La Amazonia es la selva mejor conservada del planeta y a la vez la más amenazada. La cercan tanto los grupos armados ilegales que se pelean las rentas del oro, la coca, la madera, la marihuana y las tierras raras, como los grandes proyectos de desarrollo convencional, desde vías hasta proyectos energéticos y de minería. Protegerla pasa por entender que la respuesta a esas amenazas diversas depende de políticas públicas que no se pueden pensar en términos de fronteras, sino en la unión de esfuerzos de los ocho países de la cuenca. Esta fue la principal conclusión del conversatorio ‘Amazonía bajo amenaza: desafíos y oportunidades para la gobernanza regional’, realizado este jueves en Bogotá y organizado por la Fundación para la Conservación y el Desarrollo Sostenible, FCDS, la Embajada de Alemania en Colombia, la Iniciativa Global contra la Delincuencia Organizada Transnacional, GI-TOC, y la Universidad de los Andes.
“En el corazón del debate está la cuestión de la regulación de las economías que expanden la frontera agraria, más allá de la división entre economías legales e ilegales”, dijo Francisco Gutiérrez Sanín, director científico del Observatorio de Restitución de Tierras. El académico abrió el primer panel, moderado por Melina Risso, directora de Investigación del Instituto Igarapé de Brasil. El centro de la discusión fue la convergencia de las diversas economías ilícitas. “Ya tenemos mucha información, ese no es el problema. El problema es la debilidad institucional y la falta de voluntad política para enfrentarlas”, señaló la congresista Julia Miranda, durante casi 17 años directora de Parques Nacionales Naturales de Colombia.
En la charla, fue claro el consenso de los expertos y los funcionarios en no reducir el problema al actuar de las organizaciones criminales. “No son solo los grupos ilegales los que van de una economía a otra, sino otros actores. Eso hace que la respuesta de política pública sea muy compleja”, explicó María Alejandra Vélez, directora del Centro de Estudios sobre Seguridad y Drogas de la Universidad de los Andes. La politóloga también hizo énfasis en que algunas políticas han resultado nocivas para el medio ambiente, como el programa de sustitución de cultivos de uso ilícito en Colombia. Junto a otros autores, ella demuestra en un estudio que la bonanza cocalera de 2014 a 2019, impulsada en parte por ese programa, disparó la deforestación, que incrementó en 104% en el país. También encontraron un aumento del 302% en la conversión de tierras a pastizales para la ganadería en la región amazónica, un dato que muestra la suma de amenazas a ese bioma.
Si unas políticas afectan la Amazonia, otras se quedan cortas. “A la hora de dar soluciones hay que innovar. Por ejemplo, pensar en cómo cortamos los flujos de mercurio”, argumentó Felipe Botero, Jefe de la Oficina Regional Andina de GI-TOC, refiriéndose a las operaciones militares contra la minería ilegal que, aunque necesarias, resultan insuficientes. En ríos como el Puré, que conecta la Amazonia colombiana con la brasilera, han destruido las dragas, que las organizaciones criminales sencillamente reemplazan con otras. Además, los costos y la capacidad logística juegan en contra de esas acciones. “Un despliegue operacional en los tres ríos más afectados por la explotación de oro implica mover dos aeronaves por más de 275 millas náuticas. Como su capacidad es de 180 millas náuticas, requieren puntos de reabastecimiento en medio de la selva con 10.000 galones de combustible”, señaló Jorge Bernal Granada, coronel y vocero de la Policía de Colombia, quien recordó que en muchos de estos operativos se filtra la información, lo que afecta sus resultados.
Ante semejantes desafíos, la discusión se centró en qué debe cambiar. Esto puede ir desde perseguir los insumos que hacen posible la minería ilegal, como señaló Botero, hasta fortalecer la trazabilidad en toda la cadena, con mejores sistemas contra el lavado de activos. “Nuestros sistemas fueron diseñados hace 40 años, pensados en la lucha contra el narcotráfico. No necesariamente sirven para otros delitos, como la minería ilegal de oro”, explicó Julia Yansura, de la Coalición de Responsabilidad Financiera y Transparencia Corporativa (FACT). Esa organización publicó un informe el año pasado que mapea más de 230 casos de delitos contra el medio ambiente. Concluye que suelen usar empresas fantasma para lavar el dinero producto de ellos y que Estados Unidos es uno de los principales destinos de las ganancias ilícitas que se extraen de la Amazonia.
Este panorama muestra que los delitos que afectan a la región tienen ramificaciones globales. “La criminalidad ambiental se ha desbordado en los últimos años. Hoy es el cuarto delito transnacional más importante del mundo”, resaltó Mauricio Cabrera, viceministro de Ambiente de Colombia, durante el segundo panel, enfocado en las respuestas institucionales y moderado por María Margarita Zuleta, directora de la Escuela de Gobierno de Los Andes. El funcionario hizo énfasis en que hace falta un acuerdo vinculante que vaya más allá de los países amazónicos y permita la trazabilidad en la cadena de minerales. Algo similar opinó Carlos Montoya, director de Seguridad Ciudadana del Ministerio de Defensa de Colombia, quien señaló que han priorizado fortalecer los centros de inteligencia compartida entre países, como el que existe en Puerto Leguízamo, Putumayo, entre las instituciones colombiana, peruana, ecuatoriana y brasilera.
El trabajo conjunto va hasta la coordinación legislativa y judicial, señaló Ower Gerardo Quiñones, hasta hace poco director en delitos contra los Recursos Naturales y el Medio Ambiente de la Fiscalía colombiana. “El primer problema es jurídico, porque cada país tiene una legislación diferente”, dijo. Además, pueden tardar meses los intercambios de pruebas para determinar si algo que es delito en un país lo es también en otro. “La ruta de todos los delitos converge en una sola solución: dejemos de mirar la mina y miremos el contorno. Encontramos grupos que hacen outsourcing, que antes no se unían y ahora sí”, añadió.
Estos debates se dan justo una semana antes de la V Cumbre de presidentes de los Estados Parte del Tratado de Cooperación Amazónica. En este encuentro, que será el próximo viernes 22 de agosto en Bogotá, los mandatarios de Bolivia, Brasil, Colombia, Ecuador, Guyana, Perú, Surinam y Venezuela, tendrán que definir compromisos frente a esta selva.
Si quiere revivir el conversatorio ‘Amazonía bajo amenaza’, aquí lo puede encontrar.
