“Lo que se está haciendo es arreglar las finanzas para el próximo Gobierno”, ha argumentado este miércoles el ministro del Interior de Colombia, Armando Benedetti, tras una reunión con los congresistas de las comisiones económicas. Con ello buscaba enfrentar las críticas que recibieron las palabras de su colega de Hacienda, Germán Ávila, que un día antes hizo una primera defensa del presupuesto para 2025 ante los legisladores que deben aprobarlo. En su mensaje a las cuatro comisiones económicas del Senado y la Cámara de Representantes, el economista que lleva menos de un semestre en el cargo recordó que propone que el Estado gaste 556,9 billones de pesos (unos 138.000 millones de dólares) en 2026, que la gran mayoría son gastos obligatorios por ley -inflexibles, en la jerga técnica- y que calcula un faltante de 26,3 billones de pesos, para lo que en las próximas semanas radicará una nueva reforma tributaria. Las respuestas negativas fueron inmediatas, y se han concentrado en los efectos que tendría ese aumento del gasto. Más cuando este año el Gobierno ya ha aceptado que debe recortar los 523 billones que pensaba desembolsar, pues no le alcanzará el dinero.
Con el presupuesto que propone ahora el Gobierno, las cifras cambian, pero el panorama es idéntico al de 12 meses atrás, cuando el primer gobierno de izquierdas de las últimas décadas presentó un presupuesto desfinanciado y una ley de financiamiento para llenar el hueco. En 2024, esa apuesta se saldó en una negativa de los congresistas a las dos cosas y en el inminente recorte de gastos para el remate de este año. Nada hace prever que este año ocurra algo diferente, pues no ha cambiado el equilibrio de fuerzas en el Legislativo, pero ahora el déficit fiscal ha crecido hasta ser del 3,8% del PIB en el primer semestre de 2025, el más alto en 21 años y peor que en la crisis por la pandemia de covid.
El ministro Ávila ha sido claro en la estrategia. Frente a los congresistas, defendió que lo propuesto “no está concebido como un presupuesto para incrementar sin fundamento el gasto público”. Y se refirió a una de las mayores críticas de un año atrás, el excesivo optimismo en la capacidad del Estado de recaudar impuestos. “Es moderado en cuanto a proyectar los ingresos tributarios con el fin de evitar desfaces”, defendió también. No por eso ha negado que en todo caso no alcanzarán. Incluso ha hablado de la necesidad de un “gran pacto fiscal por el equilibrio de las finanzas del país”, que implica al Gobierno, a los congresistas y en general al país, que tiene como elemento central un mayor recaudo de impuestos: “En ese esfuerzo por encontrar alternativas a la financiación del presupuesto, el Congreso debe jugar un papel muy importante”, ha dicho. En el atril, este martes ha señalado que el Gobierno está maniatado frente al 91,4% del dinero que gasta, y que con el 8,6% restante debe lograr avances en las metas de las propuestas políticas del presidente Gustavo Petro, que se concretan en el plan nacional de desarrollo.
El argumento es que el Estado debe servir como dinamizador de la economía, y que recaudo no es ahogar la economía, sino estimularla. “Cualquier dificultad en el campo fiscal debe ser atendida en el marco de una estrategia de consolidar el desarrollo económico y desde ningún punto de vista trabajar una estrategia que conduzca al estancamiento de la economía del país, teniendo en cuenta que las variables macroeconómicas en Colombia han mostrado una economía en desarrollo, en crecimiento y en consolidación”, ha dicho. En otras palabras, que el Gobierno sí ha aumentado sus ingresos y sus gastos, pero que ello ha tenido un impacto positivo.
Para la oposición, la realidad es la contraria. “El proyecto incrementa en $29,7 billones los gastos de funcionamiento, privilegiando el crecimiento de la burocracia sobre la inversión social y las verdaderas necesidades de los colombianos”, ha dicho la bancada económica del partido Cambio Radical, para la que el presupuesto “constituye una burla”. Algo similar ha asegurado el otro gran partido de la oposición de derecha, el Centro Democrático que lidera el expresidente Álvaro Uribe Vélez. “No hay ningún esfuerzo para corregir el rumbo”, remata su comunicado oficial de este martes.
Esas posturas no solo reflejan la composición del Congreso, sino que recuerdan que en septiembre pasado el mismo debate llevó a que el Legislativo rechazara el presupuesto , que también negó la ley de financiamiento del momento y que finalmente el presidente emitiera vía decreto, como prevé la Constitución, su propuesta inicial, a sabiendas de que no tendría suficientes ingresos para pagarla. En la última legislatura del cuatrienio de Petro, es improbable que algo cambie, e incluso Benedetti ha dicho que es optimista sobre conseguir los votos. Por su lado, el ministro Ávila ya ha aceptado de forma implícita que el Gobierno tiene apoyo solo en una de las dos cámaras, la tendencia desde 2022. “Damos un buen inicio a este proceso en la medida en que hemos encontrado de parte de la Cámara de Representantes unos interlocutores dispuestos y abiertos”, dijo al presentar el proyecto.
Para Marc Hofstetter, profesor de macroeconomía en la Universidad de Los Andes, el presupuesto representa un riesgo muy grande. Explica que se debe leer a través del prisma de otra decisión reciente del Gobierno Petro, la de suspender la llamada regla fiscal, una norma de la Constitución que obliga a mantener el déficit fiscal dentro de ciertos límites. “El sistema presupuestal tenía dos pilares: una regla fiscal que garantizaba que el tamaño del gasto sea sostenible en el tiempo y, sujeto a eso, un gran margen de maniobra para el Gobierno en el trámite del proyecto, pues el monto general que presenta al Congreso solo es rechazado si así lo votan, por aparte, las cuatro comisiones económicas. Eso es improbable y, rota la regla, quedará el monto que quiera, sin importar lo descabellado, desfinanciado o injusto que sea para las generaciones futuras”, afirma quien fuera miembro de la comisión independiente que vigila el cumplimiento de la regla fiscal.
Por ahora, el Gobierno enfrenta dificultades para tener el dinero suficiente para hacer todos los pagos, con el menor nivel de liquidez desde que se tienen registros. A estas alturas de 2026, será otro presidente y otro equipo económico los que enfrenten las dificultades de caja. Justamente a ese fantasma se refería el ministro de la política este miércoles, quien puso el espejo retrovisor y afirmó que el hueco se debe a las deudas contraídas por el presidente anterior, el conservador Iván Duque. “Se están tratando que haya inversión social y que se recojan unos recursos, 26 billones de pesos [a través de la anunciada ley de impuestos], para que se los gaste el próximo Gobierno”, afirmó.
