El contador de masacres y asesinatos de defensores de derechos humanos se volvió parte del paisaje matutino. A diario, en redes sociales se denuncia un nuevo homicidio contra líderes comunales, indígenas, ambientales o defensores de la tierra. Un horror por donde se mire en un país que se jacta de haber firmado el Acuerdo de Paz más completo de la historia reciente de los conflictos armados.
La violencia de guerrillas, bandas criminales y grupos de crimen organizado se ha ensañado contra pueblos indígenas, comunidades afrodescendientes, voceros de juntas de acción comunal y líderes campesinos. Así lo establece el último informe de Naciones Unidas sobre defensores de derechos humanos. El departamento del Cauca es el que mayor número de casos registró en los últimos tres años, con un total de 84 homicidios, en su mayoría de indígenas del pueblo Nasa.
Desde el asesinato del niño ecologista David Cuñame, en 2022, la guerra expresó la continuación de su degradación en el departamento del Cauca. Lo mismo ocurrió con los conflictos locales en el suroccidente, nororiente y en la Sierra Nevada de Santa Marta. En medio del fuego cruzado de las disidencias de las FARC, el ELN, Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada y el Ejército Gaitanista, quedaron líderes sociales, ambientales y liderazgos comunitarios.
Pese a que a finales de 2023 la Corte Constitucional declaró el Estado de Cosas Inconstitucionales frente a la situación de los defensores de derechos humanos, la presencia institucional ha sido escasa y las gobernanzas armadas son las que continúan regulando la vida de campesinos y pueblos indígenas. El incremento en las victimizaciones contra los defensores responde a la defensa de la tierra y el territorio que han hecho las comunidades; los ataques selectivos se han perpetuado para tomar control de zonas estratégicas, debilitar el tejido social y comunitario, forzar desplazamientos e instaurar nuevas autoridades, en su mayoría criminales.
A la guerra por el control de las rutas del narcotráfico, la minería y otras economías ilegales se han sumado la tala indiscriminada de bosques, el tráfico de personas y nuevas formas de coerción sobre consejos comunitarios y cabildos indígenas. No se trata, entonces, solo de la disputa por los territorios, sino de desestructurar formas de vida, con el objetivo de propiciar un exterminio cultural, quebrando los nodos de resistencia y cooptando los sistemas de gobierno propio. En ese entramado, el reclutamiento forzado y la violencia sexual contra menores han sido prácticas funcionales al control armado, según el informe.
Los pueblos nasa, awa y emberá han sido los más afectados. Sus sabedores ancestrales, autoridades, mujeres y niños han sido víctimas de asesinatos selectivos en respuesta a la defensa que han hecho de su territorio. Según datos de ONU, de 2022 a 2025 un total de 95 personas defensoras de pueblos indígenas fueron asesinadas, un saldo en rojo que se suma a la agonizante paz total y a la fragmentación y profundización de la guerra en los territorios donde la violencia siempre ha estado enquistada.
Las Alertas Tempranas de la Defensoría del Pueblo han sido insuficientes para que el gobierno nacional responda de manera eficiente en el territorio. Pese a la advertencia reiterada de posibles vulneraciones, la respuesta del Estado se concentró en atender coyunturas humanitarias, como la crisis del Catatumbo, y no en volcar la institucionalidad de tiempo presente en los territorios. Desde finales de 2024, la entidad había advertido al gobierno nacional que debía trabajar en una política preventiva y de protección para defensores, articulada con Fiscalía y organizaciones sociales, que, por el momento, solo avanzó en la caracterización de patrones de violencia, victimizaciones contra pueblos indígenas y en la imputación contra la disidencia Estado Mayor Central por el delito de genocidio contra el pueblo nasa del Cauca.
El panorama es tan desalentador que ni las medidas cautelares colectivas otorgadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) han servido para hacerle contención a la violencia selectiva contra los pueblos indígenas. Lastimosamente, y como lo habían advertido desde finales de 2023 varias organizaciones, la desarticulación institucional en el nivel municipal no ha permitido generar políticas en el largo plazo encaminadas en la prevención y resguardo de la vida. Los esfuerzos de las misiones internacionales tampoco se han capitalizado en acciones concretas para las comunidades.
Después de los pueblos indígenas, las comunidades afrodescendientes son las más afectadas. Los liderazgos de los Consejos Comunitarios y Guardias Cimarronas han sido silenciados al oponer resistencia, defender el territorio y cuidar el medio ambiente, sobre todo en las poblaciones asentadas en el Andén Pacífico. El patrón de violencia también se repite con los voceros de Juntas de Acción Comunal y líderes campesinos, donde la sustitución voluntaria de cultivos y la oposición al reclutamiento de menores se han convertido en parte de las razones de los homicidios selectivos.
El informe señala, con especial preocupación, que en departamentos como Guaviare, Meta, Putumayo y Arauca la gobernanza de los grupos armados ha avanzado al punto que comunidades enteras están siendo carnetizadas, se les ha obligado a formar guardias campesinas de retaguardia y con ello el involucramiento directo en la guerra. Una situación que no es ajena a la historia de violencia no se había expresado en tal magnitud en los últimos años.
Será poco lo que se logre materializar en los últimos meses del gobierno del Cambio, lo cierto es que la confrontación armada sigue y, por lo pronto, la respuesta en prevención y protección sigue estando fragmentada y desarticulada a nivel departamental, municipal y local. El sistema de garantías no cuenta con capacidad financiera y técnica para poder desarrollar las acciones efectivas acordadas y constituidas con las comunidades. Si bien es cierto que se han fortalecido los sistemas de denuncia, monitorio y seguimiento, de nada sirve la documentación cuando los homicidios siguen marcando el día a día.
Tras el paso de cada gobierno, la hoja de ruta trazada en el Acuerdo de Paz se hace cada vez más difusa y su implementación se desvanece al tiempo que la violencia incrementa. El alto costo de la paz total terminó por atomizar más la violencia, empoderar a las estructuras criminales y hacer cada vez más difícil una transición a un sistema integral de prevención, protección y seguridad de las comunidades y pueblos indígenas.
