La fiscalía de Paraguay ha imputado al expresidente Santiago Peña por la presunta comisión de los delitos de lesión de confianza y administración en provecho propio por su actuación en la crisis de Ueno Bank.
La información fue dada a conocer por el Ministerio Público en un comunicado publicado en su cuenta de Facebook, en el que también anunció que solicitó la detención preventiva del exmandatario, así como el congelamiento de sus bienes y fondos.
Los fiscales señalan a Peña por haber «intervenido en decisiones vinculadas a la colocación y permanencia de fondos públicos y previsionales en Ueno Bank, entidad con cuyo grupo empresarial habría mantenido relaciones económicas y societarias».
Las primeras averiguaciones revelan que para septiembre pasado los distintos organismos del Estado tenían más de 230 millones de dólares en la entidad intervenida.
Medidas similares pidieron los investigadores contra Carlos Carvallo Spalding, expresidente del Banco Central de Paraguay (BCP), al que señlan de incumplir con sus obligaciones de supervisar al banco.
Según informó el diario paraguayo ABC Color, tanto Peña como Carvallo se habrían negado a prestar declaración ante los fiscales.
La imputación del exmandatario estuvo rodea de tensión.
La noche del viernes, una manifestación llevó a las autoridades paraguayas a trasladar a Peña desde su residencia hasta un cuartel militar, donde pasó la noche. Horas antes, la justicia le había impuesto arresto domiciliario tras su destitución por parte del Senado debido a su participación en el escándalo de Ueno Bank.
Y este sábado, durante su primera comparecencia ante la fiscalía, decenas de ciudadanos se concentraron frente a la sede de la Fiscalía General del Estado para exigir que «caigan» todos los implicados en la crisis financiera y política provocada por la intervención de la entidad bancaria.
Inicialmente, estaba previsto que Peña acudiera a la Unidad Especializada en Delitos Económicos y Anticorrupción (UDEA). No obstante, el sábado las autoridades informaron que, por «razones de seguridad», la diligencia se realizaría en la sede central de la fiscalía en Asunción, como ocurrió.
«Pedimos a la ciudadanía que mantenga la calma respecto a la investigación», declaró la fiscal adjunta Nancy Salomón, quien confirmó que el cambio de lugar para la comparecencia del expresidente se realizó para «evitar disturbios».
Las protestas lo persiguen
La seguridad fue el argumento esgrimido para que, cerca de la medianoche del viernes, integrantes de la antigua escolta de Peña lo sacaran de su vivienda, en el barrio Santísima Trinidad de Asunción, y lo trasladaran a la sede del Regimiento de Escolta Presidencial (REP), ubicada cerca de Mburuvichá Róga, la residencia presidencial que ocupó hasta hace apenas unos días.
Nada más conocerse la noticia de que el exgobernante permanecería privado de libertad en su residencia, decenas de ciudadanos se congregaron en los alrededores de la vivienda para protestar contra la medida y exigir que fuera enviado a una prisión.
El traslado del exmandatario estuvo marcado por momentos de tensión.
Según muestran videos difundidos por los diarios ABC Color y La Nación, algunos manifestantes lograron burlar el cordón de seguridad y situarse frente a la residencia del exgobernante para increparlo, arrojar huevos y golpear los vehículos que abandonaban el lugar.
Algunos de los congregados se enfrentaron a los uniformados, los cuales tuvieron que disparar balas de goma.
Un comisario resultó herido por un proyectil durante los sucesos, reportó el diario ABC Color.
Se desconoce cuánto tiempo permanecerá Peña en la sede del REP, unidad del ejército paraguayo encargada de la seguridad y protección del presidente, de su familia, así como de los exmandatarios y de los dignatarios extranjeros que visitan el país sudamericano.
Tras la caída de Ueno Bank, Peña presentó su renuncia al Congreso, una decisión que sus críticos consideraron una maniobra para evitar la justicia. ¿El motivo? De haberse aceptado su dimisión, Peña habría pasado a ser senador vitalicio y hubiera conservado fueros que dificultarían su procesamiento penal.
La decisión de privar de libertad provisionalmente al político fue criticada por su abogado.
Fuente de la imagen, Reuters
Devolviendo el dinero
Pero mientras las investigaciones avanzan, las nuevas autoridades paraguayas han comenzado a atender a los clientes de Ueno Bank.
«En los dos días que hicimos los pagos, jueves y viernes, hemos alcanzado un total de 1.196.000 personas que ya fueron beneficiadas con el pago de la garantía estatal», informó el presidente interino del Banco Central, Pedro Acosta, a su salida de una reunión con el nuevo presidente Pedro Alliana.
El funcionario reveló que, hasta ahora, se ha devuelto un total de 996 millones de guaraníes, cifra equivalente a alrededor de US$160 millones.
La intervención de Ueno Bank dejó a unos tres millones de clientes sin acceso a su dinero y desató una ola de protestas ciudadanas.
Por su parte, el presidente del Instituto de Previsión Social (IPS), Derlis León, aseguró que todos los jubilados del país recibirán sus pensiones en la fecha correspondiente, incluyendo los 32.000 que la recibían en el banco intervenido.
Fuente de la imagen, DANIEL DUARTE / AFP via Getty Images
