Un caso ha sacudido el debate en torno a la administración del presidente Gustavo Petro: las denuncias por la presunta expedición irregular de títulos profesionales a funcionarios y contratistas del Gobierno. El foco está en la Fundación Universitaria San José, institución de educación superior cuya validez académica ha sido cuestionada tras surgir denuncias de títulos otorgados sin cumplir con exigencias legales, como la presentación y aprobación previa de la prueba Saber Pro —un requisito obligatorio para la obtención de títulos profesionales en Colombia.
El caso emblemático: Juliana Guerrero
El escándalo tomó relevancia pública con el caso de Juliana Guerrero, quien presuntamente obtuvo títulos universitarios de manera irregular en la Fundación Universitaria San José mientras aspiraba al cargo de viceministra de Juventud. La Fiscalía la ha imputado por falsedad ideológica en documento público y fraude procesal, y solicitó medidas de aseguramiento en prisión domiciliaria al considerar que los títulos presentados no cumplían con los requisitos académicos exigidos por la ley colombiana. Un directivo de la entidad ya aceptó su responsabilidad.
El caso no es reciente. En septiembre pasado, el abogado de la Fundación Universitaria San José —institución que le otorgó un título exprés en contaduría pública— anunció la anulación del diploma por incumplimiento de los requisitos de grado. En ese momento, la entonces jefa de gabinete del Ministerio del Interior sostuvo que cualquier error era responsabilidad de la universidad y no suya. Guerrero, de 23 años, continúa como delegada del presidente en el consejo directivo de la Universidad Popular del Cesar, su departamento de origen.
La Fiscalía acusa de los mismos delitos a Luis Carlos Gutiérrez, exsecretario general de la Fundación, señalado de gestionar los títulos de Guerrero y quien en un documento interno reconoció hace unos meses que ella se graduó sin cumplir los requisitos exigidos, condición clave para que procediera el nombramiento propuesto por Petro al cargo de viceministra de Juventud. Tras el escándalo, esa designación se frustró.
El llamado Cartel de los títulos falsos
La representante a la Cámara Catherine Juvinao, del Partido Alianza Verde, presentó a finales de enero pasado una investigación en la que afirma haber identificado 24 casos de presuntas irregularidades en la obtención de títulos de la San José por parte de funcionarios o contratistas que terminaron vinculados a 16 entidades del Gobierno nacional entre 2023 y 2025.
Entre las irregularidades señaladas por la congresista figuran la expedición de títulos antes de que los graduados presentaran los exámenes obligatorios —como las pruebas Saber Pro o Saber TyT— en contravía de la normativa educativa colombiana; la obtención de múltiples diplomas en lapsos inusualmente cortos, incluso el mismo día o con pocas semanas de diferencia, lo que pone en duda la validez de los procesos académicos; y la presunta existencia de contratos públicos diseñados a la medida de credenciales que podrían carecer de legitimidad. Según la denuncia, los funcionarios involucrados habrían sido vinculados a el Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA), la Unidad Nacional de Protección (UNP), el Invima, el DANE, la DIAN, la Aerocivil, así como a varias superintendencias y ministerios.
El Gobierno de Petro ha rechazado que se trate de un esquema sistemático o de una política deliberada para favorecer a funcionarios y ha atribuido las denuncias a ataques políticos en un contexto de creciente polarización, especialmente en el marco del ciclo electoral que vive Colombia.
