Una familia de campesinos se encontró hace unas semanas con una extraña sorpresa entre sus cultivos de coca y plataneras en Putumayo, la frontera colombiana con Ecuador. Un cilindro metálico de casi dos metros y pintado de un verde medio oxidado. Era una bomba de 227 kilos lanzada por el Ejército ecuatoriano y todo apunta a que de origen estadounidense. En uno de esos azares casi inverosímiles, la bomba no explotó al caer en territorio ecuatoriano, donde tenía como objetivo a las mafias del narcotráfico. De rebote, el explosivo fue avanzando unos 300 metros hasta cruzar al otro lado de la frontera. El extraño caso ha provocado una crisis de envergadura entre ambos Gobiernos. Y de fondo, la escalada militar estadounidense en Latinoamérica, una nueva vuelta de tuerca a la guerra contra las drogas y otro ejemplo de que Donald Trump concibe la región -y así se ha referido su Gobierno- como su “patio trasero”.
El presidente de Estados Unidos ha desempolvado explícitamente una vieja doctrina de finales del siglo XIX que justifica el intervencionismo sobre el resto del continente. En este contexto se produjo el ataque militar contra Caracas, que acabó con la captura del presidente venezolano Nicolás Maduro; o la asfixia petrolera impuesta sobre Cuba. La ofensiva estadounidense, más allá de las ansiedades y ambiciones geopolíticas, está siendo justificada en gran parte por el combate contra el narcotráfico. La estrategia avanzó un paso más hace un par de semanas en uno de sus campos de golf en Miami. La llamada cumbre Escudo de las Américas reunió a 12 gobiernos latinoamericanos ideológicamente afines al trumpismo. Los objetivos: combatir el narcotráfico, la migración y reducir la influencia de China en la región.
“El corazón del acuerdo”, dijo Trump, “es un compromiso en usar la fuerza letal del Ejército para destruir a sus siniestros carteles y sus redes terroristas”. El mensaje apunta a profundizar la presencia estadounidense en la región, interviniendo con mayor o menor protagonismo en los operativos de cada país, una puerta abierta desde la declaración el año pasado de un puñado de grupos criminales como organizaciones terroristas. El propio Pentágono considera que Ecuador se ha convertido en el primer país de Latinoamérica en ejecutar ataques coordinados en tierra contra los carteles. Es decir, un laboratorio de los planes de Trump para la región.
La cumbre destacó, en todo caso, por la ausencia de las tres potencias: Brasil, México y Colombia, una especie de eje progresista y objetivo favorito de los ataques de Trump. Desde el think tank Chatham House, apuntan en un reciente informe que “cualquier alianza regional eficiente tiene necesariamente que contar con ellos. La cumbre de Trump se pareció más a una entrega de la saga de películas de Marvel”. Los tres países ausentes suponen más de la mitad del PIB regional y albergan en su territorio gran parte de los mercados de producción y distribución de droga. Solo Colombia concentra tres cuartas partes de la producción total de cocaína, según los últimos datos de Naciones Unidas. A continuación, EL PAÍS radiografía la avanzadilla militar en los distintos países de la región.
Ecuador, el aliado perfecto
El presidente Daniel Noboa es casi el aliado perfecto, dispuesto a respaldar sin reservas cualquier iniciativa que llegue desde Washington. Desde los despachos oficiales hasta los operativos en territorio, la cooperación norteamericana se traduce en entrenamiento policial, intercambio de información, equipos tácticos y apoyo logístico para operativos terrestres que el Gobierno ecuatoriano autoriza con total apertura. Las operaciones se enmarcan en acuerdos en los tres órdenes castrenses: tierra, mar y aire. Negociados por el expresidente Guillermo Lasso en 2023, Noboa los ha ampliado y los utiliza para su “guerra” contra el crimen organizado, que ha desatado una tremenda crisis de violencia. Pasó de una tasa de asesinatos de menos de ocho por cada 100.000 habitantes en 2020 a más de 45 en 2023.
Los primeros operativos conjuntos comenzaron a inicios de marzo, con bombardeos a lugares ocupados por el grupo criminal Comandos de la Frontera, como el de la bomba que no explotó y acabó en territorio colombiano. Los lazos bilaterales se reforzaron tras la cumbre del Escudo de las Américas. A su regreso, Noboa decretó un toque de queda en cuatro provincias de la costa, donde se concentran más del 50% de los crímenes violentos del país. Cuenta con el apoyo directo de Estados Unidos y busca ataques dirigidos contra organizaciones criminales.
