Un secuestro en una carretera montañosa del suroeste colombiano recordó el martes que en Colombia nadie está del todo a salvo. La víctima fue la senadora indígena Aida Quilcué y su equipo de seguridad. Un grupo de hombres armados interceptó su camioneta y los hizo desaparecer durante horas. Todas las fuerzas del orden se movilizaron para encontrarlos. Aparecieron vivos. Pero el mensaje ya estaba enviado. Si a una senadora con escoltas la pueden borrar del mapa, aunque sea por unas horas, ¿qué queda para aquellos sin apellidos ni protección?
Ocurrió en plena campaña. Falta menos de un mes para las legislativas del 8 de marzo y tres meses para la primera vuelta presidencial. No es un caso aislado. La semana pasada guerrilleros a cara descubierta ametrallaron el vehículo de los escoltas de otro senador. Los asesinaron mientras uno grababa. Resultó que se habían saltado un retén de una guerrilla, que ni siquiera había un plan contra el candidato, pero era un recordatorio de que los grupos armados controlan buena parte del territorio del país. Esta misma semana alguien incendió unas vallas publicitarias de Juan Carlos Pinzón, uno de los candidatos presidenciales de la derecha.
Los datos confirman la sensación. Con vistas a las elecciones, 170 de los 1.100 municipios del país presentan algún nivel de riesgo electoral, según la Misión de Observación Electoral. En 81, incluida la capital Bogotá, el riesgo es extremo. Control armado del territorio. Violencia selectiva contra líderes, periodistas y candidatos. Enfrentamientos abiertos. Crisis humanitarias que, en la práctica, excluyen a poblaciones enteras del proceso democrático.
“La inseguridad ya no es solo el conflicto armado. Es el robo del celular, la extorsión, la sensación de que nadie responde. Para un trabajador informal, perder el móvil es pasar de la pobreza a la miseria”, explica el analista Miguel Silva. Esa experiencia diaria ha generado una “sed de orden” en todos los colombianos. De cualquier clase social. Una suerte de “buquelización” del debate público que empuja el voto hacia quien promete control inmediato.
En un país todavía marcado por el asesinato del verano pasado del senador y aspirante presidencial Miguel Uribe Turbay, el temor es que la violencia escale. Y con ella, que el miedo domine la conversación pública. El temor es que el debate se estreche. Y en ese terreno la izquierda, que gobierna y está dividida, parte con desventaja.
La derecha tiene ahí un terreno conocido: más fuerza pública, menos concesiones, ninguna negociación. Cárcel. Orden. Bombardeos. Millones de colombianos se sienten vulnerables y la promesa de mano dura es un mensaje fácil de entender y difícil de desmontar en campaña. La izquierda, en cambio, llega a este asunto con dos lastres. El desgaste del Gobierno de Gustavo Petro, incapaz de recuperar territorio frente a los grupos armados ni de mostrar avances claros en su política de paz. Y, quizá peor, la división interna.
La violencia ha atravesado esta semana el debate, pero apenas conmociona. Sí lo hace el bolsillo. El verdadero fogonazo que ha sacudido el clima de campaña llegó este viernes con la decisión del Consejo de Estado de suspender temporalmente el aumento del salario mínimo de casi el 24% que decretó Petro en diciembre. La conversación se volcó rápidamente hacia los trabajadores. “En términos reales, la suspensión tiene un efecto sobre dos millones de personas, pero tiene un poder muy fuerte sobre la narrativa”, explica el politólogo Gonzalo Araujo, del centro de pensamiento Orza. “Será un elemento disonante”, asegura.
La decisión, lejos de debilitar al oficialismo, ha servido para movilizar a la izquierda, que ha encontrado un nuevo enemigo. La derecha —crítica con el incremento histórico del salario mínimo— sorprendió pidiendo a los empresarios que mantengan el aumento pase lo que pase. Bajarán impuestos para compensarlos, prometieron los candidatos.
En una campaña ya imprevisible, cada episodio reordena el debate y obliga a recalcular posiciones. Violencia, decisiones judiciales, supuestas traiciones, sabotajes y cálculo electoral conviven en un escenario que cambia de foco cada semana. En Colombia, muchas veces, cada día.
El 8 de marzo, cuando se elegirán los diputados y senadores, será un día decisivo para medir el verdadero equilibrio de fuerzas. Ese día se celebrarán también tres grandes consultas interpartidistas que definirán los candidatos presidenciales.
De ahí saldrán tres nombres —de la izquierda, del centro y de la derecha—, pero no serán los únicos. Otros 12 llegarán por su cuenta a la primera vuelta, entre ellos los mejor posicionados en las encuestas: el ultraderechista Abelardo de la Espriella, una versión colombiana de Bukele; Iván Cepeda, hasta hace poco considerado la apuesta natural de Petro; y Sergio Fajardo, el matemático que intenta por tercera vez abrir un espacio de centro lejos de los extremos.
En la derecha, el guion parece más ordenado. Todo apunta a que su consulta la ganará Paloma Valencia, respaldada por el expresidente Álvaro Uribe, y que el resto cerrará filas después. En la izquierda, en cambio, se ha desatado una guerra. Hace poco más de una semana, el Consejo Nacional Electoral impidió a Iván Cepeda, el único capaz de vencer a la ultraderecha según las encuestas, competir en la primaria de la izquierda. La decisión no le veta participar en la primera vuelta —irá por fuera—, pero ha alterado el plan inicial y ha desatado un juego de lealtades. Cepeda además pierde la fuerza simbólica de una victoria en consulta y sufrirá que el progresismo compita dividido. El ganador de esa consulta será, previsiblemente, Roy Barreras.
Iván Cepeda y Roy Barreras son dos figuras con trayectorias y estilos opuestos convertidos en enemigos políticos. Cepeda, senador y referente histórico de la izquierda, representa la coherencia ideológica, la defensa sin matices del proyecto de paz y de derechos humanos que llevó a Petro al poder. Es más radical y menos carismático, pero hasta ahora tiene un enorme tirón popular impulsado por algunas decisiones del presidente como el aumento del salario mínimo ahora en el limbo. Barreras, expresidente del Senado, es el operador. El estratega. El hombre que logró los apoyos para que Petro ganase y sacase adelante reformas clave. En las últimas semanas ha lanzado el mensaje de que el candidato del presidente es él. Más pragmático, a Barreras no le importa tanto derramar el bote de las esencias de la izquierda.
El final del partido es imprevisible. A diferencia de hace un par de meses, donde las apuestas eran más claras, ahora nadie se atreve a apostar por quién va a ganar. Con la izquierda dividida, la derecha gana espacio, pero hay millones de colombianos que aún no saben en quién van a votar. “Es la elección más abierta en años”, sostiene el analista Silva. Las encuestas hablan de un 11% de indecisos. Pero la cifra engaña. “El voto realmente volátil puede estar entre el 30% y el 40%”, explica. “Hay un electorado que hoy dice una cosa y mañana puede decir otra. La gente no solo está indecisa. Está disponible”, asegura. Disponible para moverse si el clima cambia, si una candidatura se consolida en las consultas de marzo o si la violencia o cualquier otro escándalo altera la conversación.
