A un año largo de dejar el poder, Gustavo Petro vuelve a poner sobre la mesa su resistida idea de cambiar la Constitución Política de Colombia, solo que esta vez la acompaña de un supuesto origen popular. El presidente ha insistido esta semana en que si las cortes tumban la consulta popular que decretó el miércoles –a pesar de que la mayoría de expertos cuestiona la legalidad de esa jugada–, el Gobierno buscará 8 millones de firmas para persistir en la convocatoria, y eventualmente para convocar una Constituyente. “El pueblo ya decidió y no se va echar para atrás. Todos los instrumentos que existen en Colombia, inclusive la Asamblea Nacional Constituyente, se usarán”, aseguró en un discurso en la ciudad de Cali.
Al nuevo ministro de Justicia, Eduardo Montealegre, que ejerce como estratega jurídico del Gobierno desde mucho antes de posesionarse, le correspondió destapar las cartas del presidente. La Constitución “ya no tiene una capacidad de resolver los problemas del siglo XXI”, dijo este jueves en una extensa entrevista radial, en la que explicó que Petro se plantea “una convocatoria constituyente de origen popular”. Ese matiz explica la cifra de 8 millones de firmas, que corresponden al 20% del censo electoral en un país de 52 millones de habitantes. “Los mecanismos de participación ciudadana en desarrollo de la Constitución del 91 presentan la posibilidad de que existan iniciativas legales de origen popular”, abundó Montealegre, quien reconoció que su tesis era una “herejía” jurídica. Incluso sostuvo que un proyecto de ley de esas características no necesita pasar por el Congreso, lo que acentúa las críticas que acusan al presidente de violar la separación de poderes y querer saltarse los contrapesos institucionales.
“Las herejías jurídicas pueden acabar en un camino sin retorno”, le respondió muy pronto su antecesora, Ángela María Buitrago, quien renunció el mes pasado motivada por “intentos de injerencia” en su gestión. “Es prudente decir que hay momentos en que hay que utilizar mecanismos democráticos como la consulta popular, el plebiscito y demás, pero lo que no puedo aceptar es que en el tema particular se genere un salto con garrocha, que es utilizar a la población para hacer una Asamblea Constituyente cuando es interés del Gobierno”, advirtió la jurista, que antes había sido ternada por Petro para fiscal general.
El mandatario ya había lanzado su propuesta para echar a andar un proceso constituyente en marzo del año pasado, también desde Cali, en otro momento en que sus reformas se atascaban en el Congreso. El rechazo entonces fue prácticamente unánime, y llegó desde las más diversas orillas. En buena medida, debido a que el ahora presidente aseguró en infinidad de ocasiones, y lo repitió en campaña, que por ninguna razón se proponía convocar una Constituyente. Incluso llegó a firmar esa promesa en una tabla al estilo de los diez mandamientos en su fallida aspiración del 2018, para atraer al centro político.
“No luce necesaria una nueva Asamblea Nacional Constituyente en estos momentos”, dijo en su día Antonio Navarro Wolff en un mensaje escueto, pero contundente por venir de quien vino. Luego de firmar la paz, Navarro fue uno de los tres presidentes de la asamblea que redactó la celebrada carta política que rige a Colombia desde hace más de 30 años, el único de ellos que sigue vivo. Representaba entonces a la Alianza Democrática M-19, el movimiento político que surgió de la guerrilla a la que pertenecieron tanto él como Petro. La Constitución de 1991 es su mayor legado.
El presidente ha dicho en más de una ocasión que la Constitución nunca se aplicó, ni se construyó el Estado social de derecho que prometía. Esa visión crítica de una carta política en la que el M-19 fue protagonista es cuando menos llamativa. La historia es conocida. Navarro persistió en la palabra empeñada en el acuerdo de paz que firmó, a pesar del asesinato de Carlos Pizarro Leongómez, el último comandante de aquella guerrilla, baleado en un avión en abril de 1990, cuando era candidato presidencial. Esa campaña se saldó con el asesinato de otros tres aspirantes, entre ellos el favorito, Luis Carlos Galán. El fantasma de los magnicidios de aquellos tiempos ha vuelto a aparecer esta semana luego del atentado del sábado contra el precandidato de oposición Miguel Uribe Turbay, quien sigue luchando por su vida en una clínica de Bogotá.
En aquel ambiente convulso se abrió paso el movimiento estudiantil de la séptima papeleta, una movilización que allanó el camino para redactar una Constitución que reemplazara a la de 1886. La AD M-19 fue la fuerza mayoritaria de aquella Asamblea Nacional Constituyente –con el 27% de los constituyentes–. Muy cerca estaban el Partido Liberal y el Movimiento de Salvación Nacional, del conservador Álvaro Gómez. Por eso se escogió una presidencia colegiada compuesta por Navarro, Gómez y el liberal Horacio Serpa. Fue una postal de pluralidad en medio de un gran consenso nacional, lo que los expertos llaman un “momento constituyente”, en un marcado contraste con la pugnacidad actual.
Desde distintas orillas recuerdan que la Constitución no solo tiene las herramientas para las transformaciones sociales por las que aboga Petro, sino que fue concertada por muchos sectores. Fue un gran acuerdo nacional, justamente como el que proponía el presidente en la primera mitad de su cuatrienio pero que después dejó de lado. El Gobierno, sin embargo, insiste en hay un “bloqueo institucional” y sistemático del Congreso a las reformas sociales, un concepto del que volvió a echar mano Montealegre, que también ha sido fiscal y magistrado. Esa teoría ignora que el Legislativo le ha aprobado al Ejecutivo una reforma tributaria, otra pensional y el Plan Nacional de Desarrollo, a pesar de haberle hundido otra serie de proyectos. O que la revivida reforma laboral, la causa original de la consulta popular que ya había sido rechazada por el Senado, sigue su trámite legislativo.
Hace justamente un año, el excanciller Álvaro Leyva –que ahora pasó a acusar a Petro de tener una adicción que afecta su capacidad para gobernar– defendía con vehemencia una rebatida tesis, según la cual un párrafo del acuerdo de paz de 2016 que habla de un “acuerdo político nacional” facultaba a Petro para convocar una Constituyente por decreto, sin pasar por el Congreso. Esa idea fue ampliamente considerada un disparate, y desmentida por todos los demás negociadores que participaron en los diálogos de La Habana, incluso por el presidente que selló ese histórico pacto, Juan Manuel Santos. Prácticamente todos los juristas recordaron en coro que una Asamblea Constituyente solo se puede convocar usando los procedimientos que establece la carta política de 1991. Con una notable excepción, la de Eduardo Montealegre, el ahora flamante ministro de Justicia de Gustavo Petro.