Antes, en 2025, el senador Marco Rubio y la ex secretaria de Seguridad Kristin Noem visitaron Quito para coordinar programas de prevención del narcotráfico, pero de fondo también buscaban fortalecer la política migratoria de EE. UU. Ecuador aceptó convertirse en un tercer país de acogida de migrantes expulsados. Noboa no solo aprueba los programas, sino que prioriza la agenda estadounidense sobre cualquier debate interno. Cuando Trump mencionó un supuesto cartel vinculado a altos funcionarios del chavismo, llamado De los Soles, Noboa se apresuró a declararlo grupo terrorista, pese a que no había evidencia de su operación en Ecuador. Este alineamiento marca un giro en la diplomacia ecuatoriana: una entrega sin reparos que refuerza la influencia de Washington.
Colombia, un presidente en la diana
Colombia es un aliado histórico de Estados Unidos. Ambos países colaboran estrechamente en la lucha antinarcóticos desde el año 2000, cuando los presidentes Andrés Pastrana y Bill Clinton sellaron el llamado Plan Colombia. El presidente Gustavo Petro, que acaba su periodo en agosto, ha tenido enfrentamientos con Trump por todo tipo de asuntos. Entre otros, los niveles récord de cultivos de hoja de coca. El pasado septiembre, Colombia incluso sufrió la temida descertificación de Washington en la lucha antinarcóticos, algo que no ocurría desde tiempos de Ernesto Samper (1994-1998), pero se mantuvieron los principales aspectos de colaboración militar. Incluso la cooperación de inteligencia, a pesar de los numerosos desencuentros.
El republicano, envalentonado por su intervención en Venezuela, insinuó en enero que Colombia podría ser la próxima en la lista. Petro ha defendido que llegó a temer una operación militar. Sin embargo, ambos presidentes acordaron una inesperada tregua durante la llamada que mantuvieron el 7 de enero. Sellaron esa distensión con una visita de Petro a la Casa Blanca en febrero, que se saldó con elogios mutuos. Aunque la tensión ha vuelto a subir esta misma semana al conocerse que el presidente colombiano está siendo investigado penalmente por parte de al menos dos fiscalías federales de Estados Unidos por posibles vínculos con narcos.
Bogotá ha optado por el pragmatismo en temas clave de la relación. Ha aceptado reanudar los bombardeos contra los grupos armados, extraditar narcotraficantes y reanudar la fumigación con glifosato, aunque de precisión y no aérea. Son acciones muy sensibles para un presidente de izquierdas, pero que apaciguan a Washington. Petro también nombró en el Ministerio de Defensa al general en retiro Pedro Sánchez, el primer militar en ocupar el cargo desde la Constitución de 1991. El ministro, que mantiene una fluida interlocución con Washington, hace su propia valoración de aquella reunión entre los dos presidentes. “Ha habido una ganancia muy grande. Sobre todo, se eliminaron los miedos de una intervención de los Estados Unidos en Colombia”, dijo esta semana en una entrevista con EL PAÍS.
México, el fantasma de la intervención
México, por ser el vecino del sur y por la envergadura de las mafias mexicanas, es uno de los objetivos favoritos de los ataques de Trump, con amenazas constantes de una intervención inminente. En este contexto asfixiante, la agenda bilateral se ha estrechado durante los últimos meses. La caída de El Mencho, el narco más buscado y localizado gracias a las labores de inteligencia estadounidenses, es la cristalización de esa colaboración y el episodio de más relevancia. Pero México ha ido sumando más puntos con la tercera tanda de presos vinculados al crimen organizado enviados a cárceles estadounidenses (y ya van más de 100), o las capturas de objetivos prioritarios para las autoridades, en concreto del FBI.
La buena relación del gabinete de seguridad mexicano con el estadounidense, particularmente con el FBI y el Comando Norte del Ejército, ha apuntalado estas operaciones. Mientras que en el plano militar, también se ha acelerado la cooperación. En febrero, el Senado aprobó la entrada de 19 militares estadounidenses al país para adiestrar a personal mexicano en operaciones especiales. La misma justificación dio la presidenta cuando a finales de enero, un avión militar aterrizó en el aeropuerto de Toluca. Sheinbaum explicó que se trató de un programa de capacitación para policías mexicanos dentro del marco de cooperación binacional y “regulado por el sistema de seguridad nacional”.
Cada uno de los movimientos, cada resultado en seguridad, cada captura, cada decomiso y desmantelamiento de laboratorios de droga ha ido acompañado, además, de la metódica estrategia de comunicación con la que México busca destacar los logros para espantar el fantasma de la intervención. La presidenta Sheinbaum defiende con insistencia el límite de la soberanía mexicana y trata de colocar en la agenda la tesis de la “responsabilidad compartida” ante el problema de la droga y la violencia, aludiendo a que Estados Unidos no solo es el mayor consumidor de drogas del mundo, sino el principal exportador de las armas que llegan a las mafias.
