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La Fiscalía de Colombia llevará a juicio a 12 menonitas mexicanos por deforestar más de 100 hectáreas de Puerto Gaitán, en el departamento del Meta, al oriente del país. Los hechos señalados ocurrieron entre 2016 y 2021, mientras este grupo ultrarreligioso protestante trataba de adecuar sus terrenos dedicados a la producción agrícola a través de la tala de bosque natural e invadiendo varios cuerpos de agua. Con la construcción de cuatro puentes, buscaban unir al menos seis predios colindantes y facilitar el paso de maquinaria pesada. De acuerdo a la Fiscalía, realizaron estas acciones sin autorizaciones legales. Por ello les acusa de aprovechamiento ilícito de los recursos naturales renovables, daño en los recursos naturales e invasión de área de especial importancia ecológica.
El ente investigador estableció que los menonitas tienen experiencia en la actividad agrícola y que, por tanto, “sabían que para talar árboles y remover la cobertura vegetal se requiere permiso o autorización de la autoridad ambiental y no lo obtuvieron”, según aseguró un vocero a El Espectador. “Era un delito y, sin embargo, con su voluntad, quisieron la realización de las obras”, aseguró. Según esta misma fuente, los menonitas se comprometieron a entregar el documento en el que plantearán su primera propuesta de reparación ambiental, un mes antes de que se oficializara la acusación. Las imágenes satelitales obtenidas por la Fiscalía dan cuenta del tremendo impacto y la deforestación en los llanos orientales.
De acuerdo a los datos de la iniciativa MapBiomas Colombia, el 61% de la superficie del departamento del Meta tiene coberturas naturales, boscosas y no boscosas. Pero, anualmente, pierde aproximadamente 20.000 hectáreas de bosque, unos 28 campos de fútbol. Adriana Rojas Suárez, coordinadora general de MapBiomas Colombia, señala que la deforestación impacta no sólo a las comunidades indígenas de la región, sino al patrimonio natural del país. “Adicionalmente, el Meta es la ‘bisagra’ entre la Amazonia y Los Andes, y su afectación tiene implicaciones importantes en la conectividad ecológica regional”.
Pedro Cortés, miembro de la comunidad indígena sikuane, quienes reclaman estos territorios de la comunidad menonita como propios, lamenta las tensiones vividas los últimos 10 años. “Primero era una sola familia que llegó a producir maíz y soja. Hoy son bastantes más. Unas 120 familias…”, critica. El líder añade que su pueblo ha sido víctima de varios desplazamientos por el conflicto armado y la lucha por el territorio y que este episodio es otra lucha más. “Le pedimos al Estado que garantice nuestros derechos territoriales y que nos deje seguir cuidando el ambiente y la vida”, dice. “Con estas intromisiones no podemos vivir en amonía con la naturaleza”.
Los menonitas son un grupo religioso hermético y autosuficiente que se dedica principalmente a la agricultura. Han levantado colonias en una decena de países de América Latina —incluyendo Paraguay, Bolivia, Perú, México, Argentina e incluso Belice— para la acumulación de sus tierras, con conflictos similares allá por donde van. Actualmente, se conocen denuncias similares en Perú y Bolivia, donde otros integrantes del grupo son acusados de deforestar el territorio.
Los académicos calculan que los menonitas llegaron a Colombia a mediados del siglo XX y se establecieron en el Meta hace menos de una década. Desde entonces, se han ido acumulando los altercados con comunidades indígenas, como los que comenta Cortés. Miller Gómez Figueroa, representante de la Asociación de Cabildos Indígenas del Meta, celebra que estén investigándolos. “Los compañeros indígenas dicen que la deforestación es enorme”, narra por videollamada. “Los sikuani llevan 40 años solicitándole al Estado que les cedan estos territorios porque les pertenecen ancestralmente y siempre encontraron trabas. ¿Cómo es posible que los menonitas tuvieran licencias en menos de cinco años?“, se pregunta.
El líder indígena lamenta que la vara de medir de la justicia sea “tan selectiva”. Señala que hay ocho personas indígenas acusadas por ecocidio por talar palmas para construir sus malokas, mientras no se fiscaliza correctamente “a los verdaderos deforestadores de este país: los grandes terratenientes”. Los esfuerzos por controlar la tala masiva son insuficientes. La deforestación en Colombia aumentó un 43% entre 2023 y 2024, cuando la pérdida de bosques pasó de los mínimos históricos de 72.000 hectáreas a 113.000 en un solo año.
“Hay muchos líderes amenazados y otros muertos en Puerto Gaitán”, recuerda Gómez. “Lo que sucede en nuestros territorios es que los grandes terratenientes consiguen lo que quieren a las buenas o a las malas. Y, mientras, nuestro territorio sigue siendo afectado”, lamenta.
