¿Quién no quisiera tener una notaría? Una notaría de esas a las que llegan todos los días hombres de traje y mujeres elegantes para hacer registros de cualquier tipo de negocios, todos por montos excesivamente altos, es decir, de esos que dejan en la caja una suma cuantiosa de dinero proporcional al hecho jurídico que se acompaña y sobre el que tan solo basta con estampar un sello, hacer una firma para convertirse en garante. Es un trabajo cómodo en el que no hay que hacer más que esperar que lleguen los clientes. Sin necesidad de hacer publicidad alguna. Sin tener que pensar en hacerse famoso para devengar gruesas sumas de dinero. ¡Es un sueño ser notario! Sobre todo en Colombia, país de leguleyos, donde se considera al documento hecho en notaría una especie de papel sagrado, casi como las santas escrituras.
Tristemente, son pocas las oportunidades que existen para llegar a alcanzar ese sueño. Las notarías son pocas y los llamados a recibir el encargo por parte del Estado muy contados. Y es precisamente por esa razón que en octubre de 2022 el Consejo Superior Notarial definió que para reemplazar a los notarios ante cualquier vacante se iba a proceder de tal manera que se diera prelación a notarios que aspiraran al ascenso de categoría en el universo notarial, buscando así que, en vez de seguir con la nefasta práctica de nombrar notarios para premiar a amigos, se pudiera consolidar una carrera notarial.
La decisión tomada por dicho Consejo duró apenas un año y medio. Pues ese mismo órgano, integrado por dos ministros del Gobierno de turno, dos presidentes de las altas cortes, el procurador y dos delegados de los notarios, determinó en mayo de 2024 que el derecho preferente de los notarios en ejercicio para aspirar a notarías vacantes ya no iba a aplicarse y que una vez más sería el poderoso dedo del Ejecutivo quien tendría la potestad de nombrar en esos cargos a quien bien le venga en gana.
¡Vaya coincidencia! Justo dos meses después del cambio en la normatividad para elegir notario, el Gobierno de Petro nombró a Daniela Andrade, exvicepresidenta de la Fiduprevisora, como la nueva notaria 36 del circuito de Bogotá. ¡Vaya fortuna! Tras pocas semanas de haber renunciado a su cargo en la fiduciaria, la joven Daniela se ganó una afortunada lotería. ¿Pero qué hizo para tener tanta suerte?
Recordemos lo que pasó hace ya más de 20 años cuando dos representantes a la Cámara, Teodolindo Avendaño y Yidis Medina, recibieron sendas notarías como recompensa por lograr la aprobación de la reforma que dio luz verde a la reelección de Álvaro Uribe. ¿Será que Daniela hizo un acto heroico similar para merecer tal regalo?
De lo poco que se sabe de Daniela es que ella fue quien viabilizó y autorizó pagos por billones de pesos que fueron desviados a través de contratos de la Unidad de Gestión del Riesgo y el Fondo del Magisterio. ¿Acaso esa oscura misión resultó recompensada? ¿Fue el premio a permitir que se robaran la plata de todos los colombianos lo que la hizo merecedora de tal nombramiento?
Por lo pronto se sabe que fue el ministro de Justicia de entonces quien promovió el cambio en la regla y así terminó abriendo la puerta para que Daniela guardara silencio sobre lo que sabe de un robo indigno a todos los colombianos. Mejor dicho: una Yidis más.
