La empresa propietaria del inmueble del que fue desalojada una anciana de 87 años en Madrid está en el centro del debate sobre la crisis de la vivienda en España.
Maricarmen Abascal vivía desde hace 70 años en la casa, pagaba el alquiler cada mes y, por su edad y minusvalía, se ha convertido en una de las figuras más simbólicas de la problemática de los desahucios que se producen cada año en el país europeo.
Según el Consejo General del Poder Judicial, fueron más de 25.000 en 2025.
El desalojo de la mujer expone la gravedad de la situación habitacional en España, donde el precio de los alquileres ha subido exponencialmente en los últimos años debido a una combinación de factores: escasez de oferta, aumento de la población en las principales capitales y la presión de los apartamentos turísticos de corta duración.
El número 46 de la calle Alcalde Sainz de Baranda, donde vivía Maricarmen, se encuentra en el cotizado distrito de Retiro, una de las zonas más caras de Madrid.
Después de un litigio de varios años en el que la justicia finalmente falló a favor de Urbagestión Desarrollo e Inversión SL, la empresa propietaria del inmueble, la comisión judicial ejecutó el desalojo el miércoles.
Frente a la puerta del edificio, decenas de activistas se concentraron para intentar impedir, sin éxito, el cuarto intento de desahucio.
Un fuerte dispositivo policial disolvió una acampada de unas 400 personas.
La indignación llegó incluso a la ONU, que había solicitado la suspensión del desahucio de Maricarmen y reclamado a las autoridades españolas que le garantizaran una alternativa habitacional adecuada.
Tras la ejecución del desalojo, el relator especial de la ONU para el derecho a la vivienda, Koldo Casla, dijo: «No hay manera de entender de qué forma puede ser justificado primar la rentabilidad de una inversión inmobiliaria sobre el derecho a la vivienda de una mujer de 87 años que cobra 1.300 euros de pensión y lleva 70 años viviendo en esa casa».
Casla recordó que «hace unos meses el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (DESC) de la ONU decretó medidas cautelares para suspender temporalmente el desahucio».
«La jueza debería haberlo suspendido para evitar un daño irreparable», añadió.
El presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, calificó el desalojo como una «tragedia» inaceptable.
¿Qué es Urbagestion y a qué se dedica?
Constituida en octubre de 2005, en pleno auge de la burbuja inmobiliaria en España, Urbagestión Desarrollo e Inversión SL -que opera comercialmente también bajo el nombre de Urbagesa- ofrece «inversiones rentables en inmuebles de uso comercial, oficinas, industrial, logística, residencial y suelo».
Según sus propias palabras, su actividad consiste en aumentar el valor de edificios tras comprarlos, vaciarlos de inquilinos y hacer reformas.
Con sede central en Madrid y delegación en Valladolid, la empresa abarca el territorio nacional, aunque cuenta solo con siete empleados, según los datos recogidos por la agencia EFE en la plataforma de información sobre empresas einforma, que también la clasifica como «microempresa».
Según datos de Axesor, una empresa española especializada en información empresarial, financiera y de riesgo crediticio, Urbagestión está vinculada a los empresarios Ricardo Alonso Fernández y Fernando Alonso Fuentes.
BBC Mundo intentó contactar con la firma a través del formulario de su página web y de los dos teléfonos de contacto disponibles públicamente, pero todo parecía colapsado.
No fue posible hablar con ningún responsable para ofrecerles y que ejercieran su derecho de réplica.
La cartera de proyectos de Urbagestion incluye una decena de edificios de viviendas en venta, casi todos en Madrid.
Entre ellos hay uno «actualmente vacío y para reformar» junto a Gran Vía, una de las principales arterias comerciales de la capital, cuyo precio supera los US$14 millones, según cita la agencia EFE.
Contrato de renta antigua
El edificio en el que se encuentra el piso donde vivía Maricarmen fue comprado en 2018 por Renta Corporación, uno de los grandes grupos inmobiliarios españoles.
La empresa le ofreció a Maricarmen la opción de comprar la vivienda por unos US$290.000 euros, pero, con una pensión que no supera los US$1.500, la anciana no podía afrontar ese monto.
Dos años después, Urbagestión adquirió el edificio a Renta Corporación y solicitó a Maricarmen un alquiler de unos US$3.000, frente a los US$570 que ella venía pagando gracias a un contrato de renta antigua firmado por sus padres en 1956.
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En el caso de Maricarmen, la renta mensual que abonaba suponía una cifra muy inferior a los alquileres de la zona y esto minaba la rentabilidad del inmueble para su propietario.
Urbagestión defendía que el contrato antiguo había terminado y reclamaba la cantidad actualizada.
La proliferación de los fondos
En sus escasas comunicaciones desde que estalló el caso, Urbagestión subraya que es una pequeña empresa y pide que no se la equipare a los fondos de inversión, a menudo descritos como «fondos buitre».
Pero algunos expertos señalan que comparte con ellos una lógica económica: identificar activos, comprarlos, reformarlos y venderlos por una cantidad más elevada para obtener una rentabilidad lo más rápido posible.
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En las últimas dos décadas, grandes fondos de inversión han irrumpido en el mercado español para convertirse en los mayores tenedores de viviendas en el país.
Firmas como Blackstone, Cerberus y Goldman Sachs, entre otras, desembarcaron en España en los años en los que las dificultades en el acceso a la vivienda se acentuaban.
En ese contexto, los inmuebles han experimentado una pronunciada revalorización y el mercado local se ha revelado como un polo atractivo para inversores internacionales con grandes cantidades de capital disponible, como los grandes fondos estadounidenses.
El economista Raymond Torres, del centro de análisis español Funcas, le dijo a BBC Mundo que «el mercado en España se caracteriza por una demanda muy fuerte, lo que lo hace muy atractivo para los inversores de otros lugares que tienen la seguridad de que van a poder vender el bien que han adquirido y que los precios escalan año tras año».
Ya son 12 años acumulados al alza y las cifras revelan que la subida de los precios se está acentuando.
Los expertos coinciden en que el encarecimiento de la vivienda aumenta el riesgo de desahucio, especialmente entre los inquilinos más vulnerables como Maricarmen, aunque la evolución de los desalojos también depende de factores legales, económicos y sociales.
La ministra de Vivienda de España, la socialista Isabel Rodríguez, insistió en que el gobierno de coalición de izquierdas (en minoría) intentó en repetidas ocasiones aprobar una ley para prohibir tales desalojos, y acusó a la Comunidad de Madrid —gobernada por conservadores— de «alfombrar el camino a estos especuladores».
Maricarmen está ahora en el hospital, pero su vivienda, ya vacía, aún conserva su pertenencias y sus recuerdos de toda una vida.
