El silencio con el que las campanas de las iglesias recibieron los primeros rayos del sol del 1 de agosto de 1926 anunciaba que aquel sería un domingo distinto en México.
La noche anterior, los obispos mexicanos habían puesto en marcha una medida sin precedentes en la historia del catolicismo mundial: la suspensión de misas, matrimonios, bautizos, funerales y cualquier otro servicio religioso en todo el país.
La decisión fue la respuesta a los nuevos intentos de las autoridades por secularizar el país mediante iniciativas como la reforma del Código Penal conocida como «Ley Calles», en alusión al entonces presidente Plutarco Elías Calles.
El instrumento buscaba hacer valer las disposiciones anticlericales incorporadas a la Constitución de 1917 y establecía multas para los religiosos que vistieran sotanas y hábitos en público, así como penas de cárcel para quienes cuestionaran abiertamente las políticas gubernamentales.
Además, limitaba el número de sacerdotes que podía haber en el país y los obligaba a registrarse ante instancias públicas para poder ejercer su ministerio.
El gobierno no se quedó de brazos cruzados y se hizo con los templos vacíos, lo cual provocó una reacción de los fieles. Tres días después, decenas de personas armadas tomaron una iglesia en Guadalajara, ciudad en el oeste del país, donde se enfrentaron a las tropas gubernamentales allí instaladas.
El incidente fue uno de los primeros de un conflicto armado que dejó unos 250.000 muertos, según las cifras oficiales, y que pasó a la historia con el nombre de La Cristiada o guerras cristeras, por el lema de los alzados contra el gobierno: «¡Viva Cristo Rey!».
Un conflicto que se venía cocinando
¿Cómo un país conocido por su devoción a la Virgen de Guadalupe terminó inmerso en un enfrentamiento militar, religioso y político? Expertos consultados por BBC Mundo aseguraron que la respuesta está en sucesos ocurridos décadas antes.
«La guerra cristera es un episodio más de la revolución mexicana», afirmó el historiador franco-mexicano Jean Meyer, autor de «La Cristiada», un extenso estudio de tres tomos sobre el conflicto.
En similares términos se pronunció el también historiador mexicano Ulises Íñiguez Mendoza, quien explicó: «Los gobiernos posrevolucionarios buscaban imponer un modelo de sociedad laica y asignaron a la Iglesia un papel mucho más limitado y, en ocasiones, francamente, mantuvieron una actitud hostil hacia ella».
El profesor de la Universidad de Guadalajara recordó que bajo el gobierno del general Venustiano Carranza se dictó la Constitución de 1917, la cual contenía cinco artículos (3, 5, 24, 27 y 130) abiertamente anticlericales.
Las normas constitucionales prohibían a la Iglesia dirigir escuelas, también proscribían las órdenes monásticas, limitaban al culto al interior de los templos, despojaban a las iglesias de personalidad jurídica y, por lo tanto, les impedía poseer propiedades, además de estipular que todos los religiosos debían ser de nacionalidad mexicana.
«El modelo de control de la población que los gobiernos posrevolucionarios querían imponer los hacía entrar en conflicto con el control que, sin duda, también tenía la Iglesia católica», explicó Íñiguez.
«En esa época, la Iglesia promovía, por ejemplo, una forma de sindicalismo y de reparto agrario que se oponían, en muchos sentidos, al proyecto de nación del Estado posrevolucionario mexicano», agregó.
No obstante, la también historiadora mexicana Elizabeth del Carmen Flores afirmó a BBC Mundo que la causa debe buscarse aún más atrás: en las leyes que Benito Juárez promulgó en 1855 para conseguir la separación entre la Iglesia y el Estado.
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Choque de trenes
Los expertos coincidieron en que las tensiones entre las autoridades civiles y eclesiásticas se agravaron con el ascenso al poder del presidente Calles en 1924, quien era un feroz crítico de la institución religiosa.
«La Iglesia en México es un movimiento político y debe ser eliminada», escribió Calles a su embajador en Francia, según reseña Meyer en su libro.
El mandatario exigía a los religiosos que se abstuvieran de involucrarse en asuntos distintos a los espirituales, algo que iba en contra de las disposiciones de la encíclica Rerum Novarum que el papa León XIII publicó en 1891 y que dio pie a lo que hoy se conoce como la Doctrina Social de la Iglesia.
Un año después de su llegada al poder, Calles –a través del sindicato oficialista Confederación Regional Obrera Mexicana (CROM)– intentó provocar un cisma en la Iglesia católica con la creación de la Iglesia Católica Apostólica Mexicana (ICAM). Aunque la iniciativa fracasó, la brecha con la jerarquía católica y parte de la feligresía se amplió.
