En pleno 2025, mientras Colombia debate reformas trascendentales y la ciudadanía exige respuestas a las crisis de salud, educación y seguridad, el país enfrenta una pregunta de fondo que pocos se atreven a formular: ¿puede un Estado altamente centralizado ofrecer soluciones eficaces a problemas tan diversos como los que viven Chocó, La Guajira, el Catatumbo o el Cauca?
La reciente discusión sobre la reforma a la salud —marcada por tensiones entre el Gobierno nacional y los entes territoriales— ha puesto sobre la mesa un debate más profundo: la necesidad de repensar el modelo de desarrollo desde las regiones. El futuro de Colombia no puede seguir siendo dictado por una sola ciudad, desconectada de las múltiples realidades que conviven en el país.
Es hora de asumir el pluralismo territorial, no como un concepto académico, sino como un imperativo político, social y ético. Solo cuando el desarrollo deje de depender de una lógica centralista y se construya desde la diversidad de nuestras regiones, podremos hablar de equidad real y progreso compartido.
Más que un problema técnico, el centralismo es una barrera estructural que frena el progreso de las regiones. Las decisiones que afectan la vida diaria de millones de colombianos se toman desde despachos lejanos, sin conocer ni comprender las realidades locales. Esta forma de gobernar ha dejado heridas profundas y ha alimentado un ciclo de dependencia que impide a las regiones desplegar su verdadero potencial.
Según el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE), en 2024 más del 60% de la inversión pública se concentró en solo cinco departamentos de Colombia, mientras Vaupés o Guainía apenas recibieron menos del 1% del total nacional. Esta brecha, además de alarmante, es insostenible. Mientras unas pocas ciudades cuentan con mega infraestructuras, otras luchan por tener una vía transitable o un hospital funcional. El centralismo crea dos países: uno con oportunidades y otro que sobrevive a pesar del olvido institucional.
Las consecuencias de esta concentración de poder son evidentes: inversión desigual en infraestructura, salud y educación; altísima dependencia fiscal; freno a la innovación local por falta de autonomía y recursos; y escasa representación real de las regiones en la toma de decisiones nacionales.
En lugar de ser protagonistas de su desarrollo, muchas regiones son receptoras pasivas de determinaciones que no consideran sus necesidades ni sus capacidades. Esta dinámica limita el crecimiento regional e impide que Colombia alcance mayores niveles de bienestar.
Frente a este escenario, el pluralismo territorial se presenta como una alternativa viable y urgente. Se trata de un modelo de desarrollo policéntrico, donde las regiones tienen mayor autonomía en la gestión de sus recursos y proyectos. Este enfoque reconoce que no existe una sola Colombia, sino muchas, y que cada una necesita herramientas para impulsar su propio crecimiento.
Entre los varios beneficios que trae este modelo debe destacarse: un fortalecimiento de la competitividad regional, al permitir que cada territorio defina sus prioridades económicas, estimulando así un desarrollo más eficiente y sostenible; una mayor participación ciudadana, pues las decisiones tomadas desde lo local reflejan mejor las necesidades y aspiraciones de la población; y un evidente equilibrio en la inversión pública, teniendo en cuenta que la distribución de recursos de manera justa reduce las brechas y mejora la calidad de vida en todo el país. Un justo desarrollo del espíritu de la Constitución de 1991.
Este modelo no significa replicar experiencias de otros países, pero sí aprender de ellas. En Canadá, las provincias gestionan sus recursos según sus realidades; Alemania crece con múltiples centros económicos; y las comunidades autónomas de España tienen competencias claves en educación y salud. Tres ejemplos para demostrar que el empoderamiento regional fortalece la unidad nacional.
Construir una Colombia policéntrica exige voluntad política, aunque también ciudadana. Por eso, hay que realizar acciones urgentes ya: reformas políticas y administrativas que otorguen mayor autonomía fiscal y legislativa a las regiones; inversión en infraestructura regional que conecte los territorios y mejore su competitividad.; fomento de la innovación y la inversión local con incentivos que fortalezcan economías propias; y plena garantía de que sea escuchada la voz de la representación regional en la agenda nacional.
El pluralismo territorial no es una amenaza para la unidad nacional, es una oportunidad para construir un país más justo, donde el lugar de nacimiento no determine las oportunidades de vida. Empoderar a las regiones es liberar el potencial del país entero.
Colombia necesita mirar hacia sus regiones con respeto y confianza, no con compasión. El centralismo ha demostrado ser un freno al desarrollo. Y está aún más recentralizado después de la pandemia. Es momento de construir un modelo que permita que cada región sea artífice de su futuro. La pregunta no es si estamos listos, sino si podemos seguir esperando. La conversación apenas comienza.
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