A finales del 2025 lo debimos intuir, pero la mezcla de asombro, emoción y angustia nos nubló la mente a pesar de que todos los indicios estaban presentes. No en vano, mientras una importante porción del país celebraba la noticia del 23% de incremento del salario mínimo y otra porción de Colombia lamentaba la decisión del presidente Gustavo Petro, resultó fácil decir que ese anuncio del gobierno era una decisión justa para mejorar el poder adquisitivo de quienes menos reciben como sueldo o, si se estaba en la otra orilla, que esa era una medida populista que terminaría por hacerle daño a la economía.
Nos equivocamos porque el dilema no era definir si el incremento era bueno o malo, sino el motivo real que llevó al presidente a tomar una decisión a todas luces inexplicable, pues el incremento que pedían los sindicatos – que históricamente son los que comienzan la negociación con el porcentaje más elevado posible – era apenas del 16%. ¿De dónde sacó el Gobierno un 7% extra para llegar al 23%? La verosímil excusa fue la de la adopción del salario mínimo vital, concepto puesto a punto por la Organización Internacional del Trabajo (OIT) en el año 2024 a través de un panel de expertos que definió la metodología para que los países del mundo hicieran el tránsito del concepto de “salario mínimo” al de “salario vital”. Y digo que la explicación del gobierno resultaba verosímil, pues efectivamente la OIT viene promoviendo desde hace algunos años el concepto de “salario vital” y como uno como ciudadano no debería desconfiar del Gobierno de su país, pues sencillamente el argumento resultaba aceptable.
Hasta que pasa lo que pasó el viernes anterior y lo que parecía una idea progresista del gobierno demuestra su verdadero talante: una estrategia para cohesionar multitudes y movilizar votantes para las elecciones de congreso y presidente que están a la vuelta de la esquina.
Si el gobierno hubiera querido quedar bien con los trabajadores de Colombia, bastaba con decretar el incremento del 16% que pedían los sindicatos. Con eso el aplauso general estaba asegurado. Pero la intención desde el comienzo era otra: se debía hacer un incremento tan absurdo que resultara inevitable la demanda al mismo por parte de un gremio o de un “ciudadano preocupado”; ya con la demanda interpuesta, bastarían unas cuantas semanas para que llegara al menos una decisión como la que llegó, es decir una suspensión del decreto, para convertir (una vez más) a jueces y a empresarios en enemigos del pueblo y con ese discurso animar a los colombianos para que transformen su ira en votos a favor de los candidatos del “gobierno que quiso ofrecerle a los colombianos un salario digno”.
La historia se repite diez años después, pues fue en 2016 cuando desde el Centro Democrático se utilizó una estrategia similar para hacer que los colombianos votaran masivamente en contra de los acuerdos alcanzados con la guerrilla de las Farc. Es inolvidable la frase aquella del gerente de la campaña del “no” cuando reveló que el secreto para ganar ese referendo fue lograr “que la gente saliera a votar verraca”. Ahora en 2026 quienes han optado por enverracar a los votantes para que no voten sino por los candidatos del Pacto Histórico fue el gobierno del mismo Pacto, que en un acto de absoluta manipulación emocional se inventó un incremento salarial que va en contra hasta de los mismos postulados de la OIT (hay que leer el documento sobre el salario vital). ¡Una vez más, Petro hermanado con Uribe! ¡Una vez más los políticos burlándose de los colombianos!
