La elección del abogado Héctor Carvajal a la Corte Constitucional no es una buena noticia para la justicia constitucional colombiana. En este proceso de elección —con terna presidencial y elección del Senado— la Corte retrocedió en paridad de género, independencia e idoneidad de sus integrantes para el ejercicio del cargo. Tampoco hubo una convocatoria pública que garantizara que las personas mejor preparadas llegaran a esta posición, ni una oportunidad real para que la sociedad civil y la academia intervinieran y acompañaran este proceso.
Se retrocedió en paridad de género. El cargo de Carvajal era el de una magistrada, Cristina Pardo, una jurista independiente, con mucha experiencia y exmagistrada auxiliar de la Corte por muchos años. Las mujeres que se incluyeron en la terna, con más experiencia judicial que el elegido, confirmaron una tendencia: en ternas de un hombre y dos mujeres, el Congreso desafortunadamente tiende a elegir al hombre. Después de su elección la Corte queda solo con tres magistradas.
Se retrocedió en independencia judicial. El elegido no es solo el abogado del presidente Petro, sino que lo ha sido de muchos políticos que votaron por él en su elección. Sin ningún pudor aludió a ellos en su discurso ante el Congreso. Esta cercanía con figuras políticas podría comprometer la imparcialidad que debe caracterizar a un magistrado de la Corte Constitucional. Aclaro que creo que también fue inconveniente en su momento que los presidentes Duque, Santos y Uribe incluyeran en sus ternas a sus secretarios jurídicos o personas cercanas. Petro continuó y profundizó esta preocupante tendencia.
Se retrocedió en la idoneidad para el ejercicio del cargo. El recorrido académico y profesional de Carvajal no es el de un magistrado de la Corte y no alcanza los estándares que históricamente han caracterizado a quienes ocupan esta alta dignidad. Además no hubo convocatoria pública de los aspirantes, incumpliendo lo que señala la Constitución en su artículo 126. Este requisito no es una simple formalidad, sino una garantía fundamental para identificar los mejores perfiles y ofrecer igualdad de oportunidades a todos los aspirantes. Su omisión constituye una vulneración a los principios de publicidad, transparencia, participación ciudadana, equidad de género y criterios de mérito para la selección de magistrados.
La actuación de Petro también fue de una enorme torpeza técnica, pues la edad de retiro forzoso obligará a que el próximo presidente deba reemplazar a Carvajal en pocos años. Se desaprovechó una oportunidad para que una jurista idónea, comprometida con la Constitución y el Estado de Derecho, estuviera en la Corte por un período de ocho años.
Pero no todo son malas noticias. La Corte Suprema conformó una terna de mujeres para el reemplazo de la magistrada Diana Fajardo en las próximas semanas y también puede hacer una convocatoria pública de una terna de solo mujeres para reemplazar a José Fernando Reyes en el segundo semestre de este año. De esa manera no se retrocederá en paridad de género en la Corte Constitucional. Creo que ambas cuestiones son jurídicamente viables y, además, compatibles con la Ley Estatutaria de Administración de Justicia, que ordena que los procesos de convocatoria deben estar diseñados para asegurar el cumplimiento de los principios de paridad, alternancia y universalidad en la participación de las mujeres dentro de las listas y ternas.
La Corte Constitucional toma decisiones muy importantes en la vida política del país y creo que la academia, los medios, las organizaciones de la sociedad civil y la ciudadanía debemos vigilar e incidir mucho más en el proceso de elección de sus miembros. Este es también un llamado de atención para nosotros. Nuestra buena suerte constitucional terminó. Es hora de participar de manera mucho más activa en estos procesos de elección y de velar por garantizar que las juristas más idóneas lleguen a la Corte. No hacerlo puede resultar muy costoso para nuestra democracia constitucional y sus instituciones.
