“Ayer la víctima fue Kevin. Hoy es Robison, Fernanda o Ángel Manuel”. Las redes sociales de Pacientes Colombia, una organización de la sociedad civil que reúne a 202 asociaciones de pacientes crónicos de distintas enfermedades, están repletas de historias, fotos y cuentas regresivas que recuerdan las fallas del sistema de salud colombiano. La organización, crítica de la manera en la que el Gobierno de Gustavo Petro ha abordado la salud, ha interpuesto una denuncia penal en contra del ministro de esa cartera, Guillermo Alfonso Jaramillo. Señalan que habría cometido el delito de fraude a una resolución judicial por incumplir varias órdenes de la Corte Constitucional que exigen que el Estado aporte recursos suficientes para asegurar la sostenibilidad del sistema y garantizar el acceso a la salud a los más de 52 millones de habitantes del país.
En la denuncia, las organizaciones le piden a la Justicia que evalúe la suspensión temporal del ministro, uno de los más longevos en un muy cambiante gabinete, mientras avanzan las investigaciones. También solicitan que se decreten medidas preventivas urgentes, incluida la protección de denunciantes y testigos ante eventuales represalias. “Lo que está en juego no es una discusión técnica aislada, sino la vida y la continuidad de los tratamientos de los pacientes de todo el país”, expresa Denis Silva, vocero de Pacientes Colombia, en una carta divulgada por la organización.
Aunque la misiva no hace una mención directa a la muerte de Kevin Acosta, un niño de siete años que falleció tras sufrir una caída mientras esperaba los medicamentos que lo protegían de la hemofilia que padecía, este caso ha revivido los cuestionamientos a un sistema de salud que ha dejado en especial vulnerabilidad a los pacientes que sufren enfermedades crónicas y raras. La indignación aumentó por las declaraciones que dio el mismo Jaramillo el lunes, en un Consejo de Ministros, en el que achacó el fallecimiento del niño al accidente que lo llevó a un estado crítico, y a la supuesta falta de protección de su madre.
“El niño tuvo este accidente en bicicleta. Y es entendible que los niños que sufren hemofilia tienen que estar restringidos en muchas de las actividades”, dijo el político y médico cardiólogo. En cambio, no mencionó a la entidad promotora de salud a la que estaba afiliado el menor, la Nueva EPS, manejada por el Gobierno desde abril de 2024 y que desde diciembre dejó de suministrarle el medicamento.
El presidente Gustavo Petro también señaló a la madre como responsable de la muerte del menor: explicó que si el niño no recibió en enero la droga fue porque la familia pidió un traslado entre dos regiones del país. Además, reveló detalles de la historia clínica —que es privada— de Kevin, para hacer público que la mamá se había negado a que le hicieran una intervención quirúrgica a su hijo, sin anotar que esta habría sido de alto riesgo justamente por la falta del medicamento.
Detrás de los choques hay una discusión política de fondo, y dos visiones opuestas del sistema sanitario. Por un lado, la del Gobierno Petro, que no logró que el Congreso aprobara una profunda transformación del sistema, que era una de sus principales banderas. La reforma buscaba reducir el papel de las EPS (Entidades Promotoras de Salud), a las que los colombianos deben estar afiliados y que sirven como intermediarias y aseguradoras, para en cambio fortalecer la administración estatal. El Gobierno ha acusado a estas entidades —las cuales son tanto privadas como públicas—, de mala gestión y corrupción, hasta el punto de que, ante los graves problemas financieros, ha tenido que intervenir ocho de ellas, que suman más de 23 millones de afiliados.
Del otro lado está la versión de la oposición política y de gran parte de los gremios de profesionales de la salud, que consideran que, pese a sus múltiples fallos, el sistema ha funcionado durante más de tres décadas por lo que, más que una transformación total, solo necesita ajustes. Este sector apunta a que es el Gobierno el que, al no poder aplicar su reforma, ha venido desmantelando el sistema, no solo con la intervención de las EPS, sino reduciendo su financiamiento a través de la Unidad de Pago por Capitación (UPC), el monto que el Gobierno gira a las entidades por cada afiliado.
Desde que se conoció, a finales del año pasado, un aumento del 9,03% para el régimen contributivo —en el que los trabajadores y empleadores hacen aportes de acuerdo con sus ingresos — y un 16,49% para el régimen subsidiado —con el que están cobijadas las poblaciones más vulnerables—, las agremiaciones sanitarias habían alertado que el monto era insuficiente para solventar unos rezagos que se remontan al 2021. Sin mayor presupuesto, alertaban, era muy difícil evitar una crisis mayor.
Los pacientes han quedado atrapados en medio de la discusión. Para que el dinero alcance, las EPS han ido generando barreras de acceso a sus servicios: las citas se dilatan, los procedimientos requieren más autorizaciones, las filas crecen y los medicamentos se postergan. La Corte Constitucional ha ordenado al Gobierno que revise el valor de la UPC, que en 2024 y 2025 aumentó un 5,3%, pues encontró que no cubre los costos. Es a los reiterados pronunciamientos de la Corte a los que apela la demanda presentada por Pacientes Colombia en contra del ministro que, dicen, “habría incumplido de forma consciente, reiterada y material varias órdenes”.
