Diógenes Quintero Amaya (36 años) se hizo su vida con la inspiración de la trayectoria de su padre, un líder comunal que representó a su poblado por 30 años y llegó a ser concejal del municipio de Hacarí, Norte de Santander. Su infancia y adolescencia transcurrieron en la vereda Agua Blanca, donde vivió los problemas y las demandas propias de las zonas más afectadas por la violencia en toda Colombia, el Catatumbo. Su contacto temprano con el conflicto y con los reclamos cotidianos de la comunidad marcaron su trabajo público: primero desde la defensa de los derechos humanos en su pueblo y, años después, como el primer congresista en ocupar la curul de paz del Catatumbo, uno de los 16 escaños creados por el Acuerdo de Paz con las FARC de 2016 para darle una representación a las zonas más afectadas por la violencia armada. Este miércoles se dirigía de la capital departamental, Cúcuta, a Ocaña, donde reside su familia, en un vuelo de la estatal Satena. Murió en un accidente que ha enlutado a todo el país.
La Aeronáutica Civil ha confirmado que la aeronave Beechcraft 1900D, que transportaba 13 pasajeros y dos tripulantes, chocó en la zona rural del municipio de Playa de Belén, a unos 27 kilómetros de Ocaña. No hubo sobrevivientes. Quintero viajaba con su asistente Natalia Acosta y con Carlos Salcedo, quien aspiraba a sucederlo en la circunscripción de paz. El líder del Catatumbo buscaba seguir en la Cámara de Representantes, pero esta vez por una de las cinco curules ordinarias de su departamento y el aval del Partido de la U. Su equipo de trabajo le ha dedicado unas palabras en redes sociales. “Diógenes era el hombre más sencillo, el amigo más leal y el mejor político que hemos conocido; era nuestro líder. Se fue luchando por los campesinos, con el sueño de ver al Catatumbo en paz”.
Su trabajo con el campesinado no comenzó en el Congreso. Desde su etapa como personero estudiantil en la Universidad Libre de Cúcuta, un tradicional recinto de ideas progresistas, empezó a involucrarse en visibilizar los problemas de los campesinos. Aunque trabajó como abogado de la Defensoría del Pueblo en la ciudad fronteriza con Venezuela, optó por regresar a Hacarí y, con apenas 23 años, postularse a la personería municipal. Los concejales lo eligieron a un cargo que ocupó por seis años, hasta cuando quiso dar el salto a la Alcaldía. Fue entonces cuando ganó visibilidad política y comenzaron las amenazas. En 2018, en plenas elecciones presidenciales y justo después de la firma del Acuerdo de Paz fue víctima de los grupos armados que se oponían a su trabajo. El exterior de su casa, en Hacarí, fue baleado. Aunque no hubo heridos, el incidente lo llevó a abandonar su aspiración y a salir desplazado.
Se trasladó a Ocaña, una ciudad intermedia a las puertas del montañoso Catatumbo. Allí, en 2019, fue nombrado defensor regional del Pueblo por el defensor nacional Carlos Negret, encargado de velar por los derechos humanos en una zona atravesada por los cultivos ilícitos, las disputas por la tierra y décadas de conflicto. Un año después comenzó a circular el rumor de que saldría de su cargo, y 14 organizaciones campesinas de la región enviaron una carta al defensor nacional, Carlos Camargo, para pedir mantenerlo. Así fue, y en 2021 pasó a ser asesor del abogado conservador.
Quintero se movía con holgura por el Catatumbo. Conocía los caminos, los nombres de las veredas y casi todos los líderes lo reconocían. Sabía de las alertas institucionales por los nuevos picos de violencia y lograba confirmar, casi en tiempo real, los hechos que se registraban en la región antes de que llegaran a los informes oficiales. Esa experiencia le dio la confianza para dar el salto al Congreso de la República, por las circunscripciones especiales de paz. Se presentó con el aval de la Asociación de Familias Desplazadas de Hacarí, que obtuvo 7.056 votos, más de 5.700 por él.
Sin embargo, su camino al Congreso no fue simple. Las dos semanas antes de los comicios, los grupos ilegales le prohibieron la entrada a algunas veredas. En una entrevista que dio al diario El Espectador en 2023, aseguró que los ilegales inciden en todas las elecciones en la región “Donde hay fusiles, hay influencia de los actores armados”, dijo entonces. También enfrentó una demanda que buscaba acabar con su aspiración, que interpuso la Asociación de Campesinos del Catatumbo (Ascamcat). En ella, ese movimiento le señaló de estar inhabilitado porque el entonces alcalde de Hacarí, Deivy Bayona, estaría impulsando su candidatura. El Consejo de Estado lo ratificó en el cargo.
La violencia de una región, su región, que ha visto el reciclaje del conflicto, y que tiene histórica presencia guerrillera, marcó su agenda legislativa. Fue coordinador ponente de la ley que reconoció al campesinado como sujeto de derechos y de protección especial del Estado. También fue ponente y conciliador de la ley de paz total, que le dio piso jurídico al Gobierno Petro, del que fue permanente aliado, para iniciar negociaciones de paz simultáneas con varios grupos armados. En el Plan Nacional de Desarrollo, impulsó varias proposiciones que beneficiaban a las víctimas del conflicto y, a fines de 2025, lideró la iniciativa que prorroga por 10 años la vigencia de las zonas PDET [Programa de Desarrollo con Enfoque Territorial], un mecanismo creado en el Acuerdo de Paz para impulsar el desarrollo social y económico de los 170 municipios más afectados por el conflicto armado.
Con la agudización del conflicto en el Catatumbo desde enero de 2025, que ha dejado más de 90.000 personas desplazadas por la guerra entre la guerrilla del ELN y las disidencias de las extintas FARC conocidas como el Frente 33, Quintero se convirtió en una voz que buscaba evitar tanto el olvido del conflicto como la estigmatización de la zona. El 30 de diciembre pasado, mientras todo el mundo se preparaba para recibir el nuevo año, en la región volvieron a escucharse drones explosivos y enfrentamientos a metros de las viviendas. Donde ni las alertas institucionales ni las acciones del Estado han frenado la violencia, Quintero levantó su voz para denunciar. “A los grupos armados les pedimos: dejen en paz a los civiles. Al Gobierno Nacional: cumpla con el Catatumbo, proteja a la población civil. La paz se construye con resultados, no con discursos”, dijo entonces.
