento” fue lo que alegaron Iván Márquez y Jesús Santrich para retomar las armas después de haber firmado el acuerdo de paz a finales de 2016. Negociadores de las FARC en La Habana, regresaron a la clandestinidad tras la detención del segundo en un presunto caso de narcotráfico. Fundaron la disidencia conocida como Segunda Marquetalia y Santrich murió luego en confusos enfrentamientos en la frontera con Venezuela.
Este jueves, la fiscal general Luz Adriana Camargo ha respondido que “no fue intención de la Fiscalía de ninguna manera actuar de manera desleal”, y argumentó que apoya y acompaña los procesos de paz. “Pero también estamos obligados a contribuir con labores que corresponden con organismos internacionales”, concluyó. Sin embargo, el temor cunde. Uno de los primeros en pronunciarse fue Ricardo Giraldo, el representante jurídico del Clan del Golfo, el grupo armado más grande del país. A través de su cuenta de X, el abogado ha calificado el hecho como grave y asegura que no hay confianza para sentarse a dialogar, pues existe el temor de que cualquier negociador sea capturado. El Clan del Golfo también se ha pronunciado, en defensa de Araña. “Fue una encerrona. Ningún grupo armado ilegal después de esto va a querer sentarse con el Gobierno”.
La incertidumbre está alimentada también porque ya se han revelado otras fisuras en la protección jurídica que tienen los negociadores mientras estén en una mesa, y que se concreta en la figura de “gestor de paz”. En diciembre pasado, el Gobierno retiró de esa categoría a los máximos comandantes del Clan del Golfo —Jobanis de Jesús Ávila Villadiego, Chiquito Malo; José Gonzalo Sánchez, Gonzalito; y José Miguel Demoya, Chirimoya— por tener pedidos de extradición en su contra. Además, este jueves trascendió que el Gobierno de Estados Unidos piensa categorizar al Clan del Golfo entre las organizaciones criminales internacionales que desea incluir en la lista de grupos terroristas para Estados Unidos.
La preocupación sobre las reglas mínimas para negociar tiene eco en Leonardo González, director de la reconocida oenegé Indepaz. El sociólogo recuerda que, si bien Colombia es miembro de Interpol, “los países miembros pueden aplicar su legislación nacional para determinar si detienen o no a una persona”. Efectivamente, la Interpol, un mecanismo de cooperación policial global, aclara que ningún país está obligado jurídicamente a detener a una persona con circular internacional. “Cada país miembro decide qué valor jurídico otorga a una notificación roja”, se lee en la página de la organización. Sin embargo, es usual que los países sí busquen ejecutarlas, precisamente como forma de cooperar con otros Estados.
Un exnegociador de paz, quien conoce las complejidades jurídicas de los procesos, explica que en ellos es fundamental una coordinación permanente entre la oficina del Comisionado de Paz, encargada de las negociaciones por el Ejecutivo, y la Fiscalía, que es autónoma. “Lo que es obvio aquí es que no se están hablando”, afirma. Aclara que desde antes de iniciar las mesas deberían resolver debates jurídicos como el del efecto de los pedidos de extradición o las circulares rojas. Justamente la falta de coordinación entre la Fiscalía, en cabeza de Néstor Humberto Martínez, y el Gobierno de Juan Manuel Santos, afectó las exitosas negociaciones con las extintas FARC; y luego la implementación de lo acordado.
La claridad y certeza son fundamentales para los integrantes de los grupos armados que buscan negociar y tienen pendientes con la justicia norteamericana, algo usual y esperable en un país en el que el narcotráfico es gran combustible de los ilegales. Para Carlos Blanco, abogado de otros interesados en las negociaciones, la falta de una inmunidad clara durante los diálogos deja en duda cualquier esfuerzo de paz. “Sin esa garantía no hay forma de pensarse ninguna negociación”, concluye.
