Un grupo de 15 uniformados de la Dirección Antinarcóticos de la Policía Nacional llegó a la vereda Sinaí, en Argelia (Cauca), el pasado 11 de febrero. Reunieron a los líderes de las juntas de acción comunal y, sin rodeos, socializaron el regreso de la aspersión con glifosato. La escena, que durante años era parte del pasado —desde 2015 el Estado suspendió las fumigaciones aéreas—, volvía a instalarse en uno de los municipios más cocaleros del país que más cocaína produce en el mundo, aunque con un matiz: ya no serían avionetas, sino con pequeñas aeronaves no tripuladas que, según el Estado, permiten la aspersión localizada. Lo que no cambió fue el fondo. El presidente Gustavo Petro, que cuatro años atrás hizo de la oposición a este herbicida una de sus banderas de campaña, la reactiva en medio de presiones por el aumento de cultivos ilícitos y tras los compromisos que asumió para superar la crisis diplomática con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, que puso sobre la mesa la producción de coca.
En Argelia, el encuentro de los policías con los líderes comunitarios duró menos de una hora, pero dejó una sensación que permanece desde entonces. Los uniformados hablaron de protocolos ambientales, de distancias de seguridad y de la precisión de los drones, como si se tratara de un procedimiento técnico. Sin embargo, varias preguntas quedaron en el aire: ¿qué pasaría con los cultivos de pancoger que resulten afectados? ¿Cómo se respondería por las posibles afectaciones? ¿A quién acudir en caso de daños? El alcalde, Osman Guaca, quien recibió la comunicación del Gobierno, no se ha pronunciado al respecto.
En estas veredas, la coca organiza la economía. De ella dependen los mercados semanales, los créditos informales y buena parte de los ingresos con los que más de 7.000 familias sostienen sus hogares, en un territorio donde las alternativas siguen siendo limitadas o inestables. Diego Fernando Manrique, de la Asociación Campesina Agroambiental de la Cordillera, lo plantea como una escena repetida. “Nadie ha venido a explicarnos qué va a pasar con nuestros ingresos para quienes vivimos exclusivamente de la coca, ni quién va a responder por las afectaciones a otros cultivos propios de pancoger”, dice. Detrás de cada hectárea hay economías sin otras salidas. En la brecha entre la explicación técnica y la vida cotidiana es donde la comunidad sitúa sus dudas.
Desde el momento en que el Gobierno confirmó que iniciaría un plan piloto de aspersión en este enclave cocalero, en la vereda empezó a tomar forma un comité improvisado, una red de voces que busca evitar el regreso del glifosato. Uno de los voceros, que ha pedido reservar su identidad, apunta a que cualquier decisión en la política antidrogas tendría que pasar primero por la aceptación de la comunidad. “En este territorio hay muchas promesas incumplidas. Hace dos años se hablaba de que el Estado comprara la hoja de coca, luego de la sustitución voluntaria, y ninguna tuvo efectos concretos. Ahora quieren regar un químico sobre la tierra donde vivimos”.
En la reunión, los miembros de la Dirección Antinarcóticos intentaron fijar los tiempos y las formas. En junio pasado, esta institución compró 22.000 litros del químico para cumplir con la política pública. En las veredas, los uniformados hablaron de un despliegue operativo, de vuelos que comenzarían desde el mes de febrero y avanzarían hasta finalizar el año. El Gobierno bautizó la iniciativa nacional como Programa de Erradicación de Cultivos Ilícitos mediante Aspersión Terrestre (PECAT), que tenía como meta, al cierre de 2026, erradicar 94.391 hectáreas de cultivos de coca en todo el país, más de una de cada tres matas del país, comenzando por esta zona del Cauca. Otras de las áreas priorizadas son la subregión del Catatumbo, el departamento de Nariño y territorios de la Amazonía como el Putumayo.
