Desde la noche del viernes 25 de julio, la frontera entre Ecuador y Colombia dejó de ser una línea invisible para convertirse en un tenso escenario político tras una operación sorpresa. Buses escoltados por soldados y policías ecuatorianos se alinearon sobre el puente internacional de Rumichaca y comenzaron a descargar reclusos, sin previo aviso, sin acuerdo bilateral, sin protocolo alguno. Eran 603 presos colombianos expulsados por orden directa del Gobierno de Daniel Noboa. Los primeros de un total de mil que llegarán a territorio colombiano. La medida, adoptada de forma “unilateral” por el Gobierno ecuatoriano —según denunció la Cancillería colombiana en un comunicado publicado en X—, encendió tensiones diplomáticas y dejó interrogantes sobre los criterios, el proceso y el destino de quienes fueron devueltos a su país en condición de reclusos.
La expulsión masiva marca el estreno de una de las leyes más polémicas aprobadas por la Asamblea ecuatoriana con mayoría oficialista: la Ley de Integridad Pública. Bajo el paraguas discursivo de “lucha contra las mafias”, un proyecto que parece copiado de las políticas antiinmigración de Donald Trump, la norma permite deportar a cualquier extranjero detenido, incluso si no ha recibido una sentencia firme. Basta una prisión preventiva para subirlo a un bus y dejarlo del otro lado de la frontera.
“Ecuador nos responde con desdén”, escribió el presidente Gustavo Petro en su cuenta de X, en un mensaje que resume el malestar en Bogotá y eleva la tensión entre dos gobiernos ideológicamente enfrentados desde hace un buen tiempo. El tema de las deportaciones es especialmente sensible para el jefe de Estado colombiano, quien enfrentó una crisis diplomática con el gobierno de Donald Trump cuando rechazó un par de aviones con migrantes indocumentados deportados por Washington. Acá no hubo el mismo escalamiento, a pesar de que los deportados también llegaron en condiciones indignas.
En Nariño, el departamento fronterizo donde está Rumichaca, la deportación llegó como un baldado de agua fría para el gobernador Luis Escobar, quien vio a los cientos de colombianos vestir solo uniformes de prisioneros ante un helado viento andino. “Nos cogió no preparados, con un protocolo que armamos en tiempo récord”, dice, para atender a los detenidos colombianos en carpas instaladas en la frontera. La canciller colombiana, Yolanda Villavicencio, viajó allí inmediatamente tras enterarse del operativo. “Habíamos solicitado, mediante notas verbales, abrir un canal de diálogo para establecer un retorno ordenado”, dijo, visiblemente frustrada.
Solo seis de los 603 presos tenían antecedentes penales en Colombia, añade el gobernador Escobar, y asegura que Ecuador no buscó un camino de cooperación para que los otros 597 (y los que vienen para completar los mil), sigan respondiendo ante la justicia ecuatoriana. “Si el gobierno ecuatoriano cree que así soluciona sus problemas de seguridad en el territorio, yo en cambio creo que lo que puede hacer es afectar a las víctimas de los crímenes en su territorio”, opina el funcionario. Sin antecedentes en Colombia, esos antiguos detenidos ya han viajado a sus ciudades de origen, como Tumaco, Cali, Pereira, Turbo y Bogotá.
La Cancillería ecuatoriana, por su parte, asegura que notificó a Colombia el 8 de julio sobre su intención de proceder con las deportaciones, amparadas —según Quito— en su legislación y derecho internacional que permite la expulsión de extranjeros privados de libertad. Pero lo que hay detrás de estas deportaciones, dicen los expertos, es más una estrategia política de Noboa para encontrar un nuevo enemigo interno ante su crisis de seguridad.
“En el Gobierno de Ecuador hay desesperación porque temen que el ‘estado de guerra’ no alcance para barnizar al gobierno de legitimidad ante las cifras tan brutales de la violencia que sigue creciendo”, explica el docente investigador Luis Carlos Córdova. El primer semestre de 2025 ya es el más sangriento en la historia del país: más de 5.000 homicidios, y una espiral de extorsiones, secuestros, desplazamientos forzados y comercios cerrados por miedo. “Eso lleva a radicalizar posturas, algunas descabelladas, otras con más sentido”, añade Córdova. El Gobierno busca culpables que dar a la opinión pública, y los buscó entre los detenidos migrantes.
La Ley de Integridad Pública, advierte Córdoba, puede volverse un boomerang para Noboa. Alivia el hacinamiento carcelario, sí, pero al mismo tiempo deja la puerta abierta para que Ecuador se convierta en campo libre para sicarios internacionales. “Un asesino colombiano puede ser contratado en Ecuador con la certeza de que, si lo atrapan, lo deportan enseguida y allá no le pasará nada”, dice el académico. El uso de sicarios extranjeros para crímenes específicos es una modalidad que se retrata en varios casos que han sido coyunturales en el país, como el crimen del candidato presidencial Fernando Villavicencio, asesinado en 2023 por un grupo de sicarios colombianos que cruzaron la frontera exclusivamente para ese propósito. Los seis mercenarios contratados fueron luego asesinados en las cárceles ecuatorianas, bajo el control del Estado.
La expulsión masiva de presos colombianos ocurre en un momento en que el presidente Daniel Noboa se ha quedado sin un claro antagonista en el tablero político nacional. Con el partido de oposición Revolución Ciudadana debilitado por las fricciones internas, el mandatario ha encontrado un blanco fácil en los extranjeros, una receta que usan otros líderes como Donald Trump.
En declaraciones recientes a una emisora local, Noboa habló con desdén de los mil colombianos presos: “No podemos mantener a mil presos colombianos en cárceles ecuatorianas. Y encima siendo grupo prioritario”, recalcó el mandatario en referencia a un artículo de la Constitución que le molesta; en otras ocasiones ha dicho que quiere reformarla. “Un colombiano con cáncer de páncreas se atiende antes que un joven ecuatoriano”, dijo, aunque omitió que el joven ecuatoriano probablemente tampoco sea atendido por el precario sistema de salud y falta de insumos médicos en los hospitales públicos del país.
El discurso oficial ahora pone en el centro a los extranjeros en el combate al crimen. “Estos delincuentes tienen prohibido su ingreso al país por 40 años”, advirtió Jhon Reimberg, ministro del Interior, que es otra consecuencia de la ley aprobada. “No vamos a permitir que el terror cruce nuestras fronteras ni que se instale en nuestras calles”, dijo el ministro, bajo la nueva consigna del Gobierno, que es simple y peligrosa: quien lo hace se convertirá en “objetivo militar”.
