Imagen de referencia. La empresa fue creada en 1966.
Foto: EFE – Ernesto Guzmán
Resume e infórmame rápido
Escucha este artículo
Audio generado con IA de Google
Tanto la Comisión Sexta de la Cámara de Representantes como la gerente liquidadora de Emsirva, Adriana Betancourt, confirmaron que la empresa de aseo de Cali, que fue intervenida por el Gobierno nacional hace 20 años, será devuelta a la alcaldía de la ciudad.
Lea: Mujer de 23 años fue encontrada sin vida en el baño de su vivienda en Concordia, Antioquia
“La noticia es que Emsirva se devuelve a los caleños. La empresa se entregará con todos los usuarios para el servicio. Sacamos unos términos de referencia para que los operadores se presenten a participar y sean los operadores en las zonas o áreas que nosotros tenemos”, dijo a El País de Cali Betancourt.
La funcionaria señaló que la entrega hace parte de un proceso que se ha venido haciendo con la ciudad desde hace algún tiempo, así como se espera que “antiguos operadores que no quieren devolver los usuarios que en algún momento Emsirva se los entregó para que pudieran acompañarnos en este proceso y que prestaran el servicio público de aseo”.
Desde el Congreso, el congresista Hernando González señaló que en sesión de la Comisión Sexta se dio la noticia. “Cali tendrá nuevamente su empresa de aseo y no solo quedamos ahí, devuelven el catastro de usuarios y dejamos el espacio abierto para hacer el seguimiento para que esto se vuelva una realidad”.
Le puede interesar: Pasajero apuñaló a taxista en Medellín, al parecer, por no querer pagar la carrera
Por su parte, el representante Alfredo Mondragón indicó que la empresa “se la habían tomado hace más de 20 años los monopolios privados, que se quedaban con decenas de miles de millones de pesos de utilidades porque es un negocio muy lucrativo. Recuerden, hasta los hijos de expresidentes terminan quedándose con el tema de la disposición final de basuras y dejaban a un lado los recicladores”.
La empresa de aseo de Emsirva fue creada en 1966 e intervenida en 2005 por fallas en la prestación del servicio, deudas con acreedores y liquidación. Tras la intervención, las zonas de operación fueron cedidas a privados, que corresponden a cerca de 850.000 usuarios.
