La ambiciosa promesa de la paz total para Colombia, con la que Gustavo Petro comenzó su mandato, se ha desmoronado. Pero a pesar de los múltiples obstáculos y tropiezos, esa idea de mesas de negociación simultáneas con distintos grupos armados sobrevive en el departamento de Nariño, la esquina suroccidental de Colombia, en la frontera con Ecuador y con costa sobre el océano Pacífico. En esa suerte de laboratorio de paz territorial, los delegados del Gobierno han alcanzado recientemente acuerdos significativos tanto con los Comuneros del Sur, un frente díscolo que se desprendió de la guerrilla del ELN, como con la Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano (CNEB), que reúne a dos estructuras disidentes de las extintas FARC que operan principalmente en Nariño y en el vecino Putumayo.
Hace poco más de una semana, el Gobierno acordó crear zonas de ubicación temporales en esos dos departamentos fronterizos que agrupen a 120 combatientes de la CNEB dispuestos a llegar a la entrega de armas y la reincorporación a la vida civil. La coordinadora es, en realidad, una sombrilla que cobija a dos grupos, Comandos de la Frontera y Coordinadora Guerrillera del Pacífico, luego de la escisión de la Segunda Marquetalia a finales de 2024. En Tumaco, durante el quinto ciclo de negociaciones, los delegados pactaron poner en marcha una Zona para la Capacitación Integral y Ubicación Temporal en el municipio de Roberto Payán, en la región costera de Nariño, y otra en áreas por definir de Putumayo. También se han comprometido a realizar actividades de desminado humanitario, búsqueda de desaparecidos y entregar material de guerra.
Ese anuncio se suma a los resultados tangibles con los Comuneros del Sur, que se convirtieron en el primer grupo que entrega armamento al Gobierno. En abril, renunciaron a 585 artefactos explosivos que fueron destruidos por el Ejército. El presidente Petro incluso asistió al evento para oficializar esos pasos en Pasto, la capital departamental. Los negociadores han firmado acuerdos en favor de las víctimas, la memoria histórica, la fiscalización de la minería ilegal y la sustitución de 5.000 hectáreas de cultivos ilícitos.
Con 69.000 hectáreas, más de 30.000 de ellas en Tumaco, Nariño es el departamento con más cultivos de coca de Colombia. La costa del Pacífico es la salida natural para las rutas del narcotráfico hacia México y Centroamérica, que tienen como destino principal el mercado estadounidense.
‘Nada está acordado hasta que todo esté acordado’, fue el principio que se aplicó en su día en la exitosa negociación de paz con las FARC, durante el Gobierno de Juan Manuel Santos (2010-2018). En Nariño se ha optado ahora por otro camino, en el que se ha venido dialogando, negociando e implementando a la vez, dice a este periódico el gobernador, Luis Alfonso Escobar. “La clave es entender que ese diálogo nacional tenía sentido en una interpretación del conflicto en donde las FARC eran una estructura monolítica en el país; hoy las estructuras armadas no tienen sino una expresión regional, y por eso se pelean entre ellas por las rentas criminales del narcotráfico y de la economía ilegal del oro”, explica.
La base principal del diálogo con las estructuras armadas que han tomado la decisión de negociar con el Estado es generar condiciones para el tránsito de las economías ilícitas a las lícitas, la seguridad jurídica de los que negocian –hoy en entredicho– y la transformación territorial a través de las inversiones de los gobiernos nacional, departamental y municipal, que permitan acelerar las transformaciones territoriales, detalla. Hay que acelerar las inversiones en agua, energía, salud, vivienda o vías. Se trabajan acuerdos para sustituir, en conjunto con las comunidades, 20.000 de esas 69.000 hectáreas de coca que hay en el departamento.
El gobernador Escobar, del oficialista Pacto Histórico, reivindica que es el único gobierno departamental que ha acompañado decididamente la política de paz total, “pero entendiendo que debe tener una expresión territorial”. Todo acompañado por la presión del Ejército, para combinar seguridad con la continuidad de los diálogos a pesar de las dificultades, aclara.
Entre esos obstáculos sobresale la sombra de la extradición, exacerbada por la detención de Andrés Rojas, Araña, el máximo comandante de los Comandos de la Frontera y uno de sus delegados en la mesa. Agentes de la Fiscalía lo detuvieron por sorpresa el 12 de febrero en un hotel de Bogotá, a la salida de un ciclo de negociaciones, por un pedido de Estados Unidos relacionado con narcotráfico. A la espera de definir la situación de Araña, el presidente Petro frenó recientemente otra extradición, la de Gabriel Yepes Mejía, alias HH, el comandante de los Comuneros del Sur. El Ejecutivo decidió “suspender la entrega” de Yepes “mientras contribuya con aportes verificables y resultados concretos en el proceso de consecución de la paz total”, a pesar del riesgo de tensar aún más las relaciones con Washington. Como ha recordado el mandatario, las órdenes de extradición pueden cesar si los procesos de paz demuestran avances de importancia. El marco jurídico sigue siendo una tarea pendiente de la política del Gobierno.
Los resultados en un proceso de paz se muestran en vidas salvadas, defiende el gobernador Escobar, que echa mano de cifras para mostrar la reducción de asesinatos relacionados con el conflicto (83% en 2024), el desplazamiento (16%) o el reclutamiento forzado de niños y niñas (40%), entre otras. También considera que hay condiciones para dialogar con otras disidencias, las del Estado Mayor Central, y así avanzar en el departamento hacia un cese al fuego multilateral, es decir, entre grupos armados y no solo con el Ejército.
Las distintas estructuras luchan por el control territorial, y muchas veces pelean entre ellos, más que contra el Estado. “La apuesta del Gobierno tiene que ser someterlos en materia de seguridad para atacar las rentas criminales, pero hay espacios y zonas donde estos grupos tienen acuerdos tácitos de no agresión, allí es posible experimentar un cese al fuego bilateral o multilateral”, apunta.
