“Se debe aprobar la reforma a la salud o el sistema se hunde”, ha dicho Gustavo Petro, el primer presidente de izquierdas en la historia reciente de Colombia. Y, como demuestra un reciente decreto, está dispuesto a sacar adelante el ajuste que ha propuesto, así sea por vía administrativa y contra la opinión de un Congreso en el que no tiene mayorías ciertas y que ya ha negado su propuesta. Pese a que el Gobierno ha insistido con una tercera versión del proyecto de ley, y a que el Ministerio de Salud ha dicho oficialmente que el decreto “tiene como único propósito dar cumplimiento a lo ya establecido en el Plan Nacional de Desarrollo”, las novedades que trae son calcadas de la reforma. Este lunes, esa cartera ha hecho público el borrador de otra norma, que desarrolla parte del decreto y muestra que el Ejecutivo le apuesta a dejar listos algunos cambios justo cuando inicia el último año de mandato.
El decreto, al igual que la reforma, busca cambiar la lógica del sistema creado hace tres décadas y que logró aumentar la cobertura de menos del 50% a más del 95% de los colombianos. En él, la población se afilia a unas Entidades Promotoras de Salud (EPS), públicas o privadas, que sirven como las aseguradoras de su salud. Las EPS pagan los servicios que requieren sus afiliados, bajo ciertas condiciones, y reciben un dinero anual del Estado por cada uno de ellos. Si logran que el dinero alcance, pueden arrojar utilidades; si no, presentan pérdidas. El objetivo central es que así se logre controlar el gasto, mientras el riesgo de que nieguen procedimientos necesarios se controla tanto por el Ejecutivo, a través de la Superintendencia de Salud, como por los jueces, vía las acciones de tutela. Muchas EPS se han quebrado: la presión de gasto ha aumentado sin cesar, ha crecido la cantidad de personas que paga seguros privados y el Gobierno insiste en cambiar el esquema de raíz.
En esencia, el Gobierno busca fortalecer la función del Estado como administrador de los recursos y disminuir el papel de las EPS. Según el texto que aprobó la Cámara de Representantes en marzo, y que espera un difícil trámite en el Senado de la República, las EPS que cumplan ciertas condiciones y que no deseen desaparecer se deben convertir en Gestoras de Salud y Vida, que ya no serán aseguradoras. Tampoco manejarán recursos. Su labor será coordinar con el Estado la prestación de los servicios. Su labor, eminentemente administrativa, será auditar que los hospitales públicos y privados que brinden esos servicios cobren por los que sean efectivamente necesarios y ejecutados, y a cambio recibirán el 5% del dinero que el Estado presupueste que debe pagar por cada persona afiliada. La cifra puede crecer hasta el 8% o caer al 3,5%, según sus resultados. El Gobierno argumenta que ese cambio mejorará el uso del dinero de la salud, al reducir los costos administrativos; los críticos argumentan lo contrario; todos coinciden en que la mala situación financiera demanda ajustes.
Esa propuesta, sin embargo, tiene muy pocas opciones de salir adelante en el Senado. El proyecto espera su tercer debate en la comisión séptima, la misma que un año atrás negó la primera reforma. Además, hace tan solo dos semanas sus miembros eligieron como su presidente al liberal Miguel Ángel Pinto, quien se opuso entonces al proyecto y quien ha dicho que la unidad no será “un notario” del proyecto. En general, el Ejecutivo ha logrado mayorías en la Cámara pero no en el Senado, donde ha logrado sacar reformas relevantes solo tras intensas negociaciones. Para el caso de la salud, hasta ahora ni la oposición ni el el oficialismo han encontrado una fórmula que evite el que parece ser un cierto naufragio de la reforma en el último año de mandato, en el que el Congreso colombiano suele sacar adelante pocas iniciativas por estar enfocado en las campañas electorales y enfrentarse a un Gobierno que va de salida.
Por eso, el decreto no sorprende. De hecho, tampoco es una idea nueva. “Estas reformas tienen que implementarse de inmediato, no vamos a esperar al Congreso, porque no lo necesitamos, porque se puede hacer bajo las actuales leyes, solo se necesita audacia y decisión”, había dicho el mandatario en marzo pasado, tras visitar un centro de salud cerca a Cúcuta. Según el nuevo decreto, Colombia tendrá ahora Centros de Atención Primaria en Salud (CAPS) como “primer contacto y vínculo” con las personas y “base territorial” de su afiliación. Se trata de centros de salud o de las zonas de atención más básica de clínicas y hospitales, privados o públicos. Con la idea de que la salud debe estar muy atada a la geografía, las Gestoras estarán habilitadas por regiones, y los CAPS tendrán equipos básicos de salud, que deben hacer atenciones en salud preventiva directamente en los hogares. Esos equipos ya existen y han sido objeto de gran polémica por su costo y sus resultados inciertos.
Las reacciones al decreto han seguido las ya reconocibles líneas de un debate que el presidente ha puesto en el centro de su proyecto político. Un grupo de 16 expertos, que incluye siete exministros del sector, ha criticado fuertemente la decisión. “El Decreto 0858 no constituye una salida a la crisis, sino una imposición unilateral que profundiza la incertidumbre”, se lee en un comunicado emitido este lunes y que firman Augusto Galán, Alejandro Gaviria o Beatriz Londoño. “El Gobierno sustituye pilares del sistema de salud sin pasar por el Congreso. Contraría el principio de división de poderes y omite el debate democrático”, responde a lo que había argumentado previamente el Ministerio. “Este decreto hace parte de las medidas que el Gobierno Nacional ha venido adelantando para mejorar la prestación de los servicios de salud en el corto y mediano plazo, sin que ello implique sustituir el debate democrático y amplio que continuará en la Comisión Séptima del Senado sobre los cambios estructurales que requiere el sistema. La discusión legislativa sobre la reforma a la salud seguirá su curso institucional,” había afirmado la entidad al presentar el decreto. A la espera de que implementen los cambios, y con la amenaza de demandas al decreto por los gremios de las EPS, la discusión seguirá también por fuera del Capitolio.