En junio, el entonces arzobispo de la Ciudad de México, José Mora y del Río, afirmó que el episcopado se oponía a los artículos de la Constitución e instaba a los fieles a pedir su derogación. Calles, por su parte, replicó firmando la reforma al Código Penal y los obispos entonces interrumpieron los cultos por primera vez en 400 años.
«Con los llamados inventarios llegó el cierre de templos y muchos fueron convertidos en escuelas, bibliotecas y, algo sumamente grave —que también incidió en el sentimiento de agravio de los católicos— es que algunos fueron saqueados y profanados», explicó.
«Para la mentalidad de un católico de inicios del siglo pasado eso era inconcebible», remató.
Íñiguez coincidió: «Más allá del puro enfrentamiento entre las cúpulas, fueron los agravios a la práctica del catolicismo y a los espacios sagrados los que hicieron que la reacción de la población se volviera inevitable».
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Mal cálculo
«‘Creo que vamos a aplastarlos en cuestión de dos o tres meses’, le dijo Calles al entonces gobernador de Jalisco, una de las regiones más intensamente cristeras. El gobernador le replicó: ‘¡No, señor presidente! Usted no conoce a esta gente; no van a ser dos o tres meses, sino dos o tres años'», apuntó Íñiguez.
«En el gobierno, sin duda, no midieron la reacción de la población», agregó el historiador.
Los expertos consultados aseguraron que no hay evidencias de que la insurrección haya sido orquestada por la jerarquía católica.
Los documentos y testimonios apuntan más bien hacia la llamada Liga Nacional de la Libertad Religiosa, una organización fundada en 1925 por abogados, intelectuales y hacendados con el fin de garantizarles a los mexicanos el «poder vivir como católicos».
Los combates, que se concentraron en las regiones del Bajío (Jalisco, Guanajuato, Michoacán, Zacatecas y Colima), así como en Los Altos de Jalisco — la región al noreste de Guadalajara-, dividieron a la jerarquía eclesiástica.
«Hubo un obispo (Antonio Guízar y Valencia de Chihuahua), que prohibió a los fieles, como si fuera un funcionario de gobierno, a la violencia, mientras que otros tres eran abiertamente procristeros», mencionó Íñiguez.
Sin embargo, el historiador admitió que algunos religiosos sí combatieron.
«Hubo sacerdotes en armas, pero no fueron más de 30 de los 4.500 que nos dice la estadística que había entonces en el país», indicó.
Durante la guerra, las autoridades intensificaron su persecución religiosa, no solamente contra los sacerdotes —varios de los cuales fueron fusilados por el simple hecho de celebrar misa—, sino también contra los ciudadanos comunes.
«En los archivos del Poder Judicial he encontrado expedientes de mujeres que fueron levantadas (encarceladas u hostigadas) porque las encontraron rezando o dando catequesis en sus casas, pese a que lo prohibido era el culto público. En algunos expedientes, las pruebas son estampitas de la Virgen y de santos, así como libros de oraciones», apuntó Flores.
Miles de personas, en su mayoría campesinos, fueron forzados por las autoridades a desplazarse.
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¿Las instigadoras?
Aunque los hombres fueron los que estuvieron en el frente de batalla, las mujeres jugaron un papel protagónico en el conflicto.
«Las mujeres fueron las promotoras del levantamiento armado. Hay infinidad de testimonios, tanto de la época como posteriores, que sostienen que las mujeres fueron las que empujaron a los hombres a irse en armas», aseguró la historiadora Flores.
¿Por qué? «Por el papel fundamental que tiene la mujer en el catolicismo, en la transmisión de la fe», explicó la experta.
«Hay evidencia de que mujeres instaron a sus esposos, padres y hermanos a combatir, so pena de irse ellas al monte, lo que constituía toda una afrenta al orgullo masculino», aseveró.
En 1927 surgieron las Brigadas Juana de Arco, las cuales llegaron a aglutinar entre 20.000 y 25.000 mujeres, de acuerdo con los expertos.
¿Pero qué hacían las brigadistas? «De todo, todo excepto tomar las armas; es decir, se encargaban de alimentar a los combatientes, de organizar hospitales para atender a los heridos, de pasar mensajes e incluso armas, porque eran menos revisadas por los policías y soldados», detalló Íñiguez.
«Hay un documento que dice una mujer llamada Glicerina Padilla llevó en su cuerpo y maletas 1.232 cartuchos largos y 700 de pistola de varios calibres, 44 piezas de manta, dos cobertores, 3 pistolas y más de 32 pesos», ilustró Flores.
