El alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, reunió este lunes a 17 congresistas de la ciudad para abrir una discusión sobre cambios en la política de seguridad, una de las principales preocupaciones de los ciudadanos. El encuentro, que se prolongó por varias horas en el Palacio Liévano, busca impulsar reformas institucionales que, en su opinión, son necesarias no solo para la capital sino para todo el país. La iniciativa se enmarca en un esfuerzo más amplio de los gobiernos locales por incidir en un debate que ha estado dominado por el Ejecutivo nacional.
El propio Galán explicó la ambición del encuentro. En la rueda de prensa posterior, planteó abrir una “conversación pública” que involucre desde juntas de acción comunal y organizaciones sociales hasta la Corte Suprema de Justicia y la Fiscalía. La principal conclusión, dijo, es la necesidad de actualizar “el andamiaje institucional y las normas para luchar contra el delito”. Es decir, cambios de alcance nacional.
Esa agenda marca distancia con el oficialismo. Los congresistas del Pacto Histórico, la bancada más numerosa del Congreso, se negaron a asistir. En un comunicado, argumentaron que el encuentro fue “convocado a puerta cerrada”, cuando la discusión sobre seguridad debe “abrirse desde el comienzo a la ciudadanía”.
El alcalde ha intensificado su discurso público sobre seguridad en las últimas semanas. A través de sus redes sociales, ha insistido en que fortalecer la capacidad del Estado para enfrentar a los delincuentes es una prioridad de su Administración y en que Bogotá puede impulsar una discusión nacional sobre las herramientas legales y tecnológicas para combatir el crimen.
Para Jairo García, exsecretario de Seguridad de Bogotá, el alcalde aprovecha una coyuntura para dialogar con congresistas recién elegidos o reelegidos. “En esas modificaciones siempre habrá múltiples opiniones, pero es una discusión necesaria”, afirma. A su juicio, los alcaldes de las grandes ciudades buscan incidir en la seguridad más allá de la gestión local, apoyados en capacidades institucionales que han venido consolidando en la última década.
En ese contexto, la iniciativa de Galán refleja una tendencia más amplia. El alcalde de Barranquilla, Alex Char, anunció recientemente una inversión de 14.000 millones de pesos para fortalecer el Gaula Militar; Federico Gutiérrez, en Medellín, ha centrado su discurso en la reducción de homicidios y la cooperación internacional; y ciudades como Cali o Bucaramanga han impulsado estrategias propias contra el microtráfico y la violencia urbana.
Para García, estas iniciativas muestran que las ciudades se han convertido en actores centrales en la discusión sobre seguridad. “No le están sacando el cuerpo”, señala. “Están buscando alternativas, nuevas conversaciones y herramientas distintas de política pública”.
Tras el encuentro, Galán insistió en que uno de los mayores desafíos es mejorar las herramientas con las que cuentan las autoridades para enfrentar el delito. Mencionó la necesidad de fortalecer el uso de tecnología en las investigaciones y de revisar algunos procedimientos del sistema judicial que, según él, pueden dificultar una respuesta rápida frente a ciertos delitos.
También advirtió que delitos frecuentes, como el hurto, muchas veces no alcanzan a ser procesados, lo que permite que algunos delincuentes acumulen conductas sin sanción y avancen hacia delitos más graves, un diagnóstico que ha alimentado el debate sobre la reincidencia criminal.
Para García, esa discusión debe darse con cuidado y en diálogo con el sistema judicial. “No se trata de vulnerar los derechos de nadie”, señala, aunque considera necesario analizar las herramientas para judicializar a quienes cometen delitos graves o hacen parte de estructuras criminales. “Es válido abrir la conversación: hoy tenemos un crimen organizado cada vez más sofisticado y no podemos quedarnos atrás frente a ese reto”.
En la reunión también se discutieron aspectos relacionados con el uso de tecnología y la colaboración entre el sector público y el privado. Para García, uno de los principales retos no es la falta de herramientas, sino la velocidad con la que se puede acceder a información clave para las investigaciones. “El problema no es conectar cámaras privadas a los sistemas de la ciudad”, explica. “El problema es cuánto se demora una empresa en entregar información”.
Algunos congresistas que asistieron al encuentro expresaron su disposición a avanzar en una agenda legislativa sobre seguridad. La representante del Partido Verde, Catherine Juvinao, planteó la necesidad de discutir un marco legal para el uso de inteligencia artificial en estrategias de seguridad ciudadana, mientras su copartidario y senador Jota Pe Hernández dijo que apoyaría iniciativas que permitan dotar a la Policía de más herramientas para enfrentar el delito.
Para García, ese protagonismo de las ciudades no reemplaza el papel del nivel nacional: en un país sin policías locales, la coordinación con la Policía, las Fuerzas Militares y la Fiscalía sigue siendo determinante.
