Para ser elegido al Congreso de Colombia no es necesario haber solucionado los problemas con la justicia. Al contrario: decenas de candidatos para las elecciones del próximo 8 de marzo tienen investigaciones activas por delitos como corrupción, enriquecimiento ilícito, nexos con grupos armados, tráfico de influencias o asesinato. La fundación Paz y Reconciliación (Pares) publicó el informe Candidatos y candidatas cuestionados al Congreso de la República en 2026, que concluye que, de los 1.078 candidatos al Senado, 76 tienen investigaciones y líos legales.
La oenegé incluye a quienes tienen procesos penales, disciplinarios o fiscales; a los que pertenecen a clanes políticos tradicionales o con estructuras burocráticas familiares; y a quienes están enredados en escándalos como Odebrecht o la parapolítica. Los cuatro partidos con mayor cantidad de candidatos cuestionados, según esos criterios, son el Liberal, el Conservador, La U y Cambio Radical, todos con listas abiertas. El Pacto Histórico del presidente Gustavo Petro y el Centro Democrático del expresidente Álvaro Uribe también tienen candidatos con dificultades en sus listas cerradas, pero en menor proporción. EL PAÍS presenta los 10 con mayor relevancia política y gravedad de las acusaciones, que se suman a los seis aspirantes investigados por el escándalo de la UNGRD y a los integrantes de clanes que se colaron en listas alternativas.
Richard Aguilar, Partido Liberal
El candidato con el tercer renglón de la lista abierta al Senado del Partido Liberal fue capturado en 2021 por los delitos de corrupción y concierto para delinquir en un proceso por presuntas irregularidades cometidas como gobernador de Santander, entre 2012 y 2015. El abogado de 44 años es hijo del condenado parapolítico Hugo Aguilar, heredó su poder y sus votos y ya fue senador por Cambio Radical. Aspira a regresar, ahora con el Partido Liberal y pese a que aún tiene pendiente el juicio en ese proceso, en el que quedó en libertad. Tiene en total ocho procesos abiertos en la Corte Suprema de Justicia, relacionados con los presuntos sobrecostos en la obra del estadio en la Villa Olímpica de Bucaramanga en 2015, las obras de mejoramiento en la carretera San Gil-Charalá en 2014, el corredor vial Agroforestal y Energético de 2014, el mejoramiento de la vía Bucaramanga-Floridablanca y la reconstrucción del Estadio Departamental Alfonso López. Varios testigos que trabajaron con él durante ese tiempo han denunciado que direccionó contratos para cobrar dinero.
César Lorduy, Cambio Radical
César Augusto Lorduy es uno de los políticos más cercanos al clan Char, del Atlántico. El abogado de 69 años fue representante a la Cámara por Cambio Radical entre 2018 y 2022 y luego magistrado del Consejo Electoral por el mismo partido. El 5 de marzo de 1979, Lorduy mató en Barranquilla a Alicia Mercedes Ribaldo Pardo, su pareja de ese momento, con una escopeta. El político asegura que fue un accidente; la familia de la mujer insiste en que fue adrede. El caso prescribió en la justicia. En 2023, la representante a la Cámara de izquierdas Ingrid Aguirre, lo denunció públicamente por soborno y acoso sexual. “Me pidió 500 millones de pesos para no revocar la candidatura de Patricia Caicedo [una aliada política de ella]. Como no accedí, me dijo que le podía pagar con mi cuerpo en las instalaciones del Consejo Nacional Electoral”, aseguró Aguirre durante una sesión en marzo de 2025 en el parlamento. El caso sigue en investigación en la Fiscalía General.
Didier Lobo, Cambio Radical
Didier Lobo, quinto renglón de Cambio Radical y cercano a Germán Vargas Lleras, es un político de carrera del departamento caribe del Cesar. Segundo vicepresidente del Senado entre 2023 y 2024, antes había sido concejal y alcalde de La Jagua de Ibirico, Cesar, por el cuestionado y extinto partido Partido de Integración Nacional (PIN), que tuvo entre sus fundadores varios parapolíticos. De acuerdo con Pares, el administrador de empresas de 55 años enfrenta 19 denuncias penales en la Corte Suprema de Justicia; en julio de 2014, su Sala de Instrucción le abrió formalmente una investigación en un caso en el que es procesado por enriquecimiento ilícito. El senador rindió indagatoria en abril de 2015 y el proceso sigue abierto.
Rummenigge Monsalve, Colombia Justa Libres
En enero de 2024, la Fiscalía acusó formalmente a Rummenigge Monsalve Álvarez por los delitos de prevaricato por acción y constreñimiento ilegal. De acuerdo con el ente acusador, el entonces alcalde de Malambo (Atlántico) obligó a la gerente del hospital de ese municipio a renunciar para así poder disponer del cargo para fines políticos. El abogado, número 50 de la lista de coalición entre Cambio Radical y de la alianza de Alma, también está siendo investigado disciplinariamente por las posibles irregularidades de un contrato que suscribió para enfrentar el Covid y que sumaba 4.000 millones de pesos, más de un millón de dólares. Aunque llegó a la alcaldía como conservador, su hermana, Ana Rogelia Monsalve, es actualmente representante a la Cámara por la circunscripción especial de afrocolombianos y con el aval del minúsculo Partido Demócrata Colombiano. La Procuraduría General tiene abiertos siete procesos contra el abogado, avalado directamente por el partido cristiano Colombia Justa Libres, quien hace campaña entre sectores religiosos.
