El manejo de las finanzas públicas en la era Petro ha logrado un consenso inusual en Colombia. Tanto la oposición como amplios sectores del oficialismo reconocen que el Estado se dirige hacia el abismo en el manejo de sus cuentas. El desbarajuste entre ingresos y gastos, que no es nuevo, se ha venido descosiendo más y más tras el agujero heredado de la pandemia. A tal punto que muchos aseguran que, en un horizonte no tan lejano, se dibuja un escenario con similitudes a las diversas crisis argentinas. Es decir, un país endeudado hasta el cuello, con debilidades estructurales para saldar sus pagos y con los ojos de inversores y acreedores puestos en un déficit crónico al cual tomará tiempo hallarle cura.
La propuesta del Gobierno para el presupuesto general de la nación de 2026, presentado la semana pasada, ha cruzado la línea, en opinión de muchos. A la espera de que el Congreso apruebe el proyecto, la idea ha nacido desfinanciada en 26 billones de pesos (6.300 millones de dólares) de los 557 billones en total que busca el Ministerio de Hacienda. Se trata de un aumento del 9% frente al de este año. Un alza que, si bien no es desorbitada, sí tensa las cuerdas en medio de un ciclo para el cual los observadores piden mesura en aras de estabilizar el barco. Lo más seguro es que el Legislativo apruebe, como es usual, parte del plan. Pero incluso los más optimistas anuncian desde ya que la segunda parte de la agenda, que incluye una reforma tributaria para reunir el monto faltante, será enterrada.
Los economistas se agarran la cabeza a la hora de dimensionar la gravedad del escenario. La solución pasa por un ejercicio pedagógico en un universo minado de tecnicismos. Para comenzar, advierten que Colombia no puede normalizar, como en estos últimos tres años, una carga deficitaria comparable a la pandemia, cuando el mundo entero desembolsó sumas inéditas para enfrentar la crisis. Pero las cifras y la secuencia son contundentes: la correlación entre la deuda neta y el PIB en el país ha brincado del 45% antes del Covid, al 55% durante la emergencia sanitaria, hasta el 61,3% actual.
El Comité Autónomo de la Regla Fiscal (CARF) ha trazado la línea roja en un 71%. No es menos cierto que el cuadro general tiene rasgos similares a la situación de países como Estados Unidos, Alemania o Reino Unido. La diferencia es que en esos casos se trata de países con aparatos productivos mucho más potentes, empresas tecnológicas e industrias capaces de ofrecer garantías a sus acreedores. Por eso, los analistas no han dado con una explicación para comprender la hoja de ruta del Gobierno en esta materia. De momento no ha habido una propuesta clara que sirva como cortafuego al descontrol y el peso del riesgo recaerá sobre la próxima Administración. Ese es, al menos, el examen del exministro de Hacienda José Manuel Restrepo.
El hoy rector de la universidad EIA detalla que a los abultados gastos estatales, Colombia suma el lastre de las deudas acumuladas en el pasado y de los intereses cada vez más onerosos que estos generan: “Prueba de esto es que la colocación en los Títulos de Tesorería (TES) está siendo casi un 40% más costosa que hace un par de años”. De forma breve: el Estado tendrá que destinar cada vez más recursos a cubrir deudas acumuladas, en detrimento de otras necesidades.
Además, tampoco cuadran las proyecciones del Gobierno, algo inusual en las salas de planeación oficial de la economía colombiana. Lo dice Luis Fernando Mejía, director del centro de pensamiento Fedesarrollo: “el año pasado el Gobierno había planteado un presupuesto muy alto que tuvo que recortar en dos ocasiones”. Con todo y los tijeretazos, prosigue quien también fuera director de Planeación Nacional, hoy la montaña de pasivos a pagar asciende a 60 billones de pesos (unos 15.000 millones de dólares). “Es una cifra que nunca se ha visto en la historia del país”. Además, las metas de recaudo por impuestos en 2024 fallaron.
¿Qué argumenta el Gobierno? ¿Por qué no aprieta la billetera? Petro juzga que es el momento adecuado para hundir el acelerador. En la recta final de su Administración no contempla ahorrar recursos. Parte importante del incremento del presupuesto en estos años se ha ido en gastos de funcionamiento, en burocracia o contratos por prestación de servicios para aceitar un aparato que el año pasado creció un 14% anual. Oponerse a ese aumento le costó en marzo, de hecho, el puesto de ministro de Hacienda a Diego Guevara, quien insistía en poner la caja en orden y clarificar las cuentas.
A todo ello se une la decisión del nuevo ministro, Germán Ávila, de aplicar la cláusula que permite suspender la regla fiscal bajo argumentos muy cuestionados. Durante el próximo año no habrá control al déficit ni a la deuda. Una movida de calado hondo que se ha traducido en la rebaja a la nota crediticia de Colombia por parte de Moody’s y Standard & Poor’s, dos de las grandes agencias de calificación.
Y se agolpan más datos importantes. El Marco Fiscal de Mediano Pazo publicado por el Gobierno en junio, calcula que el déficit de 2025 cerrará en 7,1% del PIB, dos puntos por encima de la última meta trazada en 5,1% del PIB por el CARF. Sin embargo, José Ignacio López, director de la Asociación Nacional de Instituciones Financieras (ANIF), avizora que será de 7,5%. “Son niveles muy cercanos a los que alcanzamos en el Covid. Más de un tercio de los ingresos fiscales se van en pagar intereses. La literatura señala que los países que terminan con una deuda muy alta empiezan a exhibir poco crecimiento”, advierte.
¿Cuáles son los riesgos? Caer en un espiral de deuda y tasas más altas. Lo explica el director del Observatorio Fiscal de la Javeriana, Mauricio Salazar. “Lo que más me preocupa es que ya llevamos tres años haciendo presupuestos sin un piso certero de ingresos. Tampoco estamos siendo organizados con el gasto, a diferencia de Chile y Perú”. Por eso, prácticamente nadie se anima a dimensionar la tarea que tendrá quien sea ministro de Hacienda a partir de agosto de 2026, cuando llegue un nuevo Gobierno: “El presupuesto del próximo año no tiene ninguna justificación. Además, 45 días después de la aprobación del Marco Fiscal y el Plan Financiero lo cambiaron en casi 18 billones con muy poco rigor técnico”, remata Restrepo.
De cualquier forma, esta historia quedaría incompleta sin mencionar que una parte del desbarajuste actual tiene raíz en el agujero creado por un antiguo subsidio a los combustibles, especialmente impulsado por la Administración del conservador Iván Duque. Su desmonte, aún parcial y en mora de resolver el capítulo del diésel, ha sido causa de fricción y malestar político.
Por último, experiencia reciente sugiere que, en tiempos de volatilidad global, conviene mantener la casa y las cuentas en orden como antídoto frente a los imprevistos: “La prima de riesgo país de Colombia se ha deteriorado en los últimos años. Hoy es la más alta entre las economías medianas y grandes de América Latina que tienen acceso a crédito. Yo creo que estamos al borde de un precipicio fiscal. Un terreno desconocido para nuestro país”, resume Luis Fernando Mejía.
