Foto: EFE – Carlos Ortega
Pedir un vehículo particular, que presta servicios de transporte, todavía implica sentarse adelante y, si toca, decir que el conductor es pariente. No obstante, los servicios de las plataformas de movilidad siguen ganando terreno (en medio de un limbo jurídico) y, de paso, acabando con el monopolio del transporte individual de pasajeros, que hasta hace nueve años era exclusivo de los taxistas. El impacto de esta nueva dinámica en la movilidad lo sienten los taxistas en su bolsillo y ya hay cifras claras.
Las dimensiones son billonarias. Una investigación desarrollada por Let Consultores y Datexco (respaldada en 27.000 encuestas en el país), la disminución de ingresos acumulada para propietarios y conductores, entre 2017 y 2025, ascendería a COP 28,67 billones en Bogotá, Cali, Medellín y Barranquilla. La capital del país, con más de 50.000 conductores, lidera las cifras concentrando COP 13,94 billones. Según el informe, un taxista dejó de percibir en promedio COP 164 millones en nueve años (cerca de COP 1,5 millones mensuales), mientras que los propietarios casi COP 108 millones, en el mismo lapso. Esto se repite en Medellín (COP 8,21 billones de afectación total), Cali (COP 3,62 billones) y Barranquilla (COP 2,90 billones).
Javier Cortés, líder del gremio taxista en Bogotá, considera que la disminución de ingresos se debe a la falta de control oficial y una desigualdad regulatoria. «Realmente las pérdidas han sido por la falta de decisiones claras de los gobiernos distritales y del Ministerio de Transporte», señala. Agrega que el problema hoy radica en que «quienes manejan los precios de cada carrera son las aplicaciones internacionales» sin mayor regulación, mientras que a los taxistas les exigen más de 28 requisitos para poder operar. Ahí hay una competencia desigual.
El líder resalta que muchos han sentido el impacto en los ingresos familiares: «Hemos perdido poder adquisitivo en casi 50% (…). Muchos han perdido sus carros o su capital, porque el negocio ha dejado de ser rentable para muchos». Esta situación ha llevado a muchos a sumarse a demandas contra el Estado por omisión de sus deberes de control contra el transporte ilegal.
Una fuente de empleo
El dilema va más allá de la reducción de ingresos del gremio taxista, pues revela un cambio en el mercado laboral. Muchos pasajeros migraron del taxi al servicio en vehículos particulares, que se transformó en una fuente de autoempleo. Según datos de Alianza IN, que representa a las plataformas de movilidad, actualmente cerca de 1,2 millones de cuentas de conductores prestan servicios en vehículos particulares, de las cuales 627.000 operan en Bogotá, encontrando una fuente contra el desempleo.
En esta revolución digital, Incluso, los taxistas se vienen sumando : 186.000 cuentas de taxistas en el país (113.000 en Bogotá) utilizan herramientas digitales para captar pasajeros. Esta integración está remodelando la dinámica diaria del servicio público tradicional. Según estudios de la firma Ipsos sobre el impacto de las aplicaciones, el 41% de los conductores que usan plataformas digitales perciben un aumento en sus ingresos, mientras que un 49% señala que sus ganancias se han mantenido estables. Además, el 40% de los taxistas encuestados dice haber reducido sus tiempos muertos de rodamiento sin pasajeros, y un 39% asegura que una eventual prohibición afectaría su actividad laboral.
La digitalización también ha impactado la calidad del servicio: seis de cada 10 taxistas afirman haber mejorado su atención al usuario y la mitad asegura haber optimizado las condiciones generales de su vehículo tras sumarse a estas herramientas.
Los usuarios
En el centro de esta encrucijada, el usuario es el gran beneficiario. Cada año, 7,05 millones de cuentas de usuarios en Bogotá piden servicios de transporte en vehículos particulares a través de APP, mientras que 1,6 millones recurren a aplicaciones de taxis. Conoce previamente la tarifa, el monitoreo mediante GPS y las gamas de vehículos terminaron con el icónico «por allá no voy».
Ipsos lo ratifica: el 80% de los usuarios prefiere pedir su taxi mediante aplicaciones digitales; un 67% se siente más seguro en los trayectos, y un 60% percibe una mejora en el servicio. A pesar de su evidente inserción, el sector del transporte digital continúa atrapado en un prolongado limbo legislativo en el Congreso.
No obstante, hay caminos: El Tribunal Administrativo de Cundinamarca ha sostenido que estos servicios no pueden ser prohibidos por las autoridades locales y deben ser objeto de una reglamentación . En el mismo sentido, la Corte Suprema de Justicia ha dicho que en la prestación de estos servicios tecnológicos se materializa el derecho humano fundamental de la ciudadanía a disfrutar del progreso científico y de sus aplicaciones tecnológicas.
Lo que viene exige superar la confrontación y avanzar hacia una reglamentación, que no puede basarse en la exclusión de alternativas ni en desatender el impacto en el bolsillo de los taxistas. La clave sería el equilibrio, reduciendo los altos costos que asfixian al taxi tradicional, para devolverle rentabilidad, al tiempo formalizando el trabajo en plataformas digitales mediante esquemas transparentes de seguridad social, tributación e impuestos. Solo con una política así será posible proteger el ingreso de miles de familias conductoras, promover la formalidad laboral y salvaguardar la libertad del usuario para elegir cómo desplazarse en la capital.
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