Yessid Enrique Pulgar, Partido Liberal
Yessid Pulgar, quinto renglón de la lista liberal, es un político y hermano del exsenador Eduardo Pulgar, condenado por haber buscado sobornar a un juez y quien maneja los hilos del poder desde la cárcel. La familia tiene actualmente presencia en el Congreso con la senadora Claudia Pérez, esposa de otro hermano de Yessid y Eduardo, el también político Freddy; la hija de Eduardo, Isabnella, es diputada departamental y la alcaldesa Alcira Dansoval es parte del grupo político. La familia es muy poderosa en el municipio de Soledad, adyacente a Barranquilla, muy empobrecido y que en 2022 sumó casi 160.000 votantes, los suficientes para asegurar un curul en el Senado – Pérez obtuvo más de 23.000 de ellos.
Miguel Ángel Barreto, Partido Conservador
Miguel Ángel Barreto, quien ocupa el tercer renglón en la lista abierta del partido Conservador, es el líder de un clan familiar en el departamento del Tolima. El contador de 47 años llegó al Congreso como representante a la Cámara en 2014, saltó al Senado en 2022, y ahora aspira a reelegirse pese a que en julio de 2025 la Corte Suprema de Justicia abrió una investigación formal contra él por su presunta participación en el entramado de corrupción conocido como “Las marionetas”. De acuerdo con ese caso, Barreto sería uno de los congresistas que se benefició de millonarios contratos con el Departamento de Prosperidad Social dirigido por el también tolimense Pierre García, durante el Gobierno de Iván Duque. Barreto también fue investigado por no haber reportado gastos de campaña en 2018.
José Alfredo Gnneco Zuleta, La U
El actual senador José Alfredo Gnecco Zuleta, del partido de la U, llegó al Congreso desde 2010. Es hoy en día el político más notorio del llamado clan Gnecco, pues su familia domina la política del departamento del Cesar, al que llegó a inicios de los años 80. El padre del administrador de empresas, llamado Lucas, fue gobernador y más adelante terminó condenado por corrupción y nexos con grupos paramilitares. Otro de los tíos del senador, Jorge, fue asesinado en 2001, y había sido mencionado por líderes paramilitares como su aliado. Uno más, Pepe, fue senador y firmó el llamado Pacto de Ralito, un acuerdo de un centenar de dirigentes políticos del Caribe con los paramilitares. Y su primo Luis Alberto Monsalvo Gnecco, también exgobernador e hijo de la matrona del clan, Cielo, ha sido imputado por la Fiscalía por irregularidades en un contrato de alimentación escolar. El senador de 49 años tiene tres procesos penales en la Corte Suprema de Justicia, como consta en el sistema nacional de consulta de procesos judiciales.
Jhon Besaile, La U
El senador llegó al Congreso en 2022 con el apoyo de su hermano Musa y busca repetir curul en el octavo renglón de su partido. En esta ocasión compite con Olga Flórez, esposa de su hermano y quien aspira en la lista de La Fuerza, el partido de Roy Barreras. Musa fue condenado por pagar 2.000 millones de pesos al director de la Unidad Anticorrupción de la Fiscalía para evitar una orden de captura en su contra y por vínculos con grupos paramilitares, está en juicio por participar en los escándalos de corrupción de Odebrecht y Fonade y se declaró culpable por dirigir un entramado criminal conocido como cartel de la hemofilia. John fue mencionado en el proceso por el Cartel de la Toga. Johny o Jhony, por su parte, está en juicio en la Corte Suprema por presuntamente haber facilitado el robo de dineros de regalías de la ciencia y tecnología en su departamento, del que era secretario del interior.
David Racero, Pacto Histórico
El actual representante a la Cámara David Racero aspira a saltar al Senado en el renglón 22 de la lista cerrada del Pacto Histórico. Racero ha estado envuelto en distintos escándalos durante los últimos años relacionados con el uso de recursos públicos y el mal manejo de los funcionarios de su Unidad de Trabajo Legislativo. En la actualidad, Racero tiene abiertas investigaciones en la Corte Suprema de Justicia y en la Procuraduría por presuntamente utilizar la contratación de la Cámara para favorecer la estructura política de su tío Jose Luis Mayorca, quien en 2023 aspiró a la gobernación del Cesar. Aunque el Consejo de Estado desestimó una demanda de pérdida de investidura, la Justicia lo investiga por presuntamente pedir una parte del salario de sus empleados y ponerles tareas distintas a lo establecido en su contrato en el congreso. Hay registros de que pidió a varios miembros de su UTL trabajar en asuntos relacionados con un supermercado de su propiedad.
Jose Vicente Carreño, Centro Democrático
Jose Vicente Carreño busca reelegirse al Senado por el Centro Democrático, ahora en el renglón 19 de la lista cerrada. Se trata de un expolicía muy cercano a la cabeza del partido, el expresidente Álvaro Uribe, y quien está investigado por múltiples delitos. En junio de 2025, la Corte Suprema abrió un proceso en su contra por presunto tráfico de influencias, en la que busca determinar si aprovechó su posición para incidir en procesos contractuales a través de sus asesores legislativos, como denunció el general de la Policía Nicolás Zapata. En la misma Corte tiene abierto un proceso por una desaparición forzada cometida por paramilitares en 2003, por la que lo llamó a rendir versión libre en 2025. Como policía del municipio de Tame, según la Fiscalía, habría sido uno de los agentes del Estado que habría facilitado a los ilegales cometer el delito contra Alejhandero Sebastián Alarcón.
