“Declárese el Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica en los departamentos de Córdoba, Antioquia, La Guajira, Sucre, Bolívar, Cesar, Magdalena y Chocó por el término de treinta (30) días calendario“, dice el decreto 150 de 2026. Con la firma de todos los ministros del Gabinete, incluido el recién posesionado encargado de Justicia, Jorge Iván Cuervo, el Gobierno de Colombia ha decretado un estado de excepción que lo permite tomar medidas sin pasar por el Congreso, para enfrentar una crisis notoria. Con más de 154.000 personas afectadas, 7 muertos, casi 50.000 viviendas damnificadas, las inundaciones que afectan a parte de la región Caribe y a los departamentos de Antioquia y Chocó, en el noroeste del país, han justificado una decisión que ya había sido anticipada.
La medida permitirá ahora al Ejecutivo liderado por Gustavo Petro tomar decisiones que usualmente deben pasar por el Congreso. Aunque el decreto de este miércoles no toma esas medidas, indica que entre ellas podrían estar hacer traslados presupuestales para alimentar los fondos de atención de emergencia, crear contribuciones temporales al uso de algunos servicios públicos o hacer pagos extraordinarios a las familias en la pobreza en las zonas afectadas.
Esta declaratoria se diferencia notablemente de la emergencia decretada en diciembre pasado para todo el país y que la Corte Constitucional ha suspendido. En ese caso, el argumento del Gobierno era la desfinanciación de su presupuesto para 2026 en 16 billones de pesos, por cuenta de la negativa del Congreso a expedir una reforma tributaria. Son argumentos que la Corte Constitucional encontró tan insuficientes que, de forma inédita y debatida, decidió congelar mientras estudia el decreto a fondo.
El ministro del Interior, Armando Benedetti, había anunciado este miércoles que el Gobierno esperaba que los magistrados dieran marcha atrás, para poder utilizar los recursos en la atención de las inundaciones. Aclaró que, dada la urgencia, solo podría aguardar hasta este miércoles. Efectivamente, tan solo horas después de la posesión de Cuervo en Justicia, sobre las 10 de la noche se publicó el decreto que da vía libre a unas atribuciones excepcionales en un período que, coincidentalmente, cubrirá las elecciones legislativas del próximo 8 de marzo.
En la nueva emergencia, el Gobierno hace un esfuerzo para demostrar que se trató de un evento inesperado, una de las grandes críticas de la Corte Constitucional a la emergencia anterior. El decreto señala la existencia de un frente frío irresistible que ha producido una cantidad inusual de lluvias en un mes usualmente seco; que diferentes municipios del departamento de Córdoba, así como ese departamento y su vecino Sucre, decretaron el desastre natural; y que por lo menos cuatro embalses están prácticamente a tope de su capacidad, por lo que es previsible que las inundaciones continúen.
La declaratoria, en todo caso, abre la puerta a una reforma tributaria por decreto. “Las medidas que serán adoptadas para conjurar la crisis económica, relacionadas con la necesidad de obtención de ingresos serán desarrolladas, entre otras, en impuestos directos e indirectos”, dice el texto. “Las medidas de carácter tributario que eventualmente se adopten en desarrollo del presente estado de emergencia tendrán naturaleza estrictamente transitoria, estarán directamente orientadas a la financiación de la atención, recuperación y rehabilitación de las zonas afectadas, y cesarán automáticamente al término de la siguiente vigencia fiscal”. En otras palabras, el Gobierno planea decretar impuestos que pueden durar todo 2026. De hecho, EL PAÍS supo que el Ministerio de Hacienda venía preparando un borrador de decreto con esos nuevos tributos, que espera recoger alrededor de 8 billones de pesos.
No es la primera ocasión que Petro declara un estado de excepción ante un problema ambiental concentrado en una región. Lo hizo en 2023 para la península de La Guajira, también en el Caribe, pero más al oriente, argumentando una crisis humanitaria asociada al fenómeno del Niño. En esa ocasión, emitió 13 decretos de diferentes tipos, desde impositivos hasta de vivienda, y la Corte Constitucional declaró inconstitucional la gran mayoría de esas medidas. Encontró que el Gobierno buscaba resolver problemas de vieja data, no enfrentar una crisis repentina, y que para ello debía acudir a los procedimientos usuales, es decir, pasar por el Congreso.
En esta ocasión, sin embargo, las inundaciones son inesperadas, graves y difíciles de enfrentar. Con barrios enteros anegados hace días en la capital de Córdoba, Montería, y un clamor unánime de diferentes sectores políticos de apoyar a los afectados -e incluso una petición especial del Papa Leon XIV-, la emergencia parece mucho más sólida en lo jurídico. Las fotografías de miles de hectáreas inundadas, los impactos sociales de miles de campesinos que han perdido sus cosechas, sus animales y sus viviendas, y la inminencia de que centrales hidroeléctricas como Urrá, Hidroituango, Hidrosogamoso y La Miel no logren contener más agua que baja de los Andes, marcan una situación susceptible de empeorar.
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