Sin embargo, esa prueba piloto permanece en pausa. El 30 de enero, cuando el anuncio todavía no se materializaba, unos 6.000 campesinos de Argelia, y los cercanos municipios de El Patía, El Tambo y Balboa hicieron una manifestación pública, el embrión de lo que luego se convirtió en un comité de protesta permanente. Jhon Javer Hoyos, un líder social de la zona, cuenta que, ante las presiones, amenazaron con tomar las vías de hecho. “Venían con un cronograma ya estipulado de fechas y zonas determinadas para comenzar con la aspersión, pero en el primer intento hubo una confrontación y no le permitieron avanzar a la fuerza pública”, señala.
En los días siguientes, la organización tomó forma con una rapidez que suele verse en los territorios rurales con poca presencia del Estado, aunque no al margen de formas de control ilegal. En estas zonas del Cauca, donde las disidencias de las extintas FARC regulan buena parte de la vida cotidiana, cualquier iniciativa comunitaria se mueve en un equilibrio frágil. Aun así, los líderes de las juntas de acción comunal crearon grupos de mensajería para alertar cualquier movimiento, repartieron turnos de vigilancia en los caminos y acordaron puntos de encuentro en caso de que aparecieran los drones.
Jhordan Montoya, otro líder comunitario, explica que varios líderes cocaleros recorrían los cultivos al amanecer para identificar posibles zonas de aspersión y definían quiénes permanecerían en los puntos de control durante la noche. La consigna era simple y repetida: no dejar pasar. El 17 de febrero, en un segundo intento por cumplir con el plan de Gobierno, la fuerza pública volvió a avanzar. Se encontró con los caminos taponados. La comunidad estaba apostada desde temprano, con cuerdas que atravesaban las trochas, motos que bloqueaban el paso y decenas de personas que marcaron un límite. El operativo no avanzó. Como en el primer intento, la aspersión quedó suspendida en el aire.
Detrás del plan suspendido hay una presión internacional que no se ve en la vereda, pero que termina aterrizando en ella. En los últimos meses, el Gobierno ha defendido su política antidrogas en medio de una disputa abierta por las cifras. Mientras organismos internacionales como la Oficina de la ONU contra la Droga y el Delito (UNODC, por sus siglas en inglés) calculan que el país alcanzó niveles históricos de producción —más de 3.000 toneladas potenciales de cocaína en 2024—, el Ejecutivo ha cuestionado esas mediciones, en un pulso que ha tensado la relación con Estados Unidos. En ese contexto, la fumigación es una señal.
En medio de la crisis diplomática con Donald Trump, el Gobierno colombiano aceptó reactivar medidas que había rechazado, lo que tensionó la relación del presidente Petro con sus propias bases. El regreso del glifosato, anunciado en vísperas de la Navidad, se inscribe en ese viraje. Una comisión diplomática que buscaba abrir caminos para acercarse a Trump pactó que Colombia volviera a la aspersión con glifosato.
El ministro de Defensa, Pedro Sánchez, explica a EL PAÍS que no en todos los casos la erradicación es forzosa. “Mucha gente nos dice que tiene muchas hectáreas de coca para sustituir manualmente, entonces ahí podemos entrar a apoyar con el glifosato”, señala. El funcionario también explica que, aunque está en vigor la normativa para hacer las aspersiones, debe ser articulada con las comunidades y la intervención estatal debe comenzar por una oferta de la Dirección de Sustitución de Cultivos. Esa oficina, dirigida por Gloria Miranda, debe liderar el proceso. “Es la que debe plantear que se va a erradicar, si no hay voluntad de hacerlo voluntariamente. Pero todo debe ser coordinado”.
Desde esa cartera, dicen que ya han erradicado manualmente varias hectáreas en Putumayo y Nariño, otros dos enclaves cocaleros. Pero el que en Argelia se presenta como un plan piloto, se traduce en esa tierra como una negociación que se definió lejos de las comunidades.
