El desahucio de una mujer de 87 años del apartamento donde residía alquilada desde hace siete décadas ha puesto el foco sobre la gravedad de la crisis de la vivienda en España.
Maricarmen, inquilina de un piso de 92 metros cuadrados en el acomodado barrio de Retiro, en el centro de Madrid, fue desalojada este miércoles al no poder hacer frente a la subida de alquiler exigida por la empresa de inversión propietaria del inmueble.
Después de un litigio de varios años en el que la justicia falló a favor de la empresa propietaria del inmueble, la comisión judicial ejecutó el desahucio al cuarto intento.
Maricarmen, que tiene movilidad reducida y una discapacidad del 50%, salió de la vivienda en camilla, fue trasladada al hospital y, tras una revisión médica, decidió alojarse con familiares.
Frente a la puerta del edificio, decenas de activistas se concentraron para intentar impedir el desahucio, mostrar su apoyo a la mujer y protestar contra la situación del mercado inmobiliario en España, marcada por un acceso cada vez más difícil a la vivienda y el encarecimiento de los alquileres.
Beatriz Duro, abogada de Maricarmen, criticó: «Aquí se van pasando la pelota y nadie asume la responsabilidad y todo el mundo dice que es el de al lado».
El caso de Maricarmen también ha puesto en el foco los llamados contratos de renta antigua, firmados hace décadas y sujetos a normas especiales sobre el precio del alquiler y su transmisión a los familiares del inquilino.
Qué ha ocurrido
La octogenaria vivió en el piso de la calle Alcalde Sainz de Baranda durante siete décadas, desde 1956, cuando su padre firmó el contrato de alquiler.
Tras la muerte del padre, su esposa pasó a ocupar su lugar como inquilina; y, cuando esta murió en 2005, el contrato pasó a su hija Maricarmen.
Maricarmen residía en la vivienda como inquilina bajo un contrato que pertenecía al régimen conocido en España como renta antigua: alquileres firmados durante la dictadura franquista (1939-1975) que después conservaron condiciones diferentes a las de los contratos nuevos, incluida una renta históricamente baja.
Pagaba 500 euros al mes de alquiler (unos US$573), una cantidad muy inferior al precio actual de mercado, especialmente teniendo en cuenta el tamaño del apartamento y su localización en uno de los barrios más privilegiados de Madrid.
Con el paso del tiempo, la ley permitió que algunos contratos antiguos de alquiler siguieran vigentes, y cambió las reglas sobre cómo podía actualizarse la renta y qué familiares podían continuar el contrato cuando fallecía el inquilino.
Por eso, el hecho de que el piso cambiara de dueño no ponía fin automáticamente al alquiler: primero había que determinar si el contrato de Maricarmen seguía vigente.
Según la interpretación del Tribunal Supremo, en el caso de Maricarmen el contrato no podía prolongarse indefinidamente por tratarse de una segunda sucesión.
En 2018, la familia propietaria vendió el edificio a la empresa Renta Corporación, que dos años después ofreció a Maricarmen comprar el piso por 247.000 euros (US$282.000), pero ella alegó que no podía asumir el precio.
Tras rechazar la oferta, el mismo año 2020 Renta Corporación vendió la vivienda a Urbagestión, la actual propietaria.
Urbagestión reclamó inicialmente a la inquilina 2.650 euros (US$3018) mensuales y después planteó aceptar 1.650 euros (US$1879).
Esa última suma superaba en 300 euros (US$341) la pensión mensual de 1.350 (US$1537) euros que recibe Maricarmen.
Según su abogada, Maricarmen siguió pagando la renta que venía abonando y nunca se negó a pagar.
La empresa, por su parte, defendía que el contrato antiguo había terminado y reclamaba la cantidad actualizada.
El desahucio y la protesta
Maricarmen, que tiene dificultades para caminar y vivía en un sexto piso, salió en camilla y fue trasladada en ambulancia al hospital Gregorio Marañón, donde se le practicó una revisión médica.
La octogenaria, que rechazó alojarse en una residencia temporal de la Comunidad de Madrid, se trasladó a casa de unos familiares.
Activistas y simpatizantes de Maricarmen acamparon frente al edificio la noche anterior al desahucio, entre ellos algunas figuras públicas como el actor Carlos Bardem —hermano de Javier Bardem— y la cantante Ana Belén.
En la mañana, cientos de personas se congregaron para intentar impedir el desalojo, bloqueando el portal y las escaleras del edificio y coreando consignas como «Maricarmen se queda».
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La policía acordonó un tramo de la calle y retiró a manifestantes y periodistas de la entrada, donde hubo cargas policiales contra algunos de los activistas, que denunciaron golpes y el uso de gas pimienta.
La Delegación del Gobierno afirmó que los agentes actuaban por mandato judicial.
En junio, el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de la ONU pidió que se paralizara el desahucio mientras examinaba el caso o que se ofreciera a Maricarmen una alternativa de vivienda adecuada.
Según medios españoles, una conocida escritora se ofreció desde el anonimato a cubrir la diferencia entre los 500 euros que pagaba Maricarmen y los 2.650 euros reclamados por la empresa, además de cualquier deuda que se le exigiera.
Sin embargo, según la abogada de Maricarmen, la empresa rechazó la oferta y el desahucio siguió adelante.
El Ministerio de Vivienda afirmó también que CASA 47, la entidad pública de vivienda, había ofrecido comprar el piso y que Urbagestión rechazó la propuesta.
La BBC intentó ponerse en contacto con la empresa.
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La crisis de la vivienda en España
La escasez de viviendas disponibles en grandes ciudades como Madrid o Barcelona se plantea como la principal causa de la subida de los alquileres.
En Madrid, los precios medios del alquiler anunciados en Idealista, el portal más usado para compraventa y alquiler de inmuebles, alcanzaron 23,3 euros (US$26,5) por metro cuadrado en agosto de 2026, un 5,1% más que un año antes.
En agosto de 2016 el promedio del alquiler era de 12,8 euros (US$14,5) por metro cuadrado, por lo que el aumento acumulado en diez años fue de alrededor de más del 80%
El Banco de España calcula que, entre 2021 y 2025, se construyeron 750.000 viviendas menos de las necesarias para atender la demanda.
La brecha se vio con claridad en 2025: ese año se formaron unos 240.000 hogares nuevos, cada uno con necesidad de vivienda, pero solo se incorporaron al mercado unas 92.000 viviendas nuevas.
La ministra española de Vivienda, Isabel Rodríguez, calificó la jornada del desahucio de Maricarmen como «un día muy triste y dramático» y habló de las consecuencias de la especulación.
El gobierno de coalición liderado por el socialista Pedro Sánchez ha culpado en repetidas ocasiones a las empresas de inversión inmobiliaria de la situación en el mercado de la vivienda.
En contraste, algunos expertos sostienen que es necesario construir más viviendas y advierten de que la inseguridad jurídica bajo las leyes actuales —los procesos de desahucio por impago u ocupación ilícita pueden durar años— disuade a muchos propietarios a la hora de poner sus pisos en alquiler.
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