Y, aunque las mujeres también participaron en otros conflictos como la Revolución Mexicana, la historiadora cree que este caso fue distinto.
«Los católicos de la época creían que las adelitas eran solamente acompañantes del revolucionario, que no había motivación ideológica de fondo, pero las cristeras sí. Lo cierto es que si bien hubo mujeres inmersas en actividades revolucionaria, las cristeras, a diferencia, fueron definitorias en la gestación y desarrollo del movimiento cristero y que defendían sus valores religiosos y los espacios que habían conseguido a través de las organizaciones caritativas y laicales», explicó.
«No ha habido un hecho histórico donde haya tenido tanta importancia la participación de las mujeres como este», aseveró.
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Los «arreglos» del conflicto
Tras casi tres años de combates, en junio de 1929 la guerra cristera acabó, y la manera en que concluyó fue tan curiosa como la forma en que inició.
Las autoridades y el episcopado llegaron a unos acuerdos verbales, a través de los cuales los primeros devolvían los templos a los segundos, y estos últimos se comprometían a volver a celebrar los cultos religiosos.
¿Qué pasó con los artículos de la Constitución y la reforma del Código Penal? «No se tocaron, pero las autoridades se comprometieron a aplicarlos de manera no sectaria», explicó Íñiguez.
Esta solución pasó a la historia como «los arreglos», explicó Meyer, quien apuntó que en la práctica debían implicar un modus vivendi, a través de la cual «la Ley Calles y la Constitución no se modificaron, pero no se aplicaron».
Con semejante acuerdo da la impresión de que los cristeros habían sido derrotados. Sin embargo, los expertos consultados por BBC Mundo lo negaron.
«Los cristeros no fueron derrotados. En junio de 1929 estaban más fuertes que nunca, pero no podían vencer al gobierno», explicó Meyer.
«Al gobierno, a los empresarios y a los inversionistas extranjeros les urgía la paz. Por su parte, el Papa y los obispos, quienes estaban preocupados por la duración de la suspensión del culto, también querían la paz», dijo.
En la misma línea se expresó Íñiguez, quien apuntó: «Los cristeros no fueron tomados en cuenta, no se les consultó».
Sin embargo, el conflicto no culminó definitivamente y para la década de 1930 hubo un segundo episodio, aunque de menor intensidad.
«Luego de los arreglos cientos de jefes cristeros amnistiados fueron asesinados en lo que podríamos llamar, y Sudamérica conoce muy bien el término, una guerra sucia por parte de grupos paramilitares», afirmó Íñiguez, quien achacó esto a que «los arreglos» dependían de «una buena voluntad muy riesgosa».
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«Pacto de silencio»
Otro aspecto llamativo de este conflicto es que durante décadas fue un tema del que prácticamente no se habló en México.
El episodio apenas se estudió en las escuelas, pero desde los pulpitos de las iglesias tampoco se recordó.
«Hubo un proceso de silenciamiento (…) Yo creo que fueron unos hechos tan traumáticos que se necesitaba de un proceso de asimilación y de comprensión, pero también porque había miedo de que se repitiera y a la persecución y asesinato que hubo posteriormente a los líderes cristeros», explicó Flores.
Íñiguez coincidió: «Hubo un acuerdo tácito para tratar de cerrar esa herida, por una especie de sensación de vergüenza y de culpabilidad de ambos lados».
«La Iglesia, efectivamente, ordenó callar a sus obispos, porque ‘los arreglos’ generaron no solo entre los cristeros, sino en parte del episcopado y de los sacerdotes una enorme inconformidad», explicó.
«Desde el lado oficial, por su parte, el tema se obvió. En los libros de texto gratuitos de los años 1960 y 1970 el conflicto era ignorado o tocado tangencialmente», agregó.
No obstante, el episodio no se perdió en buena medida por quienes participaron en él o lo presenciaron.
«Yo recuerdo a mi bisabuelita hablar de cuando escondían a los sacerdotes», apuntó Flores.
Sin embargo, eso comenzó a cambiar a principios de la década de 1990 con el restablecimiento de las relaciones diplomáticas entre México y el Vaticano, y más recientemente con las canonizaciones por parte de los papas Juan Pablo II y Francisco de varios mártires del conflicto.
Pero, un siglo después, algunas secuelas persisten, como el hecho de que, en México, la Iglesia católica no es propietaria de la mayoría de los templos, sino que únicamente puede hacer uso de ellos.
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