El descanso en paz del padre Camilo Torres, reclamado y ansiado por seis décadas desde su muerte, sigue en vilo, y ya no porque el cadáver permanezca desaparecido. La ceremonia de inhumación, programada para celebrarse este domingo en la capilla Cristo Maestro de la Universidad Nacional, en Bogotá, y que coincide con el 60° aniversario de la muerte en combate del sacerdote como guerrillero del ELN, está a punto de quedarse sin la carga simbólica de la presencia de los restos del religioso. La falta de un documento clave del Instituto de Medicina Legal y una controversial convocatoria masiva por parte de la casa de estudios han cambiado los planes. El osario, ya adecuado dentro del templo, de momento tendrá que seguir vacío.
La entrega del cuerpo del sacerdote revolucionario más icónico de Colombia ha resultado tan compleja como el enigma que durante más de medio siglo rodeó su desaparición. Desde hace poco más de un mes, varias entidades del Estado se han preparado para dar sepultura a los restos óseos que fueron hallados en el panteón militar del Cementerio Municipal de Bucaramanga, tras un larguísimo proceso forense y diplomático que reveló EL PAÍS. La identificación de sus huesos, que aparecieron inexplicablemente cubiertos de formol, ha sido confirmada por tres laboratorios forenses, uno de ellos en Estados Unidos, tras una serie de análisis que incluyeron pruebas adicionales de identidad más allá del ADN. Las muestras fueron enviadas a algunos de los centros especializados más avanzados en ese país en busca de resultados concluyentes, y solo dos piezas óseas permitieron aislar material genético utilizable, ya que el formol degrada progresivamente los rastros de ADN en el tejido óseo.
Sin embargo, Medicina Legal, la entidad oficial en Colombia para hacer estos cotejos, no ha dado su dictamen definitivo. Y aunque no es una obligación recibir esas consideraciones para la entrega de los restos cuando ya existen otras confirmaciones técnicas, se trata de uno de los casos más icónicos del conflicto armado colombiano. Camilo Torres es una de las primeras víctimas de desaparición forzada en un país que ha contado, en más de 50 años de conflicto, unas 120.000 personas dadas por desaparecidas en la guerra. Una fuente de Medicina Legal explica que, como la muestra genética en su poder está tan contaminada de formol, la tecnología que tienen en sus laboratorios ha sido insuficiente para examinarla. La publicación de ese documento se ha convertido en el paso pendiente para la entrega de los restos.
La certeza de la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas (UBPD), una entidad extrajudicial en Colombia, de que los restos pertenecen a Torres Restrepo no nace únicamente de los resultados de ADN que fueron cotejados con el material genético de sus padres, Isabel Restrepo y Calixto Torres, muertos en 1973 y 1960, respectivamente. Parte también del éxito que tuvieron las pruebas antropométricas que le practicaron al cuerpo. Una antropóloga forense experta en casos de conflicto armado —que mantiene su nombre en reserva por no ser una portavoz oficial— explica que estos análisis genéticos son, en muchos casos, más determinantes que los mismos exámenes de familiaridad: “En casos donde la extracción de material genético es muy difícil, se emplean otras técnicas como la medición de las estructuras óseas para evaluar proporciones óseas, rasgos craneales y marcas anatómicas que tienen los cuerpos”.
A partir de esos análisis, los especialistas forenses que han examinado las muestras atribuidas a Torres elaboraron un perfil biológico completo que concluye que, por la edad aproximada, la estatura, las proporciones del cuerpo y otros rasgos anatómicos —entre ellos lesiones en extremidades específicas—, los restos corresponden a los del sacerdote revolucionario. “Estos resultados se contrastan con registros, bases de datos y descripciones previas que permiten establecer con certeza la identidad, de modo que la determinación no depende de una única evidencia genética”, dice la forense.
Con esos resultados en mano, la UBPD notificó a sus buscadores que el cura había sido plenamente identificado. El proceso, hasta mediados de enero de este año, era confidencial, como todos los protocolos de búsqueda y entrega de desaparecidos en Colombia. La reserva con la que se había manejado el caso se quebró el pasado 23 de enero, cuando el Ejército de Liberación Nacional (ELN), organización a la que el sacerdote se incorporó en 1965, difundió un comunicado en el que celebraba el hallazgo. Para ese grupo, la última insurgencia armada activa en Colombia, se trata de un mártir, una figura cuya imagen y legado han instrumentalizado durante décadas como emblema para revestir de legitimidad el hecho de mantenerse en armas.
La posición de su familia y de su buscador, el sacerdote jesuita Javier Giraldo, ha sido distinta desde el principio. Sus allegados han insistido en que el ELN no debe apropiarse de los restos óseos ni convertirlos en un símbolo, y que su destino final responda, en cambio, a su trayectoria académica y personal: ser enterrado en la Universidad Nacional de Colombia, el lugar donde enseñó, celebró misa y construyó buena parte de su vida pública antes de irse a la guerrilla. Con esa petición clara desde 2019, la UBPD dio inicio al proceso forense.
La ceremonia prevista para el domingo está cargada de simbolismos. Torres fue el primer capellán del templo católico de la Nacional, en uno de cuyos muros laterales hay una placa dedicada a él que reza “A Camilo, sacerdote de Cristo, nuestro hermano”, instalada el 15 de febrero de 1972, en el sexto aniversario de su muerte. Ese mismo día, cada año, la institución educativa celebra una misa en su honor. El acto, aunque es público, suele quedar reservado para las personas más cercanas o interesadas en su historia. Esta vez, con las recientes noticias, tiene un color diferente.
Un correo masivo de la Universidad Nacional de Colombia llegó el 10 de febrero a las 8.37 de la noche a miles de bandejas de entrada de estudiantes, egresados, profesores y funcionarios. El mensaje anunciaba que la institución adelantaba adecuaciones en la capilla para recibir los restos óseos del cura guerrillero e invitaba a varios actos, “en especial la celebración eucarística” de este domingo 15 de febrero. El correo se difundió con rapidez, se replicó, se comentó. Y terminó haciendo ruido: la convocatoria, en principio más íntima, se convirtió en el golpe que terminó por desordenar los planes.
Un grupo menor de docentes y colaboradores de la Nacional comenzó a recolectar firmas para tratar de evitar que la institución educativa más emblemática de Colombia albergara los restos. Políticos de derecha y en campaña electoral criticaron abiertamente la decisión y minimizaron la figura del sacerdote desde la academia. Torres fue cofundador de la primera facultad de Sociología en América Latina, en ese mismo campus. También fue estudiante, docente y capellán.
La disputa política sobre el destino final de sus restos óseos había abierto un foco más importante: los riesgos de seguridad que implicaba volver público un acto previsto para ser discreto. El lugar donde debería reposar su cuerpo ya existe, pero seis décadas después, sus restos siguen atrapados en el mismo limbo simbólico en el que han permanecido desde 1966: entre disputas de relatos, tensiones institucionales y batallas por su significado. Pese a haberse hallado sus restos, el momento del descanso eterno del padre Camilo Torres Restrepo, por ahora sigue siendo una incógnita.
