La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, anunció este viernes que solicitará a la Asamblea Nacional la aprobación de una Ley de Amnistía General que permitirá la liberación de centenares de «presos políticos» en Venezuela.
«Hemos decidido impulsar una ley de amnistía general que cubra todo el período político de violencia política de 1999 al presente», dijo Rodríguez en un discurso que pronunció la tarde de este viernes durante un acto en el Tribunal Supremo de Justicia con motivo del inicio del año judicial.
«Quiero que sea una ley que sirva para reparar las heridas que ha dejado la confrontación política desde la violencia, desde el extremismo, que sirva para reencauzar la justicia en nuestro país y que sirva para reencauzar la convivencia entre los venezolanos y las venezolanas», agregó.
También anunció el cierre del Helicoide, edificio que ha sido calificado como el «mayor centro de tortura en Venezuela» y donde tiene su sede el Servicio Bolivariano de Inteligencia (Sebin), órgano responsable de muchas de estas detenciones y que ha sido señalado por presuntas violaciones graves a los derechos humanos.
«Hemos decidido que las instalaciones del Helicoide que hoy sirven como centro de detención se conviertan en un centro social, deportivo, cultural y comercial para la familia policial y para las comunidades aledañas a este recinto», dijo la gobernante al presentar la medida como parte de un programa social llamado «Guardianes de la Patria», destinado a favorecer a funcionarios policiales.
Poca claridad sobre liberaciones
Los anuncios de Rodríguez se producen menos de un mes después de la operación militar del 3 de enero con la que Estados Unidos capturó en Caracas al presidente Nicolás Maduro y a su esposa, Cilia Flores.
Ese mismo día, el presidente Donald Trump anunció que el gobierno de EE.UU. iba a administrar temporalmente Venezuela hasta que haya una «transición segura, adecuada y sensata».
Pocos días después, el presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, Jorge Rodríguez, anunció la excarcelación de «un número importante» de presos venezolanos y extranjeros que presentó como un gesto a favor de la «unión nacional y la convivencia pacífica».
Ese anuncio generó grandes expectativas pues para ese momento en Venezuela había -según datos de la ONG Foro Penal, unos 800 «presos políticos» -término rechazado por el gobierno chavista, pero usado por distintas agencias y oficinas de la ONU que también se refieren a estos presos como «personas privadas de libertad por razones políticas».
El mismo Trump celebró esa medida en un mensaje que publicó el 10 de enero en la red Truth Social.
«Venezuela ha comenzado el proceso, a lo grande, de liberar a sus presos políticos», escribió el mandatario estadounidense.
«¡Gracias! Espero que esos prisioneros recuerden la suerte que tuvieron de que Estados Unidos interviniera e hiciera lo que había que hacer», agregó.
El proceso, sin embargo, no ha transcurrido ni con la celeridad ni con la transparencia que esperaban los familiares de estos presos que se trasladaron a las afueras de los centros de detención a la espera de liberaciones que en muchos casos no han ocurrido.
Por otra parte, ha sido frecuente que las personas liberadas no recuperen su libertad plena, pues siguen sometidas a regímenes de presentación, tienen limitaciones en sus derechos ya que no se les permite hablar con la prensa o han debido irse del país.
Tampoco hay claridad sobre la cantidad de personas liberadas, el pasado 23 de enero Delcy Rodríguez cifró las excarcelaciones en más de 600, pero Foro Penal afirma que han sido menos.
En un mensaje publicado el 29 de enero en su cuenta en X, esa ONG afirma que había verificado la liberación de 302 personas.
De acuerdo con sus cifras para ese momento había en Venezuela 711 «presos políticos», de los cuales 530 son civiles y 181 son militares.
El que, pese a que hayan ocurrido 300 liberaciones, la cifra de detenidos se mantenga en torno a los 700 -de unos 800 presos iniciales- obedece, según Foro Penal, a que en las últimas semanas han conocido casos de personas que estaban detenidas por razones políticas pero cuyos familiares no habían denunciado sus casos por temor.
En este contexto de excarcelaciones, la embajada de EE.UU. en Venezuela anunció en su cuenta en X que ya han sido liberados todos los ciudadanos estadounidenses *de los que se tenía conocimiento* que se encontraban detenidos en ese país.
No aplicará para homicidas ni corruptos
En su discurso, Delcy Rodríguez presentó la ley como una oportunidad para la convivencia en Venezuela en un marco de pluralidad.
La presidenta interina encargó a la Comisión para la Revolución Judicial, un ente creado por Maduro en 2021 para reestructurar el sistema de justicia en Venezuela, que se ocupe de elaborar con urgencia el proyecto de ley que debe presentarse ante la Asamblea Nacional, donde debe aprobarse con «máxima celeridad».
La gobernante aclaró que la ley no se aplicará para personas procesadas o condenadas por homicidio, por tráfico de drogas, por corrupción y por violaciones graves a los derechos humanos, pues en esos casos existe un impedimento constitucional.
Rodríguez dijo que la amnistía fue discutida con la cúpula del chavismo y sugirió que cuenta con el visto bueno de Maduro, quien actualmente se encuentra preso en EE.UU., pero a quien las autoridades chavistas se siguen refiriendo como el «presidente legítimo» de Venezuela.
«También allí está la decisión del presidente Nicolás Maduro y de la primera dama, con quienes tenemos intercambios, pero también tenemos las líneas que nos brindaron por si llegase a ocurrir una situación calamitosa para nuestra patria, como en efecto ocurrió el 3 de enero», explicó.
«Una Amnistía General es bienvenida siempre que sus elementos y condiciones incluyan a toda la sociedad civil, sin discriminación, que no se convierta en un manto de impunidad y que contribuya al desmantelamiento del aparato represivo de persecución política», escribió en su cuenta de X.
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