Al inicio de esta semana, el Juzgado Primero Penal del Circuito Especializado de Extinción de Dominio de Medellín decretó con extinción de dominio un inmueble perteneciente al Cartel de Medellín. El juez determinó que el inmueble hace parte de un esquema de testaferrato con el objetivo de ocultar activos que provengan del narcotráfico.
El fallo judicial reveló que la propiedad estaba a nombre del legendario exarquero de la Selección Colombia, René Higuita.
Frente a este contexto, el exfutbolista rompió el silencio por medio de un comunicado oficial que ha difundido en sus redes sociales. Afirmó que la propiedad la compró de manera legal durante la década de los 90.
“La propiedad fue adquirida de manera completamente legal, actuando siempre de buena fe y con recursos provenientes exclusivamente de mi trabajo. La negociación se realizó mediante una permuta, en la cual entregué dos apartamentos como parte del negocio”, indicó Higuita en su misiva.
En esa línea, aseguró que uno de los contratos fue adjudicado por Conavi como un reconocimiento al premio que obtuvo como mejor jugador del año, lo cual lo pone como evidencia de que el origen de las transferencias de dinero fue legítimo.
Cuando fue revelado que el inmueble perteneció a un señalado testaferro del Cartel de Medellín, Higuita señala que lo desconocía al momento en que lo adquirió.
“Es importante precisar que, incluso de acuerdo con las pruebas aportadas por la Fiscalía dentro del proceso, esa persona no registraba antecedentes penales ni investigaciones penales para la época en que se celebró la negociación. Al igual que cualquier ciudadano en una circunstancia similar, fui víctima de un engaño y jamás tuve conocimiento de antecedentes que relacionaran ese bien con actividades ilícitas”, explicó.
Aunque manifiesta respeto por la reciente decisión judicial de la extinción de dominio, procederá a emprender recursos de apelación, con el fin de que la sentencia sea revocada y que la propiedad le sea devuelta.
“No he sido condenado ni investigado por la comisión de ningún delito relacionado con este caso. Incluso, en la propia decisión judicial, el juez reconoce expresamente mi condición de tercero de buena fe y deja claro que mi nombre nunca ha estado relacionado con actividades de testaferro ni con haber prestado mi nombre para ocultar o encubrir el origen ilícito de bienes. La decisión recae exclusivamente sobre el inmueble y no constituye un juicio sobre mi conducta, mi actuar o mi integridad”, detalló.
Y concluyó: “Lamento profundamente esta situación, no solo por el perjuicio económico que representa, sino también por la evidente situación de injusticia que produce”.
