Era un evento sencillo. El senador y aspirante presidencial Miguel Uribe Turbay subió el pasado 7 de junio a una tarima improvisada en el parque de El Golfito, en el barrio bogotano de Modelia, y tomó el micrófono para presentar sus propuestas de salud y para mejorar la situación de las personas con discapacidad. Dos disparos a la cabeza y uno más en la rodilla izquierda interrumpieron en seco el discurso. Tras permanecer dos meses en estado crítico, Uribe Turbay falleció el 11 de agosto. No habían comenzado todavía formalmente las campañas en Colombia, pero fue un aviso de lo que estaba por venir.
Tan solo en febrero pasado, tres secuestros cimbraron al país: el de la senadora indígena y ahora candidata a la vicepresidencia Aida Quilcué; el de Andrés Vásquez, candidato al Senado; y el de Ana Guetio, aspirante a ocupar una de las llamadas curules de paz, escaños específicamente creados para garantizar la representación de las víctimas de la violencia. Al final, todos fueron liberados en cuestión de horas. Además, ese mismo mes fueron acribillados dos escoltas del senador Jairo Castellanos. Y el pasado 4 de marzo, cuatro días antes de las elecciones legislativas, la aspirante a diputada María Bolívar Maury denunció que su convoy fue atacado a tiros.
“Estamos ante el proceso electoral más violento desde la firma del acuerdo final de paz de 2016, pero no de los últimos 20 años porque antes hubo mucha violencia también”, afirma Iris Marín (Bogotá, 48 años), defensora del Pueblo de Colombia, en una entrevista durante un viaje de trabajo por Madrid el pasado miércoles. En plena resaca electoral por las legislativas y mientras el país sudamericano se debate entre la continuidad o el cambio de cara a la primera vuelta presidencial de mayo próximo, Marín desentraña el complejo fenómeno de la violencia política, pone el acento en los grupos más vulnerables y llama a la concordia a todas las fuerzas en liza.
“Nuestra principal preocupación es la libertad de los votantes y para hacer campañas en ciertas regiones”, comenta Marín sobre los desafíos rumbo a las presidenciales. A las amenazas y atentados contra los aspirantes se suman las presiones e intimidaciones que enfrenta la población, sobre todo en las partes del territorio más afectadas. “Hay zonas donde prima la gobernanza criminal y que las instituciones del Estado no son capaces de controlar”, asegura. “La población de esas zonas no puede participar en igualdad de condiciones que el resto”, agrega. La violencia no impacta igual a todos: las mujeres y los aspirantes a las curules de paz son quienes corren mayores riesgos, explica la defensora.
“Los grupos armados se han venido fortaleciendo, no solo durante ese gobierno, sino en los últimos seis años”, señala Marín. La funcionaria apunta a la expansión territorial de estas organizaciones y a un mapa criminal cada vez más fragmentado como dos de los principales factores detrás de la violencia. Lo que está en juego para las fuerzas criminales en las elecciones es mantener el control que tienen sobre esos territorios. “Necesitan la gobernanza territorial para mantener su control sobre la población y el dominio de los recursos y de las economías legales e ilegales”, afirma. “No importa que los candidatos sean de derecha o de izquierda”.
Por eso, en la mayoría de los casos, la violencia electoral es un fenómeno local. Aunque la atención internacional está puesta en las presidenciales, las organizaciones criminales ponen el foco en las legislativas, sobre todo en los comicios para la Cámara de Representantes y las curules de paz. “Porque son las que definen el poder local, que es el poder de los grupos armados”, explica. El nordeste está atravesado por las disputas entre dos fuerzas narcoparamilitares, el Clan del Golfo y los Conquistadores de la Sierra, mientras que en la frontera con Venezuela, el Chocó, el Pacífico colombiano y Antioquia la pugna es entre el ELN (Ejército de Liberación Nacional) y varias disidencias de la extinta guerrilla de las FARC, aunque otros grupos afectan en otras regiones, expone Marín.
La Defensoría del Pueblo ha emitido recomendaciones a la Administración pública para contrarrestar la influencia de los grupos armados en el proceso electoral y garantizar la protección de los participantes. Sin embargo, Marín asegura que solo se han cumplido 41% de ellas y que eso ha tenido una incidencia directa sobre el terreno. Mientras que un primer informe de alerta electoral, publicado en octubre, se identificaron 62 municipios del país en riesgo extremo ante las votaciones, para enero esa cifra se elevó a 69. En total, más de 600 municipios de los poco más de 1.100 que hay en el país presentan algún tipo de riesgo de violencia y fraude electoral.
Marín sostiene que las votaciones del domingo pasado han logrado superar las dudas que había sobre la transparencia y la organización de los comicios, pese a las acusaciones de fraude que ha lanzado el presidente, Gustavo Petro. “Nuevamente se confirma la capacidad del sistema electoral colombiano de realizar elecciones. Parece obvio decirlo, pero había dudas al respecto de parte del Gobierno nacional”, afirma.
La crisis de seguridad en el país ha sido uno de los temas que han dominado las campañas. La política de la paz total ha sido una de las principales apuestas del Gobierno de Petro y aboga por negociar en paralelo con todos los grupos armados ilegales para encontrar una salida a la violencia. La estrategia no ha estado exenta de cuestionamientos por quienes reclaman la falta de resultados tangibles, carencias en la planificación y la legitimación política de las organizaciones criminales. En el otro extremo, como ha sido la constante en todo el tablero latinoamericano, se multiplican las voces de quienes defienden políticas de mano dura.
“Me preocupan las soluciones fáciles y simplistas a un problema histórico y complejo, y las elecciones son un ambiente propicio para satisfacer a un público agotado”, comenta Marín, que no ha ocultado sus dudas sobre la política de Petro, pero también mira con escepticismo las propuestas en el extremo contrario. “El balance de este Gobierno en materia de construcción de paz y prevención de las violencias es muy agridulce: se han expandido los grupos armados y los crímenes contra la población se han acrecentado; aunque se han reducido las agresiones atribuibles a la fuerza pública, eso es positivo”, señala.
La defensora, en cambio, rescata que la actual Administración haya sido “audaz” en su política social. “Destacaría todas las apuestas para enfrentar la desigualdad social, ese definitivamente es un punto positivo”, afirma. “Colombia tiene una deuda histórica con la igualdad, que es un derecho humano”, agrega.
Marín, la primera mujer en encabezar la Defensoría, subraya también el déficit en cuanto a la representación política de las mujeres. Apenas hubo un 41% de candidatas al Congreso y alrededor del 70% de los aspirantes electos son hombres, añade. “Es muy difícil para nosotras abrirnos camino, somos muy pocas las que llegamos a los primeros niveles de decisión del Estado”, afirma.
“Si hay una continuidad del Gobierno de izquierda”, señala sobre la polémica alrededor de la paz total, “es importante que se haga una evaluación y una reconducción, y no simplemente se diga ‘vamos a seguir en la misma línea”. “Del lado de la derecha, el problema es que se diga ‘se acaba cualquier proceso de conversaciones y vamos a pasar de la paz total a la guerra total”, apostilla y agrega que no sería fácil transitar en los hechos a una política contraria, aun si esa fuera la estrategia del próximo Gobierno. “En Colombia no hemos terminado ningún proceso violento a través de la guerra, eso traería solo más sufrimiento de la población si esa fuera la estrategia”, advierte.
