¿Qué es orden y qué es desorden? Esa es la pregunta. Para Gustavo Petro y los progresistas lo que venía del pasado era desorden y quieren cambiarlo. En contraste, para el Congreso, las Cortes y muchos expertos y técnicos, las propuestas petristas crean un desorden mayúsculo en muchos frentes de la vida económica y política de Colombia, donde los errores tienen enormes costos.
Esas visiones contrapuestas, la de los progres y la de los defensores de conservar algunas buenas instituciones, se han jugado a fondo en pugnas ruidosas durante los últimos 31 meses. El resultado hasta el presente es como sigue:
1) Hundimiento de la reforma política (febrero-2023); 2) fracaso de la primera reforma laboral (febrero-2023); 3) suspensión del decreto de regulación de servicios públicos por parte del Consejo de Estado (marzo-23); 4) declaración de inconstitucionalidad de la Emergencia Económica para La Guajira (octubre-2023); 5) fracaso del primer intento de reformar la salud (abril-2024); 6) reformulación y aprobación de la reforma pensional (junio-2024), y ponencia negativa en la Corte Constitucional, pendiente de definición (febrero-2025); 7) fracaso de la mini-tributaria, también llamada “ley de financiamiento” (diciembre-2024); 8) ponencia negativa de la reforma laboral votada en Comisión Séptima del Senado (marzo-2025); 9) múltiples llamados a la movilización popular, que terminan en lánguida asistencia, según dicen remunerada con recursos estatales o forzada por maestros oficiales que llevan a los colegiales a soportar unos discursos larguísimos y aburridísimos en la plaza de armas del palacio de Nariño, cosa ni edificante ni educativa (deben terminar aborreciendo la política).
El último encuentro entre las visiones contrapuestas ha sido a raíz de la reforma laboral. El proyecto de reforma limita los tipos de contratos temporales y las causales de rescisión; aumenta al recargo para el trabajo en domingos y festivos (de 75% al 100%); modifica el inicio del turno nocturno a las 6 p. m., en lugar de las 9 p. m. actual; y sube las indemnizaciones por despido. Las principales críticas son que genera rigideces en la contratación y el despido, y aumenta los costos laborales.
Los progres deben reconocer que en años recientes ha habido avances para los trabajadores. La Ley 1846 de 2017 cambió la hora de inicio de la jornada nocturna, que pasó de las 10 p. m. a las 9 p. m. Eso aumentó el valor total de los recargos por dominical/festivo. La Ley 1857 de 2017, conocida como la ley del “Día de la familia”, obligó a reconocer a los trabajadores dos días extra de descanso remunerado al año, lo cual encareció la mano de obra. El trabajador labora menos días, pero con la misma remuneración.
La Ley 2101 de 2021 aprobó la reducción de la jornada laboral de 48 a 42 horas semanales, en escalones de una hora por año, durante el período 2023-2026. Ya entraron en vigor los dos primeros escalones. Por último, en 2023 y 2024 el gobierno aumentó el salario mínimo por encima de la inflación en casi 7 puntos porcentuales, cosa que no tiene precedentes.
Ante el virtual hundimiento de la reforma laboral, Petro convocó a una consulta popular y a una movilización callejera. Hay suficiente evidencia de que acudir a las calles y al supuesto apoyo popular es un expediente gastado y riesgoso. Más aún, pedir que los votantes escojan el orden o el desorden que prefieren. Los votantes, de entrada, entienden poco, y no leerían los sesudos estudios del Banco Emisor y otras entidades que muestran que la reforma laboral es fatal.
Qué se le va a hacer. En Colombia, es prerrogativa presidencial incurrir en errores no forzados, precisamente cuando más duelen. Convocar a un referendo o una consulta como último recurso para no quedar mal, puede terminar en quedar aún peor. Se pierde el poco prestigio que hay y se reduce la gobernabilidad.
Ese fue el caso de Andrés Pastrana en el año 2000, Álvaro Uribe en 2003, y el referendo de Juan Manuel Santos en 2016 para aprobar el acuerdo de paz con las FARC. Perdieron en el Congreso (Pastrana), y en el voto popular (Uribe y Santos). Estos últimos, a pesar de que Uribe era popular y la paz de Santos tenía adeptos.
Ahora es el turno de Petro. Parece querer incurrir en lo que podría ser la última vergüenza de su atribulada administración. El ministro Benedetti dice que aspiran a sacar ocho millones a votos a favor de las reformas laboral y de salud. Quiere decir que les faltarían cinco millones seiscientos mil votos para que la consulta sobrepase el umbral (un tercio del censo electoral), no se hunda y no se despilfarre el medio billón de pesos que cuesta hacerla.
El día de la consulta, la oposición llamaría a quedarse en casa. Con eso, el Gobierno se dejaría contar y quedaría en evidencia que tiene pocas posibilidades de ganar en 2026. Sería un tiro en el pie, más aún si lo hacen el día de las consultas internas de los partidos.
Así las cosas, Petro y Benedetti deben estar buscando alguien que los saque de ese atolladero y les permita recular de una convocatoria a las urnas políticamente suicida.
La historia enseña que los referendos o las consultas están condenados al fracaso, bien sea en el Congreso o en los puestos de votación. La actual podría terminar siendo una derrota autoinfligida, en la que Petro intentó salvar las apariencias y las perdió por última vez. Su muy personal sentido del orden terminaría en más desorden para su Gobierno y para Colombia.
