Crecen las denuncias por violencia al interior de las familias y los hogares en Bogotá. Según datos de la Policía, entre enero y febrero se presentaron 8.999 casos, lo que equivale a 152 al día y más de seis cada hora. La cifra representa un aumento del 37,8% frente al mismo periodo en 2025. Ese año, además, se alcanzó el pico más alto desde 2003.
Ese delito afecta de manera desproporcionada a las mujeres, que representan el 70% de las víctimas. Además, de los 8.418 delitos contra ellas registrados por el Observatorio de Mujer y Equidad de Género (OMEG) de la Secretaría Distrital de Salud entre enero y febrero, 6.126 corresponden a violencia intrafamiliar.
Más allá de las cifras, el fenómeno exige una lectura más compleja. “Es multicausal”, explica Juliana Sánchez, subsecretaria técnica de Integración Social, la entidad que se encarga de recopilar los datos de este delito en la capital colombiana. “Atraviesa factores sociales, culturales y económicos. En la dimensión cultural, persisten patrones que normalizan formas de violencia, especialmente psicológica y económica, que muchas veces ni siquiera se reconocen como violencias basadas en género”, dice.
En ese sentido, Ana Buriticá, directora del Observatorio de Mujeres y Equidad de Género del distrito, enfatiza que las cifras están atravesadas por “desigualdades estructurales entre hombres y mujeres, relaciones de poder históricamente desiguales y una sociedad patriarcal”.
Es un panorama que se agrava por la “brecha abismal”, como la califica el informe Cuando el hogar no es seguro, elaborado en marzo del año pasado por la Secretaría de la Mujer, entre lo que se denuncia y lo que ocurre. El informe señala que, mientras entre 2020 y 2021 se registraron cerca de 53.000 denuncias, el número real de casos se estimó en 404.000. Para Sánchez, esta “cifra oculta” está ligada a barreras estructurales. Explica que la pobreza, la exclusión social y la dependencia económica limitan las redes de apoyo y que muchas mujeres no identifican las violencias tempranas como un riesgo latente o temen denunciar.
El aumento sostenido en las denuncias desde 2022 abre el debate sobre si crece la violencia o la denuncia. Sánchez asegura que no se puede determinar exáctamente qué proporción de los datos responden a qué factor, pero enfatiza en que se han adelantado acciones para propiciar y facilitar el registro del delito: el fortalecimiento y ampliación de las comisarías de familia, que son la principal puerta de entrada a la justicia en estos casos, así como un cambio metodológico a la hora de recolectar los datos para “ampliar el universo de registro”, con el que las autoridades buscan reducir la brecha entre casos reales y denuncias. De hecho, para Sánchez, ese efecto explica parcialmente el pico de 2025. “También se ha trabajado para generar mayor conciencia para no normalizar estas violencias y denunciarlas desde etapas tempranas”, señala.
Karol Martínez, directora de la Clínica Jurídica de Violencia Intrafamiliar y Género de la Universidad del Rosario, concede que sí puede estar aumentando el número de las denuncias y que haya “mayor conocimiento y empoderamiento”, pero que eso “no significa que la violencia se esté resolviendo”. “Muchas mujeres denuncian, pero no siempre reciben medidas de protección, o si las reciben, el agresor incumple y la violencia se repite”, asegura.
Parte del problema, coinciden las expertas consultadas, está en cómo se clasifica la violencia. “La violencia intrafamiliar agrupa fenómenos muy distintos”, explica Paula Henao, Coordinadora General de la revista feminista Volcánicas. Martínez profundiza: “Se puede desdibujar la violencia de género porque todo se mete bajo la sombrilla de la familia”. En ese sentido, lo que es una violencia sistemática contra una mujer puede terminar tratado como un conflicto familiar, lo que minimiza el riesgo y afecta la respuesta institucional.
Aunque la ley 2126 de 2021 establece que las comisarías deben actuar con enfoque de género y la Corte Constitucional ha ordenado a través de varias sentencias que todos los funcionarios públicos también deben hacerlo, su aplicación es desigual. “Es un problema estructural de formación y educación”, señala Martínez, que agrega también una dimensión de capacidad institucional: “Hay equipos muy pequeños para la cantidad de casos, y eso lleva a decisiones rápidas que no siempre incorporan ese enfoque”. Por eso, enfatiza Sánchez, la Alcaldía le ha apostado a ampliar y fortalecer los equipos de las comisarías, así como a incorporar rutas diferenciadas.
Aun así, el reconocimiento no siempre se traduce en la práctica. Martínez advierte que, en muchos casos, las comisarías clasifican los hechos como conflictos familiares, precisamente por la dificultad a la que se enfrentan las mujeres de probar violencias como la psicológica o la económica, lo que limita las medidas de protección. Además, la violencia intrafamiliar y de género tiene un carácter progresivo. “Suele iniciar con formas que no se identifican como peligrosas y eso retrasa la denuncia”, explica Sánchez. “Cuando finalmente se reconoce, el riesgo puede ser muy alto”.
Entre esas formas, la violencia psicológica es la más frecuente. En 2025 se notificaron 33.856 casos con víctimas mujeres, frente a 12.520 de violencia sexual y 13.111 de violencia física, según datos del Observatorio de Salud de Bogotá (SaluData). La vivienda es el principal escenario: el 79,3% de los casos ocurre en ese entorno.
Esa invisibilidad también alcanza a la violencia económica. “Muchas mujeres no denuncian porque comparten un único bien con el agresor, como la vivienda”, señala Martínez. “Si él se resiste a salir y ella no quiere abandonar lo único que tiene, la violencia se mantiene”.
Ese continuo de violencias es lo que en muchos casos escala hasta el feminicidio. Un estudio del OMEG sobre los 47 feminicidios tipificados entre 2023 y 2024 en Bogotá, encontró que casi la mitad estuvieron precedidos por múltiples formas de violencia, principalmente física, psicológica y verbal.
Las condiciones materiales también inciden. La precariedad habitacional, la dependencia económica y la falta de redes de apoyo aumentan el riesgo, mientras que la autonomía económica y la estabilidad residencial funcionan como factores de protección.
Frente a esto, las respuestas institucionales han intentado ampliarse. “Estamos trabajando también con agresores para prevenir reincidencias”, señala Sánchez. Pero las expertas coinciden en que el problema sigue siendo estructural.
“Las normas están, los tipos penales existen”, concluye Martínez. “Pero sin un enfoque de género real en la sociedad y en las instituciones, la violencia va a seguir ocurriendo”.
