“El sufrimiento causado no tiene reparación plena, pero asumimos nuestra responsabilidad histórica”. La última cúpula de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia ha reconocido ante la justicia que la extinta guerrilla secuestró de manera sistemática durante su guerra de más de medio siglo contra el Estado. Por miles.La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), el sistema transicional surgido de los acuerdos de 2016, sancionó este martes por crímenes contra la humanidad relacionados con esa repudiada práctica a siete antiguos integrantes del secretariado. Ninguno irá a la cárcel. En lugar de eso, tendrán que cumplir ocho años de labores restaurativas en los territorios, como desminado humanitario, búsqueda de desaparecidos y proyectos ambientales. En ese grupo, sobresalen dos senadores en ejercicio: Pablo Catatumbo Torres y Julián Gallo, más conocido como Carlos Antonio Lozada, su nombre cuando llevaba un fusil al hombro.
Aunque los siete excomandantes conservarán sus derechos políticos y podrán hacer proselitismo por el partido Comunes, surgido de la antigua guerrilla, el cumplimiento de las sanciones prevalecerá sobre sus actividades políticas. También pueden ser candidatos en el ciclo electoral del 2026, pero ya sin los diez escaños que el acuerdo de paz les garantizó en los últimos dos periodos legislativos, cinco en el Senado y cinco en la Cámara de Representantes.
El magistrado Camilo Andrés Suárez, quien leyó la sentencia, explicó que la posibilidad de participar en política “no es un privilegio indebido, sino una prerrogativa transicional orientada a profundizar la democracia y a superar las causas del conflicto”. También les advirtió que “el ejercicio del derecho de participación no puede emplearse para emitir discursos negacionistas, revictimizantes o contrarios a esta sentencia y a las decisiones de la JEP”.
Desde Comunes siempre defendieron que las sanciones propias –el nombre formal– debían ser compatibles con la participación política. El sistema privilegia la verdad plena, y establece penas alternativas a la cárcel para los excombatientes a cambio de que confiesen sus crímenes y reparen a las víctimas. A pesar de ser el mayor hito de la justicia transicional, la decisión de la Jurisdicción Especial para la Paz este martes previsiblemente volverá a agitar la acalorada discusión pública sobre la presencia en el Congreso de los excomandantes –y la severidad de las sanciones–, a pesar de que ese ya fue un punto arduamente discutido durante los diálogos de paz desarrollados en el Gobierno de Juan Manuel Santos (2010-2018).
Cambiar las balas por votos fue una de las frases más repetidas durante la larga negociación en La Habana (Cuba) para sintetizar ese propósito esencial de sacar las armas de la política. De ahí que Comunes haya tenido una bancada garantizada a pesar de que las urnas no le han perdonado medio siglo de guerra, o los 21.000 secuestrados que documentó la JEP. En las elecciones de 2018, el partido logró apenas 85.000 votos –y acabó por renunciar a la candidatura presidencial de Rodrigo Londoño, Timochenko– y en las de 2022 todavía menos, unos 21.000 a la Cámara y 25.000 al Senado. Muy lejos del umbral necesario para sacar un escaño –equivalente al 3% de los votos válidos emitidos, que suelen ser más de 500.000–.
La historia de los dramáticos días que definieron el fin de la guerrilla más antigua del continente es conocida. El acuerdo de paz del Teatro Colón, sellado a finales de 2016, fue renegociado después de la inesperada derrota del original en un plebiscito que dejó en el aire todo el proceso. A contrarreloj, las FARC aceptaron en ese entonces 58 de las 60 modificaciones que propusieron los portavoces del No –entre los que estaba el entonces senador Iván Duque, el pupilo del expresidente Álvaro Uribe que después llegaría a la Presidencia–. “Las únicas dos que no aceptaron fueron las que definían lo que eran aspectos cruciales para su futuro: que los comandantes guerrilleros no pudieran participar en política y que se hicieran más severas las sanciones y condiciones de reclusión”, rememora Santos en su libro La Batalla por la paz. El acuerdo se salvó, pero la crispación política ha sido la regla desde entonces.
Custodiados por escoltas de la Unidad Nacional de Protección que fueron guerrilleros, como ellos, los senadores Gallo y Catatumbo llevan casi ocho años en el Capitolio Nacional, ubicado en el costado sur de la Plaza de Bolívar, el corazón de Bogotá, a pocos metros de la Casa de Nariño, el palacio de Gobierno. Las mismas instituciones contra las que antes estuvieron alzados en armas. Ambos deben responder todavía por otros procesos en marcha en la justicia transicional.
El 20 de julio de 2018, ocho firmantes de la paz ocuparon escaños por primera vez en el Congreso de la República –pues entonces no se presentaron ni Iván Márquez ni Jesús Santrich, quienes después retomarían las armas–. Sus nuevos colegas no los hicieron sentir precisamente bienvenidos. Varios congresistas del Centro Democrático, el partido fundado por Álvaro Uribe, los recibieron con el grito de “asesinos”. “Hemos ido asimilando que en política nadie le regala nada a nadie”, reflexionaba Gallo sobre su presencia en el Capitolio en un reportaje de este periódico.
Las fracturas internas también han ido desgastando a Comunes, que pasó de ser oposición en el periodo de Duque (2018-2022) a convertirse en parte de la variopinta coalición de Gobierno en el de Gustavo Petro (2022-2026). Pero su presencia en los pasillos del Capitolio ha propiciado amistades improbables, como la que estableció Catatumbo con el senador uribista Andrés Guerra, del mismo Centro Democrático, con el que han respaldado proyectos y debates sobre la defensa de la Reforma Rural Integral o el catastro multipropósito. Diálogos desde diferentes orillas en un país ansioso por doblar de una vez por todas la página de la violencia.
