El terremoto dejó graves afectaciones materiales, especialmente en el barrio Cuarto de Legua, sobre la Calle Quinta con carrera 57. Los propietarios de los locales comerciales adyacentes enfrentan una compleja situación de abandono marcada por la falta absoluta de energía eléctrica, una inseguridad desbordada y la ausencia de ayudas gubernamentales tangibles.
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La falta de electricidad se ha convertido en el principal obstáculo para la reactivación de estos negocios. Juan Esteban del Valle, propietario del taller de motos Biker Factory, denunció que llevan 25 días sin servicio de energía comercial.
A pesar de que han acudido ocho cuadrillas de trabajadores técnicos con la promesa de restablecer el servicio, hasta el momento ninguna ha dado una solución definitiva. De acuerdo con las versiones entregadas a los afectados, el desplome de los postes causado por la caída de la edificación vecina (Edificio María Elvira) es el origen del daño.
Ante la falta de respuesta de las autoridades y de la empresa de servicios públicos, los comerciantes han tenido que improvisar; en el taller de motos, por ejemplo, deben trabajar a oscuras apoyándose únicamente en una pequeña lámpara recargable con energía solar.
A esta problemática se suma una alarmante facturación de los servicios. Los afectados reportan que les han llegado recibos de cobro de energía con incrementos de hasta 80,000 pesos colombianos en comparación con el mes anterior, a pesar de haber tenido un consumo idéntico y de encontrarse sin suministro real de energía durante más de tres semanas.
Asimismo, la reapertura vehicular de la Calle Quinta se dio apenas recientemente, luego de haber permanecido completamente cerrada al tráfico, un periodo en el cual los clientes no podían acceder y donde incluso se reportaron intentos de multas por parte de las autoridades de tránsito a usuarios que intentaban acercarse a los locales comerciales para retirar sus vehículos.
La respuesta institucional para los comerciantes de la calle Quinta ante la pérdida total
El impacto económico y social golpea con fuerza la salud y el sustento de las familias del sector. David Cano, representante de los locales «Cachorritos» y de una lavandería que opera su madre, relata que la inactividad forzada ha provocado serios problemas de estrés y constantes dolores de cabeza en ella, quien es mujer cabeza de hogar y depende enteramente del funcionamiento diario de sus máquinas para sostener a su hijo.
La situación de seguridad empeora notablemente el panorama, ante el retiro de las fuerzas policiales y de la policía militar hace dos semanas, la zona queda completamente sola en la tarde, obligando a los comerciantes a cerrar sus puertas a las 4:30 p.m. para evitar asaltos.
Ante la falta de capacidad operativa de los cuadrantes oficiales, los propios vecinos han tenido que organizarse para enfrentar la delincuencia, llegando incluso a capturar físicamente a delincuentes en flagrancia para evitar robos a transeúntes.
En el caso de Miguel Ángel Escobar, propietario del taller y almacén de bicicletas «Monster an Bike«, evidencia la gravedad del desamparo tras la catástrofe. Su local, un emprendimiento de cinco años construido desde cero, quedó completamente inhabitable y con mercancías de gran tamaño atrapadas en su interior.
Escobar se ha visto obligado a realizar pequeñas reparaciones en plena calle para obtener algún sustento diario. Pese a haber completado todos los registros y censos requeridos ante la Alcaldía y la Unidad de Gestión del Riesgo (incluyendo el registro del RUT y el Registro Único de Damnificados, RUFE), la única respuesta oficial obtenida tras casi un mes de espera ha sido que debe aguardar.
Hasta la fecha, Escobar señala que no ha recibido ni una libra de arroz ni ayudas alimentarias básicas, mientras debe responder por gastos esenciales como el arriendo de su vivienda y la alimentación de su familia.
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Adicionalmente, los grandes bloques de cemento y escombros del edificio colapsado permanecen sobre la vía pública sin que la administración local haya procedido a su remoción, constituyendo un riesgo constante de nuevos desplomes para quienes transitan por la zona.
Ante este panorama, los comerciantes requieren de la intervención urgente de la Alcaldía de Cali y de las Empresas Municipales de Cali (Emcali) para que retiren los escombros peligrosos, garanticen la presencia continua de la fuerza pública en horarios nocturnos y restablezcan el suministro eléctrico de manera formal o provisional.