Brasil, la asfixia económica de las mafias
El Gobierno de Brasil ha reforzado en los últimos meses la lucha contra el crimen organizado ante la militarización de la lucha antidroga por parte de Estados Unidos. Frente a la estrategia estadounidense del bombazo, que abraza la oposición brasileña, y las frecuentes matanzas policiales en suelo patrio, el presidente Luiz Inácio Lula da Silva apuesta por asfixiar económicamente a las mafias que trafican con drogas, han infiltrado la economía formal y ejercen su dominio sobre parte del territorio nacional. Las principales, el Primeiro Comando da Capital (PCC) y el Comando Vermelho (CV). En 2025, la Policía incautó al crimen organizado el equivalente a 1.800 millones de dólares.
El Congreso también aprobó el mes pasado una ley que, entre otras medidas, castiga con penas de 40 años a sus integrantes. El Gobierno de Lula rechaza de plano que Washington, como hizo con los carteles mexicanos, declare organizaciones terroristas al PCC o el CV porque considera que abriría la puerta a una intervención militar estadounidense. Lula se encuentra en una posición delicada. Su equipo negocia con la Casa Blanca la fecha para visitar a Trump en Washington mientras insiste en que lo esencial para combatir al narco es mejorar el intercambio de información.
Argentina, la entrega al trumpismo
El alineamiento total del presidente Javier Milei con Trump ya ha propiciado el ingreso de tropas estadounidenses al país, hasta el momento para realizar diversos ejercicios militares. Así ocurrió en los primeros dos años del Gobierno ultraderechista. Para este 2026 está previsto en abril un despliegue más ambicioso: un ejercicio combinado entre los Comandos de Operaciones Especiales de ambas naciones, bautizado Daga Atlántica (Atlantic Dagger).
Pese a que debería contar con la aprobación del Congreso, Milei ha recurrido sistemáticamente a decretos de necesidad y urgencia para garantizar la entrada de las tropas de EE UU. No podrá saltar al Parlamento para que rija el acuerdo de seguridad firmado en Florida y el Ejecutivo ha dejado saber que en los próximos días enviará el texto para su debate legislativo. De todos modos, el proyecto estratégico militar con mayor relevancia geopolítica es otro. Milei dio participación a EE UU en la base naval que Argentina ya estaba construyendo en su ciudad más austral, Ushuaia, y anunció que ese punto convertirá a ambos países “en la puerta de entrada al continente blanco“, la Antártida.
Bolivia, el regreso de la DEA
La llegada al poder en Bolivia del centroderechista Rodrigo Paz, a fines 2025 y tras dos décadas de gobiernos de izquierda, implicó un vuelco rotundo. El nuevo presidente boliviano restableció las relaciones diplomáticas con EE UU y reactivó la alianza con la DEA, la agencia antidrogas estadounidense. La actuación de agentes de la DEA en territorio boliviano ya es un hecho. Autoridades de Bolivia confirmaron que un helicóptero de la agencia hizo vuelos sobre el Chapare, región cocalera y feudo del expresidente Evo Morales. Y, la semana pasada, en la captura del narcotraficante Sebastián Marset, EE UU informó de que la DEA colaboró en la investigación, detención y traslado a una cárcel de Virginia, informa Caio Ruvenal.
El Salvador, la cárcel de Trump
Desde que asumió su segundo mandato en enero de 2025, la administración de Donald Trump ha mantenido una relación de estrecha colaboración y elogios mutuos con el Gobierno de Nayib Bukele, centrada principalmente en la seguridad y la política migratoria. El presidente salvadoreño se ha convertido en un leal aliado de Trump y apareció en primer plano al lado del estadounidense en la foto de familia de la Cumbre del Escudo de las Américas.
La estrecha cercanía ha incluido ofrecer a su país como extensión del sistema penitenciario estadounidense. Washington ha enviado a El Salvador a centenares de personas detenidas por las redadas antiinmigrantes, que ahora se encuentran encarcelados en la prisión de alta seguridad conocida como Cecot. La ONU exigió el verano pasado a Bukele que explique la situación jurídica y de salud de 238 venezolanos recluidos desde marzo de 2025 en su prisión y le advirtió que podría estar incurriendo en los delitos de tortura y desaparición forzada. Trump ha llamado a Bukele “presidente excepcional” y la Casa Blanca lo ha elogiado en comunicados como “ejemplo para otras naciones del hemisferio occidental”.
Con información de Carolina Mella (Quito), Santiago Torrado (Bogotá), Naiara Galarraga Gortázar (São Paulo), Javier Lorca (Buenos Aires) y Carlos S. Maldonado (México).
