La histórica condena en Francia de una de sus empresas más importantes sacude el mundo de las transnacionales y podría cambiar la manera en que operan en zonas de conflicto.
La semana pasada, la cementera Lafarge fue declarada culpable de pagar millones de dólares en sobornos a grupos yihadistas, incluido el autodenominado Estado Islámico (EI), para mantener su negocio en Siria durante la guerra civil.
Ocho exdirectivos de la empresa también fueron declarados culpables de financiar el terrorismo internacional, entre ellos su exdirector ejecutivo Bruno Lafont, quien fue condenado a seis años de prisión con ingreso inmediato en prisión.
La empresa, que ahora es propiedad del conglomerado suizo Holcim, realizó pagos a tres organizaciones yihadistas, incluido el EI, por un monto cercano a los 5,6 millones de euros (US$6,5 millones) entre 2013 y 2014 para mantener en funcionamiento una planta en el norte de Siria, según la sentencia del Tribunal Penal de París.
Ese dinero habría permitido al EI «preparar atentados terroristas», como el ataque contra el semanario francés Charlie Hebdo en enero de 2015, según el tribunal.
La abogada del exdirector ejecutivo de Lafarge, Jacqueline Laffont, aseguró que la decisión en contra de su cliente no es «ni justa ni razonable».
«Esta no será ni la primera ni la última vez que una decisión de los jueces de primera instancia sea revocada por los jueces del Tribunal de Apelación «, afirmó en una entrevista con la cadena francesa de servicio público France Info.
«Se trata de una sentencia sin pruebas, sin demostración. El tribunal presume la culpabilidad de Bruno Lafont y que tenía conocimiento de los pagos en disputa que tuvieron lugar dentro de la empresa Lafarge, por el simple hecho de que era su presidente», añadió.
Lafont, quien dirigió la cementera entre 2007 y 2015, reiteró su inocencia y aseguró que había dicho la verdad.
Sus representantes han declarado que apelarán el veredicto, pero la sentencia podría cambiar el tablero de juego de las multinacionales que operan en zonas de conflicto.
Lafarge dijo a la BBC que reconoce la sentencia del tribunal y aseguró que la conducta «que tuvo lugar hace más de una década constituyó una violación flagrante del código de conducta de Lafarge».
La empresa describió la decisión como un «hito importante» en sus esfuerzos por «abordar de manera responsable este asunto heredado».
Una decisión histórica
Didier Rebut, profesor de derecho y ciencias penales en la Universidad París-Panthéon-Assas, asegura que la decisión es «histórica» por varias razones.
«En primer lugar, es histórica por la calificación de terrorismo aplicada a hechos cometidos por una empresa y sus dirigentes en el marco de su actividad económica», señala a BBC Mundo.
«De ello se deduce que una empresa y sus directivos pueden ser condenados por terrorismo en razón de sus decisiones económicas y financieras. Se trata, al parecer, de la primera vez en Francia y, aparentemente, en el mundo, en que una gran empresa internacional y sus dirigentes son condenados por terrorismo, aun cuando, por supuesto, no existiera ninguna adhesión ideológica ni connivencia con los grupos terroristas en cuestión».
El profesor Rebut añade que la decisión es también histórica por la severidad de las penas impuestas.
Según explica, ha demostrado que la calificación de terrorismo, una vez retenida, implica sanciones acordes con su gravedad.
«El tribunal deja así claro que, en materia de terrorismo, no existe motivo para atenuar la respuesta penal por el solo hecho de que la conducta en cuestión consista en una decisión económica o financiera, en lugar de un acto violento», explica Rebut.
El profesor concluye además que el fallo demuestra que las grandes empresas no quedan al margen de las sanciones cuando contribuyen, «incluso mediante mecanismos económicos, al funcionamiento de organizaciones terroristas».
Pagos para asegurar el paso y la materia prima
La fábrica de cemento de Jalabiya, situada en el norte de Siria, fue adquirida por Lafarge en 2008 por 680 millones de dólares y comenzó a operar en 2010, apenas unos meses antes del estallido de la guerra civil en 2011.
La guerra civil estalló en Siria en marzo de 2011, tras la represión violenta de las protestas antigubernamentales por parte del entonces presidente Bashar al Asad.
En 2014, los yihadistas del Estado Islámico se apoderaron de amplias zonas de Siria y del vecino Irak, donde proclamaron un autodenominado «califato» transfronterizo e impusieron su interpretación extremista de la ley islámica.
«Ya no podrán alegar que simplemente se adaptaron»
La jueza Isabelle Prévost-Desprez afirmó que los pagos fueron «fundamentales» para que el EI pudiera hacerse con el control de los recursos naturales en Siria.
Fuente de la imagen, Getty Images
La Fiscalía Nacional Antiterrorista (PNAT, por sus siglas en francés) calificó en diciembre el caso como «un desliz, una perversión que llevó a Lafarge, un referente de la industria francesa, a terminar financiando organizaciones terroristas con un único objetivo: el lucro».
Didier Rebut señala que la principal consecuencia de esta sentencia es que eleva el nivel de exigencia para las multinacionales.
«Las empresas que operan en zonas de conflicto ya no podrán alegar que simplemente se adaptaron a un contexto local difícil si sus pagos, intermediarios, proveedores o circuitos logísticos benefician a grupos armados o entidades sancionadas», explica.
Se trata de un veredicto que probablemente obligue a muchas compañías a reforzar sus sistemas de control, logística y gobernanza.
«En esencia, cuando una empresa sabe que su actividad depende de tratar con organizaciones terroristas, el riesgo deja de ser reputacional y pasa a ser penal, tanto para la compañía como para sus directivos», resume.
Rebut afirma que el caso de Lafarge sienta un precedente importante: demuestra que las empresas pueden ser procesadas por apoyar económicamente a grupos armados en zonas de guerra.
Pero aclara que no necesariamente habrá muchos casos futuros por financiación del terrorismo, ya que esta acusación requiere condiciones jurídicas muy específicas.
En cambio, advierte que aumenta el riesgo de que las empresas sean investigadas por complicidad en crímenes de guerra o de lesa humanidad si siguen operando sabiendo que sus actividades benefician a grupos violentos